La gran industria tendrá una electricidad más barata a cambio de no abandonar España

Instalaciones de la aluminera Alcoa en Avilés, una de las plantas con mayor consumo eléctrico. / R. G.
Instalaciones de la aluminera Alcoa en Avilés, una de las plantas con mayor consumo eléctrico. / R. G.

Tras la amenaza de Alcoa el Gobierno les reconoce un régimen específico, aunque deberán mantener su actividad al menos tres años

LAURA CASTRO GIJÓN.

Las grandes consumidoras tendrán en un plazo máximo de seis meses su propio régimen de facturación eléctrica. El precio de la energía, que en casos como el de Alcoa puede suponer hasta un 50% de sus costes de producción y que en la actualidad se sitúa en los 0,11 euros/kwh, será entonces «predecible». Esta ventaja tendrá una especial implicación para Asturias, la región con mayor concentración de electrointensivas con ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y Alcoa, principalmente. No obstante, este beneficio irá de la mano de una serie de obligaciones para las empresas: deberán mantener su actividad al menos tres años y conservar la mayor parte de su plantilla.

Así figura en el borrador del decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros, a petición de los departamentos de Industria y para la Transición Ecológica. El paquete de medidas llega tras la sacudida que ha sufrido el tejido industrial español en el último año cuando varias empresas, como Alcoa, Vestas y Cemex, han anunciado el cierre de varias plantas. El Ejecutivo quiere atajar de raíz las deslocalizaciones y evitar el cierre de nuevas industrias y para ello el principal escollo a sortear es el elevado coste energético.

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El Gobierno reconoce la necesidad de reducir la «volatilidad inherente a los mercados energéticos globales y dotar de seguridad a las inversiones industriales» de las grandes consumidoras. Este es el objetivo que perseguirá el estatuto de consumidores electrointensivos, que se concretará y aprobará en un plazo máximo de seis meses y reconocerá las «particularidades» de este tipo de industrias. Se desarrollarán, dice el decreto, mecanismos a los que estos grandes consumidores se podrán acoger para «mitigar» los efectos de los costes energéticos sobre su competitividad.

Entre ellos, las ya existentes ayudas de compensación por los costes indirectos de CO2. Las de este año, por valor de 150 millones, se pagarán antes de que acabe el año, tal y como confirmó el Ejecutivo ayer. No obstante, las empresas que accedan a estas ayudas deberán adoptar, obligatoriamente, dos compromisos principales: mantener la actividad productiva durante al menos tres años y el 85% de su plantilla.

Las electrointensivas podrán reducir también sus costes energéticos y mejorar su competitividad respecto al resto de Europa -donde el precio de la energía de las grandes consumidoras es un 30% más barato- a través de unas redes de distribución eléctrica cerradas para el suministro de las actividades integradas en un ámbito geográfico reducido. Esta medida estará disponible para todo el conjunto de la industria, no solo para las electrointensivas.

Por otra parte, el decreto recoge también una ampliación de la vida útil -definida en 25 años- de las instalaciones de cogeneración, que en el caso de Asturias ascienden a 22. La mitad de ellas estarían abocadas a cerrar en los próximos cuatro años, pero el Ejecutivo establece ahora que aquellas que hayan superado su vida útil después del 1 de enero de 2018 podrán percibiruna retribución por la energía que produzcan hasta un período máximo de dos años.

«Los próximos días son clave»

Confía en alcanzar una buena solución para Alcoa, como se hizo con Vestas, y para ello «los próximos días van a ser clave». Así se refirió ayer la ministra de Industria, Reyes Maroto, al conflicto desatado por el anuncio de cierre de la multinacional para sus plantas de Avilés y La Coruña. Valoró el hecho de que Alcoa ya se haya sentado a negociar, pues «es importante, porque no querían dar su brazo a torcer y se ha conseguido que al menos eso se produzca».

Maroto reconoció, no obstante, que la solución «no es fácil», aunque «se dan las condiciones para que salga bien». No quiso concretarlas por «prudencia», pero instó a Alcoa a «poner en el horizonte» las medidas del decreto aprobado ayer, pues «podrían evitar el cierre» de las plantas.

 

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