El grupo Alcoa recibió mil millones del Estado en diez años para abaratar sus costes

El grupo Alcoa recibió mil millones del Estado en diez años para abaratar sus costes
Instalaciones de Alcoa en Avilés. / Marieta

El Ejecutivo central revela que logró el 30% de los fondos destinados a la subasta eléctrica

N. A. E. GIJÓN.

La factura eléctrica supone un 40% de los costes fijos de las plantas de Alcoa. Por ello, lograr que se reduzca el precio energético ha sido la gran reivindicación de la compañía en los últimos años. Sin embargo, la multinacional no ha hecho frente en solitario al pago de la luz. Durante la última década ha recibido del Estado alrededor de mil millones de euros en diferentes conceptos para reducir ese coste.

En los últimos tiempos, desde 2014, fue a través de la subasta de interrumpibilidad, un mecanismo por el que se retribuye a la gran industria por desconectarse del sistema si este lo requiere ante picos de demanda y para abaratar los precios. Un sistema que compensa el servicio que da la gran industria, pero que también está diseñado para ayudarle para sufragar esa elevada factura que tiene que pagar. Alcoa recibió alrededor del 30% de los fondos que se destinaron a esta herramienta.

Se trata de un mecanismo controvertido, criticado por la Comisión Nacional de la Competencia por su poco uso y alto coste, y por las empresas, que censuran la inestabilidad que supone que su competitividad dependa de una puja. Por ello está en plena revisión. De hecho, el Gobierno anterior redujo la subasta de un año a seis meses para presentar un nuevo mecanismo, pero con el cambio de Ejecutivo este ha quedado en el aire. El Ministerio de Transición Ecológica prepara ahora una nueva subasta para otros seis meses y advierte de que, quizás, la tenga que revisar o replantear si Alcoa no concurre (aún podría hacerlo con su factoría lucense de San Ciprián), para abrir la puja a otras empresas.

Además, hasta 2008 el grupo americano se había beneficiado de un acuerdo que firmó al hacerse con la privatizada Inespal y que suponía que el Estado pagaría el coste extra energético a partir de unas variables establecidas.

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