La industria pide una nueva subasta eléctrica para garantizar el suministro

El 30 de junio finalizó el periodo de vigencia del servicio de interrumpibilidad. La última subasta, celebrada en diciembre, comprendía el primer semestre del año, que llegó a su término sin que haya noticias sobre una nueva puja. Una incertidumbre que supone un mazazo más a la gran industria asturiana, sobre todo para Arcelor y Asturiana de Zinc, que se benefician de esta retribución a cambio de desconectarse del sistema cuando Red Eléctrica lo requiera para asegurar un correcto abastecimiento. Un servicio que las patronales de la industria consideran vital, sobre todo en estos momentos, con la mitad de las térmicas españolas fuera de juego tras su desconexión al final de junio. Entre ellas, las asturianas de Lada y Soto de la Barca.

En la última puja, solo se subastaron 1.000 MW, con una competencia feroz y apenas 4,4 millones de euros de retribución para el primer semestre, cuando en 2014 fueron 550 para todo el año, una cifra a la baja que, en 2019, ya se quedó en apenas 196. Las empresas se temen lo peor antes esta ausencia de información sobre una nueva subasta. Desde la semana pasada, no se presta el servicio y, para recuperarlo, habría que convocar la puja mediante un real decreto. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica no ha movido ficha en este aspecto. Mientras que España argumenta impedimentos de las autoridades de Competencia de la Unión Europea (UE) para mantener esta herramienta por considerarla una ayuda de Estado, países como Alemania, Francia e Italia continúan con los servicios sin que Bruselas haya puesto problemas.

«El servicio de interrumpibilidad es esencial porque necesitamos tener una herramienta muy rápida por si fallan las previsiones de generación con renovables», apuntó ayer a este periódico el director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), Fernando Soto. Con más motivo ahora que las térmicas salen del mix y no funcionan como respaldo de las fuentes limpias. «No hay ninguna tecnología de generación tan rápida que ofrezca la flexibilidad que permite la interrumpibilidad», añadió.

Aege reclama alGobierno que convoque una nueva subasta con unos 2.000 MW de potencia, «la mitad de la que acaba subastar Italia para reactivar la industria tras la Covid», señaló Soto, quien recordó la urgencia de mantener este recurso ante el enorme retraso que acumula el estatuto para el consumidor electrointensivo. Un instrumento que, según el último borrador conocido, ofrece «una retribución insignificante» para estas compañías, con una rebaja de 54 céntimos por MWh, cuando la diferencia en el precio de la luz con otros países europeos asciende a 20 euros.

Por ello, la patronal electrointensiva pide al Ejecutivo que atienda sus alegaciones y favorezca más a los consumidores hiperelectrointensivos, como son Arcelor o AZSA. Otras de las peticiones de Aege es el incremento de las compensaciones por costes de CO2 hasta los 275 millones que permite la UE.