El Gobierno cree que hay «una oportunidad» para salvar las plantas de Alcoa en España

El Gobierno cree que hay «una oportunidad» para salvar las plantas de Alcoa en España
Los eurodiputados, junto a representantes sindicales, son recibidos por miembros del comité de empresa. / MARIETA

El Principado considera «irregular» el procedimiento de despido colectivo emprendido por la multinacional

NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN.

El Gobierno central no tira la toalla con Alcoa. A pesar de que el presidente de la compañía en España aseguró el pasado martes en dependencias del Ministerio de Industria que su decisión de cerrar las plantas de Avilés y La Coruña era «irrevocable», la titular de esa cartera, Reyes Maroto, se mostró ayer «optimista» sobre la posibilidad de encontrar una salida a esta crisis. Así lo aseguró durante su viaje institucional a China, un desplazamiento que le impidió, precisamente, asistir al encuentro con los directivos del grupo en el que se negaron a revertir la situación.

En una reunión en Pekín con corresponsales españoles, Maroto aseguró que hay «una oportunidad para salvar las dos plantas y en eso estamos trabajando» y recalcó que su Ejecutivo no parará hasta que efectivamente vea «que no se puede hacer nada». Según las declaraciones que recoge Efe, la ministra está en contacto con el consejero delegado de la compañía, Roy Harvey, al que le pidió que hable con sus responsables en España para intentar lograr una solución. Se da la circunstancia de que el máximo responsable de Alcoa es un viejo conocido de la plantilla avilesina, ya que trabajó dos años en su factoría (2008-2009) como uno de los responsables de Alcoa Europa.

«Somos optimistas, tenemos otras crisis industriales en las que estamos trabajando y esperamos dar buenas noticias dentro de poco. No vamos a parar de trabajar hasta que efectivamente veamos que no se puede hacer nada», insistió Maroto, que no obstante reconoció que la reunión del pasado martes con la empresa, los sindicatos y los representantes del Principado y Galicia -acudió el director general de Industria asturiano, Manuel Monterrey- «salió mal», ya que Alcoa no aceptó la reversión del expediente de regulación de empleo.

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La ministra, además, anunció que están agilizando la orden para que las electrointensivas puedan cobrar las ayudas por los costes indirectos del C02, 150 millones de los que la industria asturiana espera captar alrededor de cien y que permitirán a las compañías compensar los sobrecostes del precio de la electricidad debidos a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que tienen que satisfacer las empresas generadoras y que acaban trasladando a sus clientes. La agilización de estas ayudas era una de las reivindicaciones realizadas por los gobiernos de Asturias y Galicia en los últimos días como una forma de facilitar el ahorro de costes a la gran industria, ya que el alto precio de la electricidad fue una de las justificaciones que esgrimió la multinacional americana para el cierre y la que sindicatos y gobiernos consideran su principal argumento, aunque también se apoyó en la obsolescencia de las factorías, el alto coste de las materias primas y la sobrecapacidad de China.

Asimismo, aunque no pertenece directamente a su cartera, Maroto hizo referencia a la subasta de interrumpibilidad -depende del Ministerio para la Transición Ecológica-, de la que recordó que Alcoa era la principal beneficiaria. Mediante este mecanismo, que retribuye a las empresas por estar listas para desconectarse de la red si es necesario y que les permite abaratar su factura de la luz, la multinacional americana recibió 500 millones de euros en los últimos cuatro años. Maroto señaló que el Ejecutivo estaba a punto de hacer pública una nueva puja antes del anuncio hecho por la compañía. Ahora este anuncio podría retrasarse, como avisó la semana pasada la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Maroto señaló también que su departamento quiere abrir el debate para regular el precio de la electricidad a través de una nueva ley. «Esperemos que los partidos estén a la altura para que podamos sacar la ley lo antes posible porque nuestras empresas, pero también los consumidores, lo están pidiendo», subrayó.

Por su parte, el consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola, coincidió con el comité europeo de la multinacional en que la forma en la que Alcoa ha planteado el procedimiento para llevar a cabo el despido colectivo «es irregular». De hecho, los trabajadores han dado de plazo a la multinacional hasta el lunes para que rectifique o, en caso contrario, amenazan con llevarla a los tribunales por vulneración de los derechos de información y consulta. Además, el consejero recordó que su Ejecutivo está en contacto permanente con todos los agentes implicados para intentar revertir esta situación. Así, el próximo martes, el presidente del Principado se reunirá con el de la Xunta y las ministras de Industria y Transición Ecológica con el objetivo de avanzar en la búsqueda de una solución.

Por otro lado, Pola llamó a la calma sobre la situación de la industria en la región y consideró «alarmista» poner en duda su futuro en el contexto actual.

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