El Gobierno dará prioridad a las ofertas de inversores nacionales en la venta de Alcoa

«Buscamos un inversor que venga para quedarse y primaremos, si es posible, que sea nacional». Con estas palabras aludió ayer la ministra Reyes Maroto, durante la comisión de Industria en el Congreso, a la situación actual en la que se encuentra el proceso de venta de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña. Aunque por el momento no se ha concretado ningún nombre, los primeros que salen en la quiniela son el grupo español Alibérico y el productor Aludium, propiedad del fondo estadounidense Atlas Capital, pues ambos habrían intentado ya en 2016 adquirir las plantas. Esta falta de precisión informativa llevó al diputado asturiano de Ciudadanos, Ignacio Prendes, a mostrarse crítico con los anuncios de la ministra. Maroto, sin embargo, reclamó «tranquilidad y discreción» para este proceso que, dijo, ya ha tenido en ocasiones «demasiada visibilidad».

Asimismo, la ministra volvió a insistir ayer, al igual que el pasado martes, en que se están recibiendo ofertas de empresarios españoles y de fondos de inversión y remarcó que se analizarán de manera conjunta con el Principado, la Xunta, los agentes sociales y los propios trabajadores. «Las valoraremos siempre que haya un plan viable que garantice la actividad a medio y a largo plazo y el mayor número de empleos posibles», subrayó la ministra, quien reclamó «confianza» en la gestión de la crisis que está llevando a cabo el Gobierno.

Asimismo, aseguró que la creación de las oficinas de Avilés y La Coruña para la búsqueda de inversores no significa que el Gobierno «se ponga de perfil» en el conflicto de Alcoa y se comprometió a «tutelarlo» hasta junio, cuando Alcoa procederá a ejecutar el ERE que afectará a alrededor de dos tercios de la plantilla de 686 trabajadores que aglutinan las dos factorías. De hecho, señaló, fueron las propias comunidades «especialmente la de Asturias» las que reclamaron tener más peso en esta cuestión.

El objetivo ahora pasa por encontrar una salida que dé viabilidad a largo plazo a la actividad industrial en las plantas y que lo haga, preferiblemente, de manera integral. Esto es conservando tanto la parte de fundición como la de producción de aluminio primario -las cubas de electrólisis-. No obstante, tal y como indicó ayer el consejero de Industria del Principado, Isaac Pola, «no se descarta ninguna opción» y tampoco hay una «idea preconcebida» acerca del perfil de los inversores. Asimismo, incidió en que se trata de buscar una solución «global», aunque eso no implique necesariamente que un mismo inversor se haga cargo de las dos plantas. Es más, la asturiana parece tener más avanzadas sus posibilidades a juzgar por las palabras de ayer de Pola, quien aseguró que confía en concretar la propuesta de compra para la planta avilesina «en estas próximas semanas». Asimismo, el consejero se comprometió ya el pasado martes a tener un «cuaderno de ventas y un plan industrial» para la factoría de San Balandrán de cara a la próxima reunión de la comisión de seguimiento -en la que están representados el Ministerio de Industria, las federaciones de Industria de UGT y CC OO y las administraciones regionales- que se celebrará el 12 de marzo.

El Gobierno central, por su parte, asumió la garantía de llevar a dicho encuentro algunos avances sobre el estatuto para las electrointensivas, una pieza fundamental para poder materializar la venta de las factorías de Alcoa. En él se incluyen ayudas para las grandes consumidoras. Algunas de ellas nuevas y aún pendientes de concretarse y otras ya conocidas como las compensaciones por costes indirectos de CO2.

Precisamente por estas ayudas le preguntó a Maroto el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca. «Emplazamos a la ministra a que resuelva el misterioso dilema de las ayudas presupuestadas en 150 millones y que pasaron a menos de 32», criticó. Otros grupos parlamentarios le afearon también a la ministra que concediera estas compensaciones por CO2 a Alcoa, cuando ya se conocía su intención de cerrar en Avilés y La Coruña.

«Lo hice por responsabilidad, para garantizar la búsqueda de un inversor y que no hubiera impedimentos» a la hora de encontrar una empresa que se hiciera cargo de las plantas, explicó Maroto.