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NOELIA A. ERAUSQUIN
GIJÓN.
Viernes, 7 de septiembre 2018, 00:53
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La alarma en el sector del acero por el precio de los derechos de emisión del CO2 no es nueva. La patronal europea Eurofer, la española Unesid y el presidente de ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, llevan advirtiendo desde hace años del impacto que tendría en sus cuentas un coste desbocado, pero es precisamente ahora cuando lo empiezan a notar en su balance. Lo que era una amenaza se ha convertido en una realidad y las compañías no dudan en reconocer el terrible impacto que tiene en su competitividad que el precio de la tonelada de CO2 se haya multiplicado por tres en el último año. Fuentes de ArcelorMittal en Asturias reconocen que existe «mucha preocupación» en las plantas de la región por las consecuencias que tiene en sus cuentas. Sobre todo, porque, advierten de que los precios aún subirán más.
El mercado de CO2 se creó en la Unión Europea para incentivar el uso y la inversión en tecnologías de bajas emisiones y, a la vez, reducir el uso de aquellas energías más sucias. Pero, en el último año el coste de la tonelada emitida se ha disparado de tal forma que empieza a ser inasumible por muchas instalaciones.
Detrás de este incremento de precios se encuentra, en parte, una política comunitaria más restrictiva, que reduce la asignación de derechos y, con ello, eleva los precios. Pero también las maniobras de las empresas que los compran y a las que acusan de especular con ellos, ya que los adquieren ahora con la esperanza de venderlos en el futuro a un precio aún superior.
Sea como fuere, empresas como Arcelor y las eléctricas ven repercutir en sus costes ese precio superior de los derechos de emisión.
Esto tiene varias consecuencias. Por un lado, centrales como las térmicas tienen más dificultad de entrar en el sistema eléctrico al ver encarecerse sus precios, pero como son necesarias en muchos momentos ante la caída de renovables repercuten ese incremento del coste en las facturas de consumidores y empresas. Por otro lado, las compañías sufren un doble inconveniente, ya que a ese encarecimiento del precio de la luz se les une otro en sus costes si son ellas mismas las que tienen que acudir al mercado de emisiones.
Este es el caso de Arcelor, que denuncia el agravio comparativo que sufre con respecto a competidores asentados en otras zonas del planeta, como Rusia, China o India, países exentos del pago de esos derechos de emisión, pero de los que luego la industria transformadora europea importa su acero.
Ante esta situación, Lakshmi Mittal lleva años reclamando una tasa para estos productos que, al menos, iguale los requerimientos económicos que tienen unos y otros con respecto al medioambiente. Sin ella, advierte «se pone en peligro la viabilidad a largo plazo de gran parte de la industria siderúrgica europea».
En este sentido también se manifiestan el director del grupo en España, Jesús Izcue, y el jefe de Planos en el Suroeste de Europa, el asturiano José Manuel Arias, que en el último informe de sostenibilidad de ArcelorMittal recuerdan también los avances en materia medioambiental que ha realizado el grupo.
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