El Principado enmienda el plan de energía del Gobierno para proteger la industria asturiana

El Principado enmienda el plan de energía del Gobierno para proteger la industria asturiana
El presidente del Principado, Javier Fernández, conversa con el consejero Guillermo Martínez, ayer, en la Junta. / PABLO LOENZANA

Presenta 37 bloques de alegaciones, en los que pide que se mire por su competitividad y no se ponga una fecha límite al carbón

NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN.

El Principado ya había avisado de que no le convencían puntos fundamentales del Marco Estratégico de Energía y Clima puesto sobre la mesa por el Gobierno de Pedro Sánchez y que intentaría que se modificaran algunas cuestiones. Ayer dio los pasos para ello y presentó sus alegaciones a este programa, una «extensa» lista de peticiones, según reconoció el consejero de Empleo, Industria y Turismo de la región, Isaac Pola, que se dividen en 37 bloques temáticos y que van desde la reclamación de un papel más relevante para las autonomías a que se tenga en cuenta la competitividad industrial en el proceso de descarbonización, pasando por el futuro de Hunosa y de las centrales térmicas.

El proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con tres documentos, que juntos suman más de 600 páginas: la Estrategia de Transición Justa, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Para ellos, reclama el Principado una visión transversal en la que se tenga en cuenta la industria. De hecho, en los bloques en los que divide sus alegaciones, tiene una especial importancia este punto. El Gobierno regional defiende un equilibrio entre los aspectos técnicos, la garantía y calidad de suministro y la sostenibilidad ambiental, pero también la económica, algo que considera que con este proyecto no se daría.

«Asturias tiene una especial preocupación por la competitividad económica, sobre todo, por el sector industrial», reconoce Pola, con la vista puesta en las electrointensivas. «Las alegaciones tratan de incorporar transversalmente esta perspectiva económica y la consideración del precio de la energía eléctrica como elemento clave a la hora de elaborar las distintas planificaciones que se realicen», subrayó ayer en Gijón, antes de la jornada de presentación de los proyectos de la primera edición del programa Open Innovation 4.0.

El Principado cuestiona la programación que realiza el equipo de la ministra Teresa Ribera basándose en «estadísticas, datos y la reglamentación europea de los ambiciosos objetivos en materia de emisiones, renovables y eficiencia energética», aclaró el consejero. Entre los aspectos técnicos que se rebaten se encuentra «el desigual» reparto del esfuerzo entre los sectores difusos (transporte y edificación, principalmente) y los sometidos al mercado de derechos de emisión de CO2 (industria y generación eléctrica). Según el Principado, se carga la responsabilidad de la transición de forma «diferencial y no justificada» sobre los segundos.

Además, el Principado realiza alegaciones sobre el diseño de las redes de transporte, de distribución, la integración de renovables y la neutralidad tecnológica. Entre estos aspectos, destaca la oposición al cierre de las térmicas de carbón antes de 2030, como establece el PNIEC. «No lo compartimos en absoluto», insistió ayer Pola, que asegura que en la documentación que presenta el Gobierno regional se «argumenta de forma adecuada» que no es conveniente establecer limitaciones temporales más allá de las que fija la Unión Europea para aquellas centrales que ya han hecho sus inversiones medioambientales.

Participación regional

Asimismo, el Ejecutivo de Javier Fernández, que vaticinó en su día que este plan iba a ser «conflictivo», también censura aspectos procedimentales, como el escaso papel que se da a la participación de las comunidades autónomas en esta estrategia por el clima. «Nos hubiera gustado que fuera mucho más relevante y activa», defendió Pola. El artículo 23 del anteproyecto de ley señala, por ejemplo, que la Administración regional puede no formar parte de los denominados convenios de transición justa e incluso ser obviada a la hora de concretar su contenido y objetivos; además, no se requiere la coordinación con las estrategias autonómicas.

Otras alegaciones son de carácter diverso. Así, aunque Hunosa no se menciona directamente en el proyecto del Ejecutivo de Sánchez, sí se hace referencia a empresas que tienen como ámbito de actividad los combustibles fósiles e insta a la salida estatal de cualquier participación en este tipo de compañías. En este sentido, el Principado rechaza el planteamiento. «Queremos que se ajuste al plan de empresa, que Hunosa perviva en el tiempo», argumentó Pola, para que la hullera se convierta en un ejemplo de transición justa, como prometió Pedro Sánchez.

Asimismo, como también se avanzó sobre las alegaciones que se presentarán al borrador del estatuto de las electrointensivas, el Principado reclamará que las ayudas por el coste indirecto del CO2 alcancen el máximo posible que permite la UE.

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