Los representantes del comité de empresa de Alu Ibérica, ayer, con Teresa Mallada. P. LORENZANA

Los trabajadores de Alu Ibérica se sienten «engañados» por el Ejecutivo

Calculan que perderán 200 de los 300 empleos si no vuelven a producir aluminio primario, algo que ven inviable por el coste actual de la luz

N. A. E.

GIJÓN.

Miércoles, 4 de diciembre 2019, 03:31

«Nos sentimos engañados por el Gobierno». Así de claros se manifestaron ayer los representantes de la plantilla de la antigua fábrica de Alcoa de Avilés, rebautizada como Alu Ibérica tras la compra por parte del grupo Parter Capital. Tras reunirse con la portavoz del grupo parlamentario popular en la Junta General del Principado, Teresa Mallada, el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz, cargó contra el Gobierno central y el Ejecutivo regional por haberse desentendido de la factoría y de sus trabajadores y no cumplir el compromiso de rebajar el coste de la electricidad para que pueda recuperar la producción de aluminio primario.

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Parter se comprometió a volver a poner en marcha las cubas de electrólisis si el precio del megavatio-hora bajaba de los 40 euros, cuando el coste suele rondar los 55 euros, pero no se ha aprobado ninguna medida para ello y el recorte en la subasta de interrumpibilidad hecho público ayer ofrece aún augurios peores. De hecho, Alcoa aseguró tras conocer la convocatoria que, en el contexto actual, «la producción de aluminio primario en España es inviable», por lo que parece complicado que Alu Ibérica decida arrancar sus series, de las que dependen 200 de los 300 empleos que mantiene la factoría, según cálculos de De la Uz.

La planta mantiene una actividad mínima que se limita a la fundición de chatarra y la producción de tochos y lingotes, pero no resulta suficiente para mantener al grueso de la plantilla.

El presidente del comité recalcó que las instalaciones están en condiciones de arrancar la producción de aluminio primario con una mínima inversión y que solo están a la espera de que haya unos costes eléctricos competitivos, una promesa que realizó el Gobierno durante las negociaciones con Parter, pero que no ha llegado a cumplir.

«Si hay despidos en un futuro será responsabilidad del PSOE por no haber hecho lo prometido», recalcó De la Uz, que culpó al Gobierno central por haberse desentendido de la factoría tras la venta a Parter, que en su opinión solo ha servido para ganar tiempo, y por no poner en marcha mecanismos de los que disponen otros países para que en España se pueda seguir produciendo aluminio primario.

Extendió, además, la responsabilidad sobre lo que suceda a la vicesecretaria general del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, a la que acusó de «mentir» a los trabajadores «un día antes de las elecciones, ya que se comprometió a que si ganaban a la semana siguiente vendría Raül Blanco (el secretario general de Industria) para desbloquear la mesa técnica». El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se había comprometido a constituir antes de octubre esta mesa para analizar la evolución de las factorías vendidas por Alcoa tras ser adquiridas por Parter, pero no ha habido ningún movimiento.

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También consideró «cómplice» de la situación por la que atraviesa la industria asturiana al jefe del Ejecutivo regional, Adrián Barbón, «por su inacción» y le pidió ejercer como «presidente de todos los asturianos y no como un maniquí del Gobierno».

En este sentido, el comité de empresa dio su apoyo a la propuesta del PP que, según Mallada, harán llegar también a las federaciones de industria de CC OO y UGT, para que desde Asturias se proponga un documento con medidas específicas para la industria electrointensiva y que este se remita al Gobierno.

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Mallada aseguró también que normalmente la factoría avilesina tenía una previsión de consumo de 1.000 gigavatios hora-año, mientras que para el próximo ejercicio contempla un consumo de tan solo 60, «lo que parece indicar que solo va a tener habilitada la fundición sin tener previsto arrancar la electrólisis».

Para el PP, la planta se enfrenta a una situación de «máxima incertidumbre» en la que los «culpables claros» son los gobiernos central y regional «por haber dejado de lado los compromisos adquiridos con la empresa» y no afrontar medidas como exenciones fiscales y ampliaciones de ayudas que permitan abaratar el coste de la energía y evitar la muerte de la gran industria.

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