El encarecimiento de los peajes del gas eleva la incertidumbre sobre la industria asturiana

Con los ecos de la última convocatoria de la subasta de interrumpibilidad aún resonando, la industria española, y especialmente la asturiana, se prepara para dar una nueva batalla. Once asociaciones que agrupan a sectores como el siderúrgico, el papelero, el textil o el químico levantaron ayer la voz para alertar de los efectos que tiene en su competitividad el mantenimiento de los peajes del gas -la cuantía que paga el consumidor por su transporte y distribución- establecidos por el Ministerio de Transición Ecológica. Esta tarifa implica un sobrecoste que las compañías cifran en alrededor del 45% en relación a la media europea. «En diez años los peajes que paga la industria han crecido más de un 60%», critican.

Las once organizaciones (GasIndustrial, Acogen, Anfevi, Anffecc, Aop, Ascer, Aspapel, Confevicex, Consejo Intertextil Español, Feique y Unesid) representan a compañías presentes en el Principado como Arcelor, Ence, Fertiberia, DuPont, Química del Nalón o Bayer, que advierten de la incertidumbre que genera la propuesta de orden para la prórroga de los peajes tal y como estaban y el retraso en la circular que debería aprobarse este mes, aunque es improbable que suceda, y que vuelve a consulta considerablemente modificada.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) tiene pendiente la aprobación de la metodología para fijar los nuevos peajes y, ante esta situación, el Ministerio de Transición Ecológica hizo públicas el miércoles dos propuestas de órdenes ministeriales que prorrogan esas tarifas de acceso para la electricidad y el gas hasta que el supervisor consiga sacar adelante su circular. El problema para la industria es que con este mantenimiento los consumidores continuarán pagando una sobrerretribución a las empresas distribuidoras de gas de alrededor de 586 millones de euros, según cuantificó la propia CNMC, ya que se trata de un pago por activos ya amortizados.

Así, lo que es una medida transitoria del Gobierno en aras de dar seguridad jurídica, supone un serio varapalo para la industria, que ve estos retrasos «con seria preocupación e incertidumbre, ya que de dichas medidas depende su competitividad».

Denuncian las empresas que, además, entre 2021 y 2026 sus compañías tendrán que seguir asumiendo sobrerretribuciones por el transporte del gas y los activos amortizados. Recuerdan también que la industria es la base del sistema gastista, ya que supone el 62% del consumo nacional, con una factura de 4.700 millones de euros, lo que supone uno de sus costes de producción más importantes. Los industriales españoles, denuncian, pagan por los peajes del gas el doble que los franceses, el triple que los británicos y hasta seis veces más que los alemanes. Todo esto hace que, en definitiva, soporten precios del gas entre un 20% y un 25% superiores a las de competidores europeos.

Para estas empresas, la sobrerretribución es aún más sangrante, porque según las alegaciones presentadas por la CNMC, que citan un informe del Ministerio para la Transición Ecológica, estas ineficiencias en los precios de venta «distorsionan la competencia» frente a otros combustibles más contaminantes, lo que «dificulta el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones y limita la competitividad de las empresas españolas». Y mientras esto sucede, tienen que hacer frente a dura normativa en materia medioambiental y de eficiencia energética.

Para la industria llueve sobre mojado, después de que lleve esperando por el estatuto para las electrointensivas más de seis meses-el Gobierno se comprometió a aprobarlo en abril- y que, el martes, informara de las condiciones de la subasta de interrumpibilidad para el primer semestre de 2020, con unas condiciones muy inferiores para las compañías que suelen concurrir a las pujas, ya que la potencia interrumpible se reduce un 60% hasta solo 1.000 MW repartidos, únicamente, en bloques de 5 MW, los menos rentables.

Precisamente, ayer, como había avanzado el martes el presidente regional, Adrián Barbón, el Consejo de Gobierno del Principado acordó dirigirse formalmente al Ejecutivo estatal para pedirle que se tomen «medidas inmediatas para favorecer la consolidación de la industria». Estas pasan por dos iniciativas: aumentar de forma «sustancial» los costes indirectos de emisiones de CO2 para que se retribuya el 100% de ese gasto y reclamar que, en cuanto se forme gobierno se apruebe el estatuto para las electrointensivas que dote de un marco estable al sector.