El Estado abre la puerta a entrar a través de la SEPI en grandes empresas asturianas en crisis

La crisis del coronavirus también derivará en rescate público de empresas. El Estado auxiliará a compañías afectadas por este entorno económico tan desfavorable como imprevisto: lo hará adentrándose directa o indirectamente en su capital.

Esa fue una de las medidas que ayer salieron de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, donde se puso en marcha un plan millonario para lograr la «reactivación» de la economía y evitar su hundimiento tras el confinamiento, según señalaba el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una solemne presentación del programa.

La herramienta de rescate público será el nuevo Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, un instrumento que estará dotado con 10.000 millones de euros y cuyo objetivo es aportar apoyo «temporal» -primer matiz- para reforzar la solvencia de empresas afectadas por la pandemia. Además, a diferencia de la anterior crisis, no supondrá un respaldo al sector bancario, cuyas entidades quedan excluidas de la medida. La nacionalización llegaría si el porcentaje de participación del Estado es determinante en la toma de decisiones de la empresa, como ocurre en Bankia desde 2013.

En principio, el fondo está destinado a compañías estratégicas, entre las que el senador asturiano Francisco Blanco, portavoz de Industria del PSOE en la Cámara Alta, ve varias candidatas del Principado. Así, confía en que sirva de apoyo a empresas como Duro Felguera o Alu Ibérica, aunque sus problemas sean previos a la pandemia. De hecho, él mismo llevó a las Cortes la petición al Ejecutivo central de un fondo de este tipo para evitar que las compañías que atraviesan problemas no dependan de «fondos oportunistas». De ahí que ayer considerara muy positivo el plan. «A veces con poco dinero se puede hacer mucho», subrayó, para valorar que este proyecto lo vaya a capitanear la SEPI (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

De hecho, el Estado se adentrará en el accionariado de estos grupos estratégicos a través de esta entidad pública. Lo hará a través de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. Es decir, no se trata de subvenciones, sino de participaciones societarias a través de diferentes fórmulas.

El presidente del Gobierno defendía que la finalidad del fondo es garantizar la continuidad y solvencia de empresas que atraviesan severas dificultades por la Covid-19, pero son «perfectamente viables y solventes y constituyen el corazón del tejido productivo». Y apuntaba varios sectores en los que el Estado podría participar: la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.

La medida iba a implicar también una importante condicionalidad, la prohibición de repartir dividendos si eran auxiliadas por el Estado. Así lo contenía la iniciativa del PSOE en la Comisión para la Reconstrucción del Congreso. Pero ayer a última hora, el grupo socialista, tras pactar con Ciudadanos, eliminaba de las conclusiones esa exigencia que dos días antes había apoyado.

En cualquier caso, el importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que realice el Estado se ingresarán en el Tesoro.

Además, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa la creación de una nueva Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 40.000 millones de euros. Va dirigida a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. Esta nueva línea del ICO llega después de la de los 100.000 millones avalados para dotar de liquidez a las empresas, de los que estas ya han recibido 85.150.

Además, ha aprobado los 'Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos' para impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en áreas rurales y de interior. También ha dado luz verde a una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a la actividad turística, a través del otorgamiento de un periodo de aplazamiento de hasta 12 meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito.