El estatuto de las electrointensivas y el empleo, principales retos del Gobierno en Asturias

Trabajadores de Alcoa, durante la manifestación del Primero de Mayo celebrada en Mieres. / DAMIÁN ARIENZA
Trabajadores de Alcoa, durante la manifestación del Primero de Mayo celebrada en Mieres. / DAMIÁN ARIENZA

El futuro de Hunosa, la reforma laboral y del sistema de pensiones y la financiación autonómica son otros asuntos cruciales para la región

P. LAMADRID GIJÓN.

Los últimos indicadores constatan que Asturias es la comunidad con un menor crecimiento económico. En concreto, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 0,5% en el primer trimestre, una subida que la sitúa a dos décimas de la media del país. En ese mismo periodo, se registraron 2.500 ocupados menos que entre enero y marzo de 2018 y, de hecho, es la única región que ha destruido empleo en un año, según los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Un panorama desfavorable que se ve aún más oscurecido por las dificultades que afronta la gran industria, con la carrera a contrarreloj para encontrar un inversor que adquiera la planta avilesina de Alcoa y la caída de pedidos de Arcelor entre las mayores trabas. Además, contar con la factura eléctrica más cara de Europa complica enormemente la competitividad de estas empresas, con el consiguiente riesgo de deslocalización.

Por ello, el estatuto para el consumidor electrointensivo que el PSOE había prometido aprobar en la legislatura que acaba de terminar y no sacó adelante por temor a que este adoleciera de inseguridad jurídica es un asunto pendiente que reclaman patronal y sindicatos al nuevo Ejecutivo. Esta normativa, destinada a rebajar el coste de electricidad a estas empresas (supone hasta un 40% de sus costes de producción), es uno de los retos que tiene Pedro Sánchez en Asturias. Pero no el único. La medida acordada por el Gobierno dos días antes de las elecciones generales de elevar las ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 de 91 a 200 millones de euros fue recibida con satisfacción por los trabajadores de Alcoa, ya que supone un paso más hacia un marco energético más sólido.

Plazo límite para Alcoa

No hay que olvidar que tanto la plantilla de la aluminera como el conjunto de la industria electrointensiva y el Principado reclaman un precio de la electricidad estable, predecible y competitivo. Pero aún no hay un comprador para las factorías de Avilés y La Coruña y el plazo para la presentación de una propuesta de oferta vinculante finaliza el 31 de mayo. Según explicó la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, el pasado 25 de abril, hay tres inversores que reúnen, con más garantías, los requisitos para asegurar la supervivencia de Alcoa. En juego están 317 puestos de trabajo directos, aparte de los pertenecientes a empresas auxiliares. Al igual que los alrededor de 180 que suman las centrales térmicas de Soto de la Barca y Lada, cuyos propietarios -Naturgy e Iberdrola- han presentado ante el Gobierno central las solicitudes de cierre. No han realizado las inversiones necesarias para reducir los niveles de emisiones contaminantes que establece la UE para 2020, por lo que el futuro de esos puestos de trabajo se presenta complicado.

Precisamente, la creación de empleo es otra de las grandes prioridades en materia económica para Asturias. Según los datos recogidos en la última EPA, el desempleo se disparó en el primer trimestre en un 18,3% en la región, lo que incrementa la cifra de parados en 10.500 personas hasta alcanzar las 68.200. Así, la tasa de paro pasa del 12,86% con la que cerró 2018 al 15% y se sitúa por encima de la media nacional por primera vez en una década.

Por otro lado, está pendiente la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel, paralizada por un defecto en la tramitación que obligó a iniciar el proceso. Ahora requiere de una nueva declaración de impacto ambiental, gestión que corresponde al Ministerio de Transición Energética, para consolidar la autorización administrativa. La regasificadora instalada por Enagás -terminó de construirse en octubre de 2012- podría jugar un papel importante en la descarbonización, ya que el gas puede servir de energía de respaldo de las renovables.

Al igual que podría hacerlo el carbón, aunque su presencia en el mix energético tenderá a ser aún menor, si se cumplen las previsiones del Gobierno central. En Asturias, las actividades extractivas relacionadas con el fósil se limitan a Hunosa, propietaria del único yacimiento -el pozo Nicolasa- activo. Aunque la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y los sindicatos llegaron a un acuerdo respecto al plan de empresa tras meses de negociación, esta hoja de ruta deja muchos frentes abiertos cuando se cierre 2021. Será entonces, entre 2022 y 2027, cuando se desarrolle el hipotético proceso de consolidación de la hullera pública. No obstante, se desconoce qué pasará con el más de un millar de trabajadores, entre los de plantilla y los de contratas, y hacia dónde derivará el plan industrial.

Más información

Hunosa prejubilará a más de la mitad de la plantilla en los próximos cinco años. Precisamente, las pensiones suponen otro asunto urgente para el Gobierno, muy relevante para Asturias, donde alrededor de 300.000 personas las perciben. Más aún si se tiene en cuenta el envejecimiento de la población, muy acusado en la región. En su programa electoral, Pedro Sánchez se comprometía «a blindar en la Constitución el carácter público del sistema de pensiones y su revalorización anual en base al aumento del coste de la vida», pero solo si se aborda una reforma de la Carta Magna.

Queda pendiente ver si el Gobierno derogará la reforma del sistema realizada por el PP en 2013 y, por tanto, el factor de sostenibilidad; así como si vuelve a convocarse el Pacto de Toledo para llegar a un acuerdo en cuestión de ingresos, algo que no fue posible en la anterior legislatura.

Normativa laboral

Otra reforma, la laboral, también está sobre la mesa de Sánchez. Así se lo recordaron los sindicatos en las manifestaciones del Primero de Mayo, donde reclamaron la derogación de los cambios introducidos por el PP en 2013 para combatir la elevada temporalidad y la precariedad del empleo. Por otro lado, Sánchez desistió de reformar el modelo de financiación autonómica por falta de tiempo, pero ahora tiene la oportunidad de hacerlo. El Principado pide que se base en el principio de solidaridad territorial y no en el número de habitantes.