Fernández y Feijóo alertan del riesgo de más deslocalizaciones si no se reforma el sistema eléctrico

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, y el de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. / EFE

Asturias y Galicia sellan una alianza para defender la actividad y el empleo en las plantas de Alcoa

Noelia A. Erausquin
NOELIA A. ERAUSQUINGijón

Los presidentes de Asturias y Galicia volvieron a demostrar esta tarde en Oviedo su buena sintonía ante un nuevo problema que se les presenta: el anuncio de cierre de las factorías de Alcoa en Avilés y La Coruña. Para Javier Fernández y Alberto Núñez Feijóo no hay duda de que la decisión de la multinacional viene motivada por el alto coste de la electricidad en España, a pesar de que el grupo americano justificara esta medida en la falta de productividad de las plantas. «Sabemos que el precio de la energía es determinante», señaló rotundo el jefe del Ejecutivo gallego.

Ambos dirigentes recordaron que el problema de la factura energética es vital para las compañías electrointensivas y ha sido una constante en Alcoa. En este sentido, consideran urgente que las empresas cuenten con un nuevo marco regulatorio que les ofrezca precios competitivos y estables y alertaron también de que, en caso contrario, pueden llegar nuevas deslocalizaciones. Por ello, reclamaron al Gobierno central celeridad para ofrecer un mecanismo estable que esté en marcha para el año que viene y pidieron su implicación en defensa de los puestos de trabajo de las plantas de Avilés y Coruña y el mantenimiento de la actividad. «Si no hay un riesgo de deslocalizaciones más peligroso que el de ahora», alertó Fernández, sobre el actual coste eléctrico. También insistieron ambos en la necesidad de que la administración central abone la partida de 150 millones de euros aprobada en los presupuestos para compensar las emisiones indirectas de CO2, que puede aliviar los balances de las electrointensivas. «Sin la complicidad del Gobierno no será posible una solución para Alcoa», afirmó también Feijóo.

No obstante, también cargaron contra la empresa, de la que criticaron, como insistió Fernández, el fondo y la forma a la hora de abordar esta situación, dado que una cuestión de este calibre «hay que plantearla y negociarla». Algo que no fue así. De hecho, revelaron que se enteraron por los medios del anuncio de cierre.

Ambas comunidades sellaron, además, una alianza para trabajar juntas y poder revertir la decisión de la multinacional. Feijóo puso de ejemplo el éxito en el caso del 'tax lease', el mecanismo de financiación del naval cuyo cuestionamiento amenazó la supervivencia del sector. Sin embargo, el trabajo del Ejecutivo central de entonces y las comunidades frenó una decisión drástica de Bruselas que hubiera llevado a la quiebra a las empresas.

Durante su comparecencia en la sede de Presidencia del Principado, Feijóo marcó una hoja de ruta que el presidente asturiano suscribió y que pasa por ese trabajo conjunto de las administraciones, el contacto constante con los trabajadores de las plantas afectadas y la reclamación de ese nuevo marco al Gobierno central.

Fernández reconoció también que las administraciones eran conocedoras de la falta de inversiones de Alcoa, una ausencia de modernización únicamente achacable a la compañía, señaló.

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