La Fiscalía pide 64 años de cárcel para José Aristrain, accionista de Arcelor

La Fiscalía pidió ayer en sus conclusiones provisionales 64 años de prisión para José María Aristrain, quien fue máximo accionista de la extinta Aceralia y uno de los principales de Arcelor, por defraudar presuntamente a Hacienda 211 millones de euros entre 2005 y 2009. La Audiencia Provincial de Madrid señaló para el miércoles próximo el juicio del industrial del acero, a quien el fiscal imputa quince delitos de elusión tributaria y por los que le reclaman el pago de 210.980.706 euros en concepto de responsabilidad civil y una multa que ronda los 1.190 millones de euros. En su escrito, el fiscal señala que «en 1998 el industrial ordenó la constitución en Holanda de Corporación JMAC B.V. para acogerse artificiosamente y de forma abusiva al muy beneficioso tratamiento fiscal de dicho país para una sociedad patrimonial mediante la exención de tributos de los dividendos repartidos y las plusvalías obtenidas por las ventas de las mismas».

Añade que cuando la sociedad dejó de gozar de ese ventajoso tratamiento fiscal en Holanda, Aristrain decidió trasladar su sede social a Luxemburgo. Según la Fiscalía, la sociedad era participada al cien por cien por la sociedad española Corporación J.M. Aristrain, que a su vez era poseída al 69,17% por el acusado y al 30,83% por la Fundación Navarra Aristrain de la Cruz. Según el fiscal, este movimiento se trataba de una «falaz apariencia», puesto que el control y la dirección efectiva de la corporación estaba ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El informe de la Fiscalía concluye que de esta manera José María Aristrain consiguió que no tributaran en el erario público de España a través del impuesto de sociedades los dividendos de Arcelor, S.A., ArcelorMittal, S.A. y Arcelor Mittal Steel en el periodo comprendido entre 2005 y 2008 ni la plusvalía obtenida en 2008 por la venta de las acciones de ArcelorMittal. «En 2005 liquidó la sociedad Tenmat S.L., controlada por él mismo, si bien antes de hacerlo transmitió de forma artificial su titularidad de su corporación a otra llamada Corporación JMAC, B.V., deslocalizando con ello la plusvalía obtenida, que no tributó en España ni en Luxemburgo», concluye la Fiscalía.