El Principado se persona en la causa contra UGT por el presunto fraude en los cursos

El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, ayer, en la Junta. /
El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, ayer, en la Junta.

Blanco defiende ante las críticas del PP el «celo excesivo» por parte del Principado, que ya ha perdido varios contenciosos con la central

ANA MORIYÓN OVIEDO.

El Principado no se quedará como convidado de piedra en la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra UGT por un presunto fraude en materia de subvenciones públicas. El Consejo de Gobierno acordó esta misma semana personarse en las diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo «a fin de ejecutar cuantas acciones correspondan al Principado», según desveló ayer Francisco Blanco. Pero, además, abundó el consejero de Empleo, Industria y Turismo a preguntas del PP en la Junta, el interés del Ejecutivo de Javier Fernández por esclarecer si se ha cometido algún tipo de irregularidad en relación a los cursos de formación para desempleados se remonta en el tiempo a principios de 2015. Esto es, antes de que, el pasado 21 de diciembre de 2015, el ministerio fiscal hiciera pública su denuncia por una supuesta actuación fraudulenta llevada a cabo por el sindicato a través de su fundación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES).

La investigación en torno al presunto fraude en los cursos de formación de UGT fue destapada por EL COMERCIO en noviembre de 2014. Y ayer Blanco reconocía en sesión plenaria que, como consecuencia de «informaciones periodísticas», el departamento que por aquel entonces dirigía Graciano Torre ordenó revisar «más allá del procedimiento habitual» las ayudas concedidas a esta central en el ejercicio 2012. Luego, el 9 de abril de 2015, concretó, el Principado resolvió la apertura de un expediente de revocación parcial y reintegro de una parte de la subvención concedida por valor de 347.207 euros que, sumando intereses de demora, se elevaría a 403.504 euros. UGT puntualizó ayer que, el proceso contencioso-administrativo que se abrió a raíz de este expediente, aún no se ha cerrado. De hecho, el propio consejero reconoció durante su intervención en el pleno que el sindicato ya ganó al Principado algunos juicios previos en este sentido lo que, en su opinión, demuestra que «el Gobierno no sólo actúa con celo, sino que al menos en algunas circunstancias ha sido excesivamente celoso y estricto en la aplicación de los reglamentos».

«Cada céntimo»

Blanco replicaba de esta forma al diputado popular Agustín Cuervas-Mons, quien previamente había instado al Ejecutivo regional a comprobar «cada céntimo» y llevar a cabo un control exhaustivo de esas subvenciones. «Por desgracia tienen un mal currículum en esta materia, cada vez que aparece un caso de este tipo, y hay muchos, 'caso Renedo', 'caso Villa', 'caso Musel', desde el Gobiernos se han obstruido todos los mecanismos de investigación», reprochó Cuervas-Mons, quien incidió en que, al margen del proceso judicial, es imprescindible que se lleve a cabo un «control interno» dada la «gravedad de los hechos» y que se trata de una cuestión «muy sensible», al afectar a recursos reservados para la formación de los parados.

Blanco informó además de que se ha facilitado en los últimos meses la documentación relativa a estas subvenciones a la Fiscalía, y que el Principado ha decidido personarse en la causa pese a que, hasta la fecha, no se ha determinado el delito y «no sabemos todavía de qué tipo de perjuicio podríamos estar hablando».

La denuncia de la Fiscalía tiene como origen un informe policial en el que se relacionan unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública (en referencia al delito de fraude de subvenciones) y otro de falsedad documental. UGT, por su parte, confía en que la situación se aclare cuanto antes.