El Gobierno no aprobará hoy el estatuto para bajar la electricidad a la industria

Representantes de CC OO, UGT y USO, en la reunión mantenida ayer con la delegada del Gobierno, Delia Losa. / MARIO ROJAS
Representantes de CC OO, UGT y USO, en la reunión mantenida ayer con la delegada del Gobierno, Delia Losa. / MARIO ROJAS

Decide no dar de paso el documento en el último Consejo de Ministros por las reticencias de la CNMC, lo que complica la venta de la factoría de Alcoa

PALOMA LAMADRID OVIEDO.

Era la principal reivindicación de los trabajadores de Alcoa: un estatuto que permitiera rebajar la factura eléctrica de las industrias electrointensivas para evitar una pérdida de su competitividad. La única esperanza que albergaban los casi 700 empleados de las plantas de Avilés y La Coruña para encontrar un comprador que asegurase la continuidad de las plantas. Pero el escenario se complica enormemente porque, pese al compromiso del Ejecutivo central de aprobar el estatuto antes de las elecciones, ese trámite no se llevará a cabo hoy en el último Consejo de Ministros de la legislatura. La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, explicó que la «imposibilidad» de darle el visto bueno al proyecto de real decreto destinado a abaratar el coste energético a las empresas electrointensivas está en un informe publicado ayer por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El organismo regulador «presentó algunas consideraciones que es preciso abordar porque afectan a la seguridad jurídica del estatuto; en consecuencia, es imposible aprobarlo ahora porque podría correr el riesgo de ser calificado de ilegal o ser anulado» si no se atiende a esas objeciones, explicó Losa. No obstante, reconoció que este documento no es vinculante, es decir, que el proceso podría seguir adelante pese a los peros puestos por la CNMC. El dictamen advierte de que, respecto a los mecanismos de apoyo incluidos el borrador del estatuto, «no se tiene conocimiento de que sobre dichas medidas haya sido realizado el pertinente estudio de adecuación a la normativa de ayudas de Estado», por lo que sugiere que, «para evitar inseguridad jurídica», realice un análisis más profundo de cada una de ellas y las notifique a la Unión Europea. En dicho documento, además, la CNMC no considera adecuado limitar la condición de consumidor electrointensivo al nivel de tensión y a la estructura de la tarifa de acceso a la que dicho consumidor esté acogido, entre otras apreciaciones.

Losa subrayó que el aplazamiento del estatuto -cuya tramitación dependería ahora del nuevo Gobierno, al que instó a aprobarlo en el plazo inicial- no afecta a las negociaciones para encontrar un comprador para la planta avilesina de Alcoa, que continúan desarrollándose. Hay tres que reúnen, de manera más clara, los requisitos para garantizar la supervivencia de la aluminera, apuntó. Es más, Losa aseguró que los posibles inversores han manifestado al Gobierno que el estatuto no influye en su decisión. «No afecta a su interés ni es necesario para la venta», indicó.

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Movilizaciones

Un talante muy diferente mostraron los representantes sindicales, que ya apuntaron su intención de movilizarse en contra de esta decisión. El presidente del comité de empresa de la fábrica de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, lamentó que los trabajadores hayan «sido engañados porque no se ha cumplido lo dicho». A este varapalo se suma la negativa expresada ayer por Alcoa a ampliar el plazo para resolver el tema de las recolocaciones, ya que de las cien plazas previstas en San Ciprián (Lugo), apenas quedarán libres 37 para reubicar a la plantilla de las plantas de Avilés y La Coruña.

Tras la reunión de los sindicatos con Losa (a petición de estas organizaciones), el secretario general de CC OO en Asturias, José Manuel Zapico, habló de «decepción», ya que el estatuto era una herramienta fundamental para la salvación de Alcoa. «Cada día que pasa estamos peor y, desde luego, esto merecerá una respuesta por parte de los trabajadores, que no podemos consentir que se vulnere de esta manera la palabra dada», indicó.

Su homólogo en UGT, Javier Fernández Lanero, recalcó que se trataba «de un compromiso» del Gobierno, no de una ventaja más, que surgió por la crítica situación de Alcoa, que solo garantiza la actividad hasta el 30 de junio si no aparece un inversor. Hizo hincapié en que el informe de la CNMC no es vinculante, por lo que sería prioritario «dar solución al compromiso político y, si posteriormente hubiese alegaciones, se analizarían y buscarían las posibles soluciones en su momento».

Para Israel Castro, de USO, «el Gobierno nuevamente ha engañado a los trabajadores de Alcoa» y con el aplazamiento del estatuto «están abocados al despido». Más beligerantes fueron los responsables de las federaciones de Industria de CC OO y UGT, Damián Manzano y Jenaro Martínez, quienes calificaron la demora de «traición» y señalaron que los sindicatos harán notar su enfado durante lo que queda de campaña y la próxima. Hoy se reunirán con el presidente del Principado, Javier Fernández, en Oviedo.