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El Gobierno eliminará peajes y financiará renovables para abaratar la luz a la industria

Reconoce que suprimirá los pagos por capacidad y la subasta eléctrica y argumenta que no cumplen la normativa comunitaria

N. A. E.

GIJÓN.

Viernes, 20 de septiembre 2019, 03:51

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Mientras el proyecto del estatuto para las electrointensivas sigue en el cajón por la ausencia de un Gobierno en plenas funciones y la repetición electoral, el Ejecutivo de Pedro Sánchez baraja otras opciones para abaratar la factura eléctrica de la gran industria. Según se desprende de una respuesta al grupo de Ciudadanos en el Congreso, plantea incorporar tres nuevos mecanismos para reducir el precio de la energía a las factorías, eso sí, a costa de eliminar los dos principales que funcionaban hasta ahora: la subasta de interrumpibilidad y los pagos por capacidad. Insiste el Gobierno en que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea les ha trasladado en reuniones informales que «no serían compatibles con las directrices de la UE», ya que en ellas «no existe nada de compensación por mecanismos de capacidad», lo que plantearía problemas y llevaría a abrir un procedimiento formal.

Las medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé introducir consisten en la compensación de los costes de financiación de apoyo para la electricidad procedente de fuentes renovables y de energía producida por instalaciones de cogeneración eficiente, además de compensar los costes adicionales que se incluyen en la factura por el suministro a las Islas Baleares y Canarias -un 50% se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado y el otro 50% a través de cargos en la factura-, peajes que el Gobierno está dispuesto a suprimir.

En la respuesta que da el Ejecutivo a Ciudadanos, manifiesta que fue la propia Comisión Europea la que sugirió que podría aplicarse una compensación de apoyo a las renovables en los términos que establece la normativa europea. Además, en el nuevo esquema sí que se mantendría el mecanismo de fomento de la contratación a largo plazo de consumidores electrointensivos.

No obstante, parece complicado que estos mecanismos puedan ver la luz en el corto plazo. Por un lado, ante la nueva cita electoral y, por otro, porque los tres mecanismos requieren la notificación y aprobación previa de la Comisión Europea y los tiempos de la maquinaria comunitaria nunca son rápidos. Este hecho supone un problema para las grandes compañías electrointensivas asturianas, que llevan años reclamando una rebaja en el coste de la factura eléctrica que pagan y denunciando que es hasta un 40% superior a la de sus competidores en Alemania o Francia.

Los resultados de compañías como Arcelor o Asturiana de Zinc están completamente ligados al precio de la energía, así como los de otras empresas como Alu Ibérica, la antigua Alcoa, que condiciona el arranque de sus cubas de electrolisis para producir aluminio primario a una sustancial rebaja del coste de la electricidad.

Mientras, el estatuto de las electrointensivas que prometió el Gobierno de Pedro Sánchez para antes de las pasadas elecciones sigue sin ver la luz después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hiciera público un demoledor informe en el que dudaba de la legalidad de algunas de las medidas que incluía. Ante ese documento, el Ejecutivo central decidió no seguir adelante, para reformarlo y aprobarlo una vez pasadas las elecciones y constituido el nuevo Gobierno. La repetición electoral lo deja ahora en el aire, aunque la gran industria ya ha se había mostrado escéptica con que colmara sus expectativas.

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