El Gobierno excluyó propuestas de la industria electrointensiva por las elecciones generales

El Gobierno excluyó propuestas de la industria electrointensiva por las elecciones generales
Un operario transporta varias piezas en la explanada de la fábrica de Alcoa en Avilés. / MARIETA

Alcoa anuncia que presentará alegaciones al borrador, cuyo plazo concluye el lunes, y los sindicatos y Fade también ultiman las suyas

LAURA CASTRO GIJÓN.

La cercanía de las elecciones le impide al Gobierno satisfacer algunas de las demandas que plantean las empresas, las patronales y los sindicatos. Según recoge el propio borrador del estatuto para las electrointensivas, algunos de los mecanismos propuestos por los agentes sociales se descartaron por requerir modificaciones en la legislación tributaria o una reforma legal parcial o completa, algo que el Ejecultivo actual, a falta de menos de un mes y medio para las elecciones generales, no puede afrontar. No obstante, no descarta «que se puedan desarrollar en un futuro», cuando se inicie la nueva legislatura.

Se trata de propuestas como la de reducir el coste de los peajes de accceso; rebajar e, incluso, suprimir algunos impuestos vinculados a la energía y el medio ambiente; o compensar a las electrointensivas por los costes de financiación de las renovables de acuerdo con la normativa de la Unión Europea.

No obstante, la mayoría de las empresas, sindicatos y patronales habían hecho especial hincapié en la necesidad de aumentar las ayudas por emisiones indirectas de CO2, una medida que únicamente requiere de dotación presupuestaria y para la que los 76 millones previstos en el borrador del estatuto son insuficientes. Estas ayudas están destinadas a compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, puesto que las industrias, la generación eléctrica y el transporte aéreo ya pagan previamente por emitir dióxido de carbono a través del sistema de comercio de emisiones europeo ETS.

Las compañías insisten en la necesidad de incrementar las ayudas por emisiones de CO2

La primera se convocó en 2014 y las cuantías han ido variando desde entonces, pero sin llegar nunca a los niveles de otros países de la Unión Europea. En los últimos presupuestos aprobados, el PP y Foro habían acordado una partida de 150 millones, de los que únicamente se adjudicaron unos 80. La previsión del Gobierno de cara a las próximas cuentas estatales es destinar 76 millones ampliables en caso de que la situación presupuestaria lo permita hasta los 100. Sin embargo, la cantidad vuelve a estar lejos de lo que esperan las grandes industrias asturianas como Arcelor, Asturiana de Zinc y Alcoa.

El borrador del estatuto tampoco recoge otra de las peticiones comunes que hacían empresas y patronales: la reducción de los peajes de acceso, que sirven para costear las redes de suministro que permiten que la energía llegue al consumidor. Se fijan en función de la potencia y del consumo anual, por lo que este coste en el caso de las electrointensivas se dispara.

Menos de una semana

Tal y como recoge el borrador del estatuto, las empresas, patronales y sindicatos que quieran presentar alegaciones deberán hacerlo en el plazo de siete días desde que el borrador se hizo público. Al tener una tramitación de urgencia los plazos son muy limitados, por lo que los agentes sociales contarán con menos de una semana para emitir su respuesta.

Desde la Federación de Industria de CC OO ya anunciaron que volverán a enviar las propuestas trasladadas en un inicio, puesto que consideran que prácticamente ninguna las medidas principales que plantearon ha sido incluida en el borrador. También la patronal asturiana (Fade) tiene previsto remitir algunas propuestas a la CEOE para que esta lo remita al Gobierno a fin de incluirlas en el estatuto.

Asimismo, fuentes de Alcoa señalan que también remitirán sus alegaciones al proyecto del estatuto y esperan que «el Gobierno tenga margen y el texto final aporte la solución que la industria del aluminio primario en España necesita». La multinacional estadounidense advertía el pasado lunes del «riesgo» que corría la factoría de San Ciprián, en Lugo, aunque ahora matizan que «no estamos hablando de cierre, únicamente alertamos del peligro».

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