El Gobierno ofrece flexibilidad a las minas para devolver las ayudas y mantener su actividad

Alperi -quinto por la izquierda- y Caliero, a la derecha, a su llegada al Instituto para la Reestructuración de la Minería. / IÑAKI MARTÍNEZ
Alperi -quinto por la izquierda- y Caliero, a la derecha, a su llegada al Instituto para la Reestructuración de la Minería. / IÑAKI MARTÍNEZ

Los sindicatos reclaman que los Presupuestos Generales del Estado incluyan subvenciones para crear empresas y mantener el empleo

PALOMA LAMADRID GIJÓN.

Con una sensación «agridulce» salieron ayer los representantes sindicales de la reunión mantenida con los responsables del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, en Madrid. Como aspecto positivo, el Gobierno ofreció flexibilidad a las empresas privadas en situación de déficit que quieran mantener su actividad más allá del 31 de diciembre, «pero dentro de la normativa actual, es decir, sin mecanismos para ayudar el consumo de carbón», explicó el secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi.

El Ministerio para la Transición Ecológica se comprometió a buscar fórmulas para que las explotaciones deficitarias puedan contar con facilidades para reintegrar dichas subvenciones y así tener una oportunidad de supervivencia, pero no ofreció más detalles. Serán las propias empresas quienes estudien si las condiciones son ventajosas cuando el ministerio las ponga sobre la mesa. El lado negativo viene por la ausencia de compromiso «para que el carbón autóctono siga formando parte del mix energético nacional a través de un hueco térmico pactado», lamentó el responsable del área de minería de la Federación de Industria de CC OO de Asturias, Jaime Martínez Caliero. El Gobierno se excusó en que no tiene capacidad para mantener el mineral extraído en España entre las fuentes energéticas. De modo que tendrían que ser las compañías mineras quienes negocien con las eléctricas para asegurar un determinado volumen de ventas.

Para Alperi también resulta inexplicable que no se consuma carbón autóctono, que cuesta «casi la mitad que el de importación». Y cuya venta permitiría a las hulleras mejorar sus cifras. Aunque la flexibilización de las ayudas es una propuesta bienvenida, lo cierto es que las tres empresas mineras privadas de la región (Carbonar, Uminsa y Astur Leonesa) se encuentran en la cuerda floja. «Están todas en concurso y esto añade una dificultad importante», reconoció el secretario general del SOMA. Los sindicatos presentes en la reunión dejaron claro que ven la negociación de manera global y el mantenimiento del empleo en las comarcas afectadas es irrenunciable. «Exigimos que haya un ente gestor de restauración medioambiental» de los terrenos que ocupen los yacimientos, apuntó Martínez Caliero.

Exigen la creación de un ente gestor para llevar a cabo la restauración ambiental de las zonas

La idea es que aquellos trabajadores que no puedan acogerse al plan social planteado por el Gobierno sean recolocados en este organismo ambiental. Las centrales están a la espera de que el ministerio les dé una respuesta en la próxima reunión, el 16 de octubre. También se planteó en el encuentro la necesidad de hablar de las contratas y sobre «qué va a pasar con quienes estén en empresas que no continúen porque se hace efectiva la liquidación en la que están inmersas», indicó Alperi. También negociarán el futuro de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden).

Sobre el persona excedente, aún no se ha llegado a un acuerdo «porque queremos que se garantice el empleo, ya que se trata de unos territorios con muchas dificultades para fijar población», señaló. Para asegurar los puestos de trabajo, los sindicatos propusieron que haya una partida en los Presupuestos Generales del Estado encaminada a habilitar líneas de ayudas a la creación de tejido empresarial. Una más tradicional, para favorecer la actividad en las zonas afectadas, y otra más novedosa relacionada con la transición energética, que podría financiarse, por ejemplo, con «dinero de la subasta de derechos de emisión», añadió Alperi.

El Gobierno insiste en el plan social presentado en la primera reunión con los sindicatos, basado en bajas indemnizadas y prejubilaciones, cuyo límite bajó de los 50 a los 48 años, aunque aún quedan puntos por acordar. Para los empleados que superen esa edad, pidieron que las salidas no sean traumáticas. Martínez Caliero se mostró esperanzado «porque se dan pasos, pero no estamos contentos porque significa desmantelar el sector» y Alperi apostó por abordar este diálogo como un plan integral.

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