El Gobierno plantea una ley de industria, limitar el tráfico en las ciudades y una fiscalidad verde

Para realizar el tránsito hacia la descarbonización, la declaración presentada ayer cuenta con 30 líneas «transversales», de las que cinco se pondrán en marcha en los primeros 100 días. Una transformación bajo el paraguas de una «transición justa», en la que ayer insistió la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, y que tendrá como eje la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo proyecto se remitirá al Parlamento en ese plazo inicial que finaliza el próximo 30 de abril. En estos casi tres meses y medio también se definirá la senda hacia una España con un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de vehículos con 0 emisiones y un sistema agrario neutro en CO2, así como un sistema fiscal, financierio y presupuestario acorde con esa meta. Además, se presentará también el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, se esperan reforzar los mecanismos de participación existentes con el establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático e impulsar y acompañar la transformación del modelo industrial y agrario, así como el del sector servicios. Todo ello, recalca el documento, «en el contexto de una transición justa con las personas trabajadoras y comarcas» , precisamente, a través de los Convenios de Transición Justa, de los que se beneficiarán las cuencas y el suroccidente de Asturias, y de medidas de acompañamiento a las industrias.

Las distintas líneas de acción comprenden la modernización de la economía, la generación de empleo y competitividad, y la reducción de brechas entre territorios y colectivos, con la inclusión también de cuestiones de género.

Fuera de esos primeros cien días, el Gobierno se compromete a garantizar que las especificidades y necesidades de España se integren en el Pacto Verde europeo, en el que las primeras cifras trasladadas no son favorables para el país -solo recibiría 307 millones de los 7.500 que compondrán el Fondo para la Transición Justa, un 4%-, lo que ya ha provocado las quejas del Ejecutivo.

Además, la declaración plantea avanzar en la economía circular, en la búsqueda del 'residuo cero' en 2050, e impulsar una nueva ley de industria y una estrategia industrial «que concilie el progreso del sector con la sostenibilidad y los objetivos de descarbonización de la economía, de una manera ordenada, anticipando y mitigando los impactos». También se fija como meta fortalecer las políticas de desarrollo rural y el impulso de las oportunidades de la transición energética y las energías renovables. En este punto, propone elaborar una Estrategia frente al Reto Demográfico.

Otro de los aspectos concretos comprende una «fiscalidad verde», que reconozca la protección del medio ambiente. No necesariamente recaudatoria, pero sí disuasoria. En concreto, «no habrá nuevos subsidios a combustibles fósiles y se revisarán los que existen», dijo Ribera. Además, no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de fractura hidráulica.

En cuanto a los vehículos, diésel o de gasolina, el Ejecutivo obligará a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes -en Asturias serían Gijón, Oviedo, Avilés y Siero- a establecer zonas de bajas emisiones. Y que los coches tengan «cero gramos de emisión de CO2» a partir de 2050, como aprobó la Unión Europea. Si cambiara de criterio y acelerara la transformación, España seguiría esas directrices. Además habrá regulaciones de movilidad y una revisión fiscal para la industria automovilística, que ayude a transformar todo el sector.

También se emitirán bonos de «deuda verde», se desarrollarán políticas inclusivas y planes de sostenibilidad, educación, salud, I+D+i y una estrategia para la preservación de la costa. «No partimos de cero», recalcó Ribera. «Debemos ser más rápidos y ambiciosos».