Secretario general de CC OO de Asturias

José Manuel Zapico: «La vivienda debe ser una prioridad, ahora mismo es una soga al cuello para las familias asturianas»

–Todo apunta a que a final de mes se aprobarán los presupuestos de 2026. ¿Qué le parecen?

–Compartimos la dirección que han tomado los presupuestos en los últimos años y, en ese sentido, estos crecen; además, aumenta la inversión social. Son unas cuentas que van en la buena dirección. Reivindicamos que sirvan para crear empleo, proteger a las personas y fortalecer nuestra economía. Lo que vamos a exigir es que la vivienda sea una prioridad clara. Ahora mismo es una soga al cuello para las familias, porque su precio ha aumentado en Asturias más de un 50% en los últimos diez años.

–Ese problema tiene especial incidencia en las llamadas 'zonas tensionadas'.

–Nosotros hemos planteado al Gobierno del Principado, en el marco de la Ley de Vivienda que se está tramitando, la limitación de los precios del alquiler o la restricción de las viviendas turísticas en esas zonas tensionadas. Es fundamental garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, de modo que determinadas familias en situación de vulnerabilidad tengan un acceso efectivo y que, en caso de no ser posible, exista por ley una ayuda garantizada.

–¿Cómo ve el futuro de la industria en la región?

–Asturias, por nuestra tradición industrial, está en condiciones de ser ambiciosa y de mantener por encima del 20% la aportación de la industria al PIB. Eso genera empleo de calidad, con buenos salarios, impulsa las exportaciones, aumenta la investigación y, por lo tanto, refuerza nuestro sector productivo, donde apostamos porque la industria sea el motor, apoyada en la innovación y el conocimiento, fundamentalmente a través de la universidad pública y de los centros tecnológicos. Es un momento para mantener firme ese rumbo, en un contexto internacional endiablado, pero del que estamos seguros de que estaremos en mejores condiciones de salir adelante si garantizamos nuestra soberanía mediante una industria cada vez más moderna, innovadora y sostenible. El futuro de Asturias tiene que pasar por ahí: por una industria sólida y por el conocimiento.

–El Gobierno se ha comprometido a duplicar la capacidad de la red eléctrica. ¿Cómo de importante es acelerar esas inversiones?

–Si queremos garantizar ese corazón industrial de Asturias, además de un modelo de bajas emisiones, hay que apostar por la electrificación. Y para ello la red eléctrica es imprescindible. Ahora es el momento de planificar y ejecutar progresivamente las infraestructuras necesarias para asegurar la suficiencia del suministro y, además, precios competitivos, estables y predecibles. Es un elemento central que debemos garantizar en este momento para asegurar el futuro de las próximas generaciones en Asturias.

–¿Las medidas que está poniendo en marcha Bruselas podrían reactivar las inversiones de Arcelor?

–Tenemos que ser optimistas con la capacidad industrial del país. La transición energética en Arcelor u otras empresas no va a ser justa si depende de un consejo de administración privado que prioriza sus beneficios frente al interés general. En un contexto de incertidumbre, Europa se juega su soberanía garantizando la producción industrial de materias primas, entre ellas fundamentalmente el acero. Por lo tanto, la estrategia tiene que ser europea y estar pilotada desde lo público. No es casual que Francia haya anunciado su intención de nacionalizar Arcelor y que la mayor inversión de la empresa se dirija a ese país. Por eso reclamamos al Gobierno de España esa misma ambición para asegurar una transición desde lo público que sea justa, manteniendo capacidades productivas y empleo.

–¿Cómo ve el impulso que ha habido este último año a la industria de defensa en Asturias?

–Asturias tiene tradición en el sector y, por lo tanto, parecía razonable que, en el momento en que España y Europa deciden aumentar sus capacidades productivas, nuestra comunidad autónoma tuviese una posición adecuada para garantizar esa actividad y aumentar la carga de trabajo. A partir de ahí, la seguridad no se limita solo a la defensa que, por supuesto es fundamental, sino también a asegurar en Europa el bienestar social a través de los servicios públicos y de la garantía del Estado social y democrático de derecho. Nos jugamos mucho en un mundo globalizado donde las democracias empiezan a ser la excepción: más del 70% de la población mundial vive bajo regímenes dictatoriales. Por lo tanto, el concepto de seguridad y defensa es muy amplio y creemos que Asturias juega un papel importante en esa actividad productiva, al mismo tiempo que lo que estamos defendiendo es un modelo social.

–¿El proyecto de Costco es compatible con el pequeño comercio?

–Mal le irá a Asturias si considera que un supermercado, por muy grande que sea, puede ser estratégico para nuestra economía. Costco no cumple ninguno de los requisitos de la Ley de Proyectos Estratégicos, porque no transforma materias primas ni aporta valor tecnológico ni servicios añadidos. Además, desde el punto de vista medioambiental es poco sostenible, dado el gran volumen de tráfico en vehículo particular que genera, y actúa como un depredador del pequeño comercio.

–Recientemente, la mina se ha cobrado más vidas. Más allá de este caso concreto, ¿qué hace falta para reducir la siniestralidad?

–Respecto a la mina, que hayamos tenido accidentes mortales en un sector con tan poca actividad económica, casi residual, demuestra claramente que la transición energética no está siendo justa. Se ha sustituido un sector estructurado por «chamizos». Muchas empresas siguen viendo la salud de sus trabajadores como un gasto y no como una inversión, cuando lo que se necesita es una cultura organizativa que sitúe la seguridad y la salud en el centro mediante múltiples medidas, entre ellas actuar sobre las pequeñas empresas de prevención de riesgos laborales ajenas, que en la práctica suponen una subcontratación. En este sentido, denunciamos también la actitud de una parte de la patronal, muy beligerante con trabajadores que enferman. En Asturias se calcula que 500 personas murieron por dolencias contraídas en sus centros de trabajo.

–¿Hay un problema de absentismo, como denuncia Fade?

–Cuando las empresas agitan la criminalización del absentismo , algo anecdótico y prácticamente inexistente en nuestro país, lo que hacen en realidad es señalar el ejercicio legítimo de derechos laborales, como ponerse enfermo, tener una baja o acogerse a permisos reconocidos en los convenios. Es necesario reclamar que la patronal no ponga el foco en el modelo de negocio de privatización de la sanidad que, como hemos visto recientemente en Madrid, alimenta de forma innecesaria las listas de espera y pone en riesgo la salud de las personas.