La Junta cierra filas en defensa de una transición energética «ordenada»

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante una de sus intervenciones en el Pleno. / ÁLEX PIÑA
El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante una de sus intervenciones en el Pleno. / ÁLEX PIÑA

Barbón recuerda que el Gobierno duplicará las compensaciones por costes indirectos del CO2 hasta llegar a los 180 millones de euros

JOSÉ L. GONZÁLEZOVIEDO.

La Junta General del Principado cierra filas en torno a la transición energética. Todos los partidos, a excepción de Vox, que pretendía incluir un cambio en el texto, aprobaron una proposición no de ley que reclama que el proceso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e implantar las energías limpias se haga de una forma «consensuada, participativa, viable y ordenada con los territorios».

Asturias se juega mucho en este proceso. Los objetivos marcados por la Unión Europea y que España asume ponen en riesgo varios de los pilares de la estructura productiva de la región. Con la extracción de carbón muy limitada, los anuncios de cierres de centrales térmicas y las afecciones que las nuevas normas ambientales tienen sobre la industria, el sector secundario sufre en un proceso en el que se está encontrando una fuerte competencia de países en los que la normativa ambiental es mucho más laxa.

La defensa de una posición común de los intereses de Asturias se antoja prioritaria para los partidos de la región, que instaron ayer al Principado a abrir un frente con otras comunidades autónomas y regiones europeas que pasen por una situación similar. El objetivo es que se fije un «esfuerzo equilibrado» de descarbonización y un calendario sobre la puesta en marcha de nuevos modelos de generación energética que garanticen un «equilibrio» entre sectores y territorios.

La propuesta aprobada ayer insta al Principado a reclamar al Gobierno central un modelo de tarificación eléctrica que «evite la pobreza energética» y la aprobación del estatuto de las industrias electrointensivas. Además, se pide que el Ejecutivo regional reclame «planes industriales y de empleo» previos a «cualquier medida traumática». El desarrollo de planes de I+D+i relacionados con nuevas fuentes de generación energética y la petición de planes públicos de desarrollo de nuevos modelos energéticos completan la propuesta. «La transición energética puede ser un desastre si rompe con un modelo productivo que lleva 150 años funcionando en Asturias y que está ligado a la industria», destacó el diputado de IU Ovidio Zapico para defender una propuesta a la que se sumaron todos los grupos.

La situación de la industria asturiana volvió a ser ayer uno de los asuntos centrales en el Pleno, después de que hubiese protagonizado la sesión del martes. Varios grupos de la oposición afearon en las preguntas al presidente del Principado, Adrián Barbón, su actitud a la hora de afrontar la crisis de un sector vital para la región. Entre críticas al «continuismo» que a juicio de Podemos representan las políticas del nuevo Ejecutivo, invitaciones a ponerse «a trabajar» de PP y Foro y reproches por las alusiones a la colaboración del Gobierno central transcurrió una sesión en la que el presidente defendió la estrategia que está siguiendo su gabinete. «Asturias no puede afrontar en solitario ni la transición energética ni las deslocalizaciones», afirmó Barbón, quien defendió las reclamaciones realizadas por su Ejecutivo, como la de que se aumentasen las compensaciones por costes indirectos del CO2. Como recordó, este año pasarán de 91 a 180 millones de euros y se pagarán a las empresas antes de que finalice el año. «Es un hecho y es una negociación de este Gobierno», defendió Barbón.

Durante la sesión plenaria de ayer se aprobó además una proposición de Ciudadanos para que se aumente de forma progresiva el gasto en mantenimiento de carreteras a lo largo de la legislatura. Lo que no salió adelante fue la iniciativa para que el Principado se haga cargo de la gestión de la Senda del Oso ni tampoco la que presentó el PP para que el Principado adelante los fondos de las entregas a cuenta a los ayuntamientos retenidos en Madrid. La Junta rechazó además crear una comisión parlamentaria para celebrar el centenario de la batalla de Covadonga.

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