El carbón se aferra al salvavidas de Bruselas

El carbón se aferra al salvavidas de Bruselas

La UE tiene la llave para dotar al sector de un marco establepara establecer sus mecanismos de compra y quema de mineral

DIANA DE MIGUEL GIJÓN.

La producción nacional de carbón podría caer este año hasta los 2,5 millones de toneladas. Muy lejos de las 6.145.000 que salieron de los pozos nacionales en 2012, cuando un ejército de mineros recorrió España convirtiéndose en referentes de la pelea contra la crisis económica de todo el país. Por aquel entonces, el sector luchaba para tratar de revertir las medidas impuestas por Bruselas, que estableció 2018 como fecha para el cierre de los pozos no rentables. Pero este año la situación todavía es peor. Hasta septiembre, las compañías apenas han podido facturar carbón a la espera de que el Gobierno dé luz verde a la nueva propuesta de pagos por capacidad, un mecanismo que debe sustituir al real decreto de restricciones por garantía de suministro, que concluyó en diciembre del año pasado.

La orden permitirá que mineras y eléctricas dispongan de un marco estable para establecer sus mecanismos de compra y quema de carbón nacional.

El retraso en la aprobación de esta norma, que debía haber entrado en vigor el pasado 1 de enero, les obliga a planificar sus compras casi mes a mes lo que está agravando la difícil situación financiera por la que atraviesan las empresas mineras y tiene en jaque a las plantillas, debido a los recortes y continuos retrasos en el reconocimiento y pago de las ayudas a la producción por parte del Gobierno. Faltan, de hecho, por abonar las ayudas a la producción de este año.

Por eso, la oferta que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, planteó esta semana en León para crear un grupo de trabajo que estudie alternativas de futuro en las comarcas mineras, cayó en el sector como un jarro de agua fría. Administraciones, empresarios y sindicatos recuerdan que el Ejecutivo simplemente tiene que cumplir lo que firmó en el marco de actuación de la minería del carbón para solucionar los problemas de las cuencas y de las empresas mineras.

No fue hasta esta semana cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe favorable a la propuesta para incentivar la quema de carbón, tras realizar algunas modificaciones al documento que el Ministerio de Industria le envío ya antes del verano. También esta semana las eléctricas han destapado, aunque solo en parte, sus cartas sobre el futuro de sus térmicas. Tanto Gas Natural Fenosa, propietaria de la central térmica de Soto de la Barca, como Endesa, de la leonesa de Compostilla, que asume casi la práctica totalidad de la producción del suroccidente, han anunciado que mantendrán a esas centrales en el Plan Nacional Transitorio, a fin de no limitar la operación de esas instalaciones a un número fijo de horas. Todavía está por ver si realizarán las inversiones ambientales exigidas por Europa. Inversiones que EdP anunció hace ya meses para sus térmicas de Aboño y Soto de Ribera.

El informe de Competencia sobre el nuevo mecanismo de ayudas a la quema de mineral autóctono era preceptivo para que el departamento que dirige José Manuel Soria pudiera enviar la orden a Bruselas, ya que debe ser la Comisión Europea la que dictamine si las propuestas contenidas en la norma se adaptan a las exigencias de garantía de la competencia del Tratado. Una resolución que todavía tardará un tiempo, por lo que el sector entiende que el Ministerio de Industria podría optar por publicar la orden y ponerla en vigor de manera inmediata, ya que los dictámenes emitidos hasta ahora garantizan esa adaptación a las exigencias medioambientales.

4.000 trabajadores

La minería del carbón da trabajo en España a poco más de 4.000 trabajadores repartidos en un total de doce empresas. Más de la mitad son auxiliares, es decir, que están en régimen de subcontratación. Además de en Asturias, con explotaciones en la cuenca central y en el suroccidente, hay minas en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón. Especialmente dramática es la situación en el suroccidente asturiano donde tres compañías mineras, Asturleonesa, Carbonar y Uminsa, se reparten el negocio. Entre las tres dan empleo, entre plantilla fija y subcontratas, a más de 900 trabajadores.

Una plantilla que, en todo caso, las empresas mineras van ajustando casi mes a mes en función del carbón que logren meter en térmica. A la espera de que se apruebe el nuevo mecanismo de ayudas, nadie se atreve a firmar contratos a largo plazo. De hecho, Carbonar, que hasta ahora había mantenido una plantilla muy estable, despidió recientemente a 30 trabajadores de subcontrata. Con una producción asignada en el plan minero de 200.000 toneladas, apenas ha logrado vender a la central de Compostilla 80.000 toneladas de carbón en lo que llevamos de año.

Un ERE condicionado

En Uminsa, con una plantilla en Asturias (entre trabajadores propios y de subcontrata) de 320 trabajadores, repartidos entre sus explotaciones de Pilotuerto (Tineo) y Cerredo (Degaña), la situación también es preocupante. Todos están incluidos en un ERE de suspensión hasta febrero, aunque, de momento, no se aplica. La empresa puso como condición la venta a térmica de 25.000 toneladas al mes, cantidades que, de momento, está cumpliendo.

La minera, propiedad del empresario leonés Victorino Alonso, había logrado alcanzar hasta el 31 de agosto una producción de 350.000 toneladas, según los datos ofrecidos por la compañía. Una cifra que pese a la delicada situación del sector es ligeramente superior a las 334.173 con las que la firma cerró 2010, un ejercicio en el que la venta de carbón a térmica también estuvo bloqueada y en el que la plantilla total ascendía a 375 trabajadores.

La diferencia más notable de la actividad de la empresa en Asturias si se comparan ambos años, es que en 2010 había otros 86 operarios trabajando en el cielo abierto de Tormaleo del que se extrajeron ese año 423.667 toneladas de carbón. La explotación está hoy clausurada.

Por último, la compañía minera Asturleonesa tiene en plantilla a cerca de 360 trabajadores en Cerredo y a entre 60 y 120 de subcontratas, según las fuentes consultadas. En septiembre, consiguió vender 30.000 toneladas, superando la media de los últimos meses, que se situó entre las 24.000 y las 25.000 toneladas.

Los pozos de Hunosa se han librado del problema que conlleva tener que negociar mes a mes con las térmicas para lograr colocar su producción -la empresa pública vende la práctica totalidad de su mineral a EdP-. Sin embargo, también su producción ha caído de forma drástica este año. De acuerdo con las cifras que manejan las centrales, apenas se han logrado extraer 200.000 toneladas de mineral lavado en lo que va de ejercicio, lo que hace muy difícil que la compañía pueda cumplir con la producción estipulada en su plan operativo: 330.000 toneladas. La empresa, no obstante, defiende que cerrará el año con una producción cercana a las 300.000 toneladas y achacan la menor producción alcanzada hasta ahora al retraso en la aprobación de las inversiones pendientes.

La salida de este negro pozo pasa por un acuerdo entre centrales térmicas y empresas, algo en lo que el Gobierno tiene mucho que decir. Administraciones, empresarios y sindicatos coinciden en que el carbón español ni es más caro que el internacional ni es de menor poder calorífico. Aseguran que hay minas que son rentables y que seguirán trabajando más allá de 2018. Pero para eso, concluyen, «el Ejecutivo debe cumplir lo prometido».