El Gobierno inicia el proceso para reducir los derechos de emisión y aumentar su precio

España ha dado esta semana un paso más en su intención de fomentar la descarbonización del país para cumplir los objetivos de la UE, que pasan por reducir sus emisiones globales de gases de efecto invernadero por lo menos en un 40% para 2030 con respecto a los valores de 1990 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó el martes el inicio de la tramitación del anteproyecto de ley con la que se intensificará la reducción de los derechos de emisión de CO2 de cara a restringir este mercado y forzar a las empresas a invertir en medidas medioambientales.

El descenso de derechos conlleva directamente su encarecimiento, ya que funcionan en un mercado similar a una bolsa, y a menor oferta, mayores precios. De hecho, en los últimos años, el coste del CO2 ya se ha disparado, debido a la cercanía de estas nuevas restricciones y a que, además, se ha especulado con las asignaciones. El precio medio en lo que va de año de la tonelada se sitúa en 24,17 euros, frente a los 15,88 de 2018 y los 5,83 de 2017.

La nueva ley del Gobierno llega para transponer la Directiva 2018/410, que es el marco regulador de la UE para el periodo de comercio de emisiones 2021-2030. No obstante, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, este anteproyecto se ha llevado a Consejo de Ministros en primera vuelta, lo que implica que aún está en un momento inicial. Antes de la entrada de esta IV Fase, la industria asturiana ya cuenta solo con la mitad de derechos de emisión gratuitos que necesita y, por tanto, tiene que recurrir al mercado y pasar por caja para hacerse con más, lo que implica mayores costes.

Distintos sectores llevan advirtiendo desde que la UE impulsó la directiva que las nuevas restricciones supondrán un enorme lastre para su competitividad, entre ellos el siderúrgico, ya muy amenazado por el alto precio de la energía o la alta tasa de importaciones, sobre todo, en el último año, impulsadas por la guerra comercial entre EE UU y China. Fuentes de Arcelor en Asturias, aseguran que con la entrada de la IV Fase de este mercado las plantas de la región tendrán un déficit en las asignaciones del 30%, lo que complica su viabilidad. Mientras, sus competidores de Rusia, China o Turquía no tienen que hacer frente a restricciones medioambientales de este tipo. De ahí que se reclame un arancel verde o algún tipo de mecanismo en frontera que compense sus sobrecostes. Sin embargo, aunque la Unión Europea ha iniciado su tramitación, funcionarios de Bruselas ya advierten de las dificultades que entraña y creen que tardará, incluso, años en poder ponerse en marcha, si es que finalmente sale adelante.

La nueva fase en la que entra el mercado de derechos de emisión de la Unión Europea implica mantener el 100% de los gratuitos para los sectores o subsectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, es decir, de deslocalizaciones derivadas de los costes de las políticas climáticas. Sin embargo, Arcelor denuncia que el acero se ha quedado fuera de esta consideración.

Las instalaciones que no cuentan con ese apoyo de la UE verán reducidas sus asignaciones en un 30% entre 2021 y 2026. A partir de ese año, el porcentaje irá bajando de forma anual en la misma cantidad con el fin de llegar a 2030 a una situación en la que no se tenga ningún derecho de forma gratuita, a excepción de la calefacción urbana, que mantendrá el porcentaje del 30% de la cantidad determinada de acuerdo con las normas comunitarias.

Además, a partir de 2021, como sucedía en el periodo 2013-2020, no tendrán la posibilidad de emitir CO2 de forma gratuita las centrales de generación eléctrica, un hecho con el que se pretende sacar del mercado las plantas más contaminantes, como las térmicas de carbón, y promover su sustitución por fuentes renovables.