El precio del CO2 vuelve a cifras de récord y lastra la competitividad de la industria

Parte de la central térmica de Lada, para la que Iberdrola ha solicitado el cierre. / J. C. ROMÁN
Parte de la central térmica de Lada, para la que Iberdrola ha solicitado el cierre. / J. C. ROMÁN

La tonelada se sitúa en 25,23 euros de media en abril, su máxima cotización en la última década

NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN.

Febrero y marzo solo fueron un paréntesis en la escalada del precio del CO2, un respiro para la gran industria a la que ya no le sorprende su cotización desbocada en el mercado de derechos de emisión, pero que ve con preocupación cómo su competitividad decrece a medida que el coste por contaminar en Europa se dispara. Tras la moderación en el segundo y tercer mes del año, el precio del CO2 ha vuelto a máximos en abril, con una media que se sitúa en 25,23 euros por tonelada, mientras que hace justo un año era de 13,35 y, hace dos, de 4,77. Ayer cerró la jornada en 26,8 euros, el doble que doce meses antes y cinco veces más que hace 24.

La UE puso en marcha este mercado en 2005 para fomentar la reducción de emisiones en la industria y la generación eléctrica, pero sus objetivos no se han llegado a cumplir, y este régimen entrará en año y medio en una nueva fase. A partir de 2021 se reducirán las asignaciones gratuitas y también los derechos que se pueden comprar y vender, lo que está provocando ya la escalada de precios, animada por la caída de la oferta y la especulación.

La meta es que se reduzcan las emisiones, pero de momento apenas se logra. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el año pasado los sectores sujetos a este régimen en España las disminuyeron más de un 6%, pero no se debió tanto a mejoras en las plantas, como al descenso que se registró el sector eléctrico, un 15%, gracias a las abundantes lluvias de 2018, que permitieron aumentar la generación de origen hidráulico. Por tanto, se trató de un factor coyuntural.

En la actualidad, este régimen afecta a casi 11.000 instalaciones y un 45% de las emisiones de todos los gases de efecto invernadero en los 28 Estados Miembros, Islandia, Noruega y Liechtenstein. Una veintena de empresas asturianas, con una treintena de instalaciones, necesitan estos derechos para su actividad. Esto significa que no pueden liberar más de un determinado límite de gases de efecto invernadero o, en caso contrario, deben acudir al mercado a comprar nuevos permisos, los que ahora cuestan a precio de oro. Se trata de plantas de distintos sectores como las térmicas, las siderúrgicas de Arcelor, cementeras como la de Tudela Veguín, químicas como DuPont o Química del Nalón o alimentarias como CAPSA e ILAS.

El problema, denuncian, es que los competidores de fuera de la UE no tienen que asumir ese coste extra y, por tanto, compiten en el mercado en mejores condiciones. De ahí que compañías como Arcelor reclamen un arancel de tipo ambiental que compense el precio que tienen que asumir por ese CO2 que emiten, sobre todo -defienden- porque aún no hay una tecnología disponible para producir acero sin contaminar.

Fuentes de la siderúrgica estiman que sus plantas asturianas necesitan 1,76 toneladas de CO2 por cada una de acero, lo que supondría, según la cotización de ayer, un sobrecoste de más de 47 euros frente al gasto cero de sus competidores de fuera de la UE que, además, cuentan con costes laborales más bajos en países como Turquía, Marruecos, India o China.

No obstante, el problema no está en el presente, ya que muchas de estas factorías tienen aún derechos gratuitos, sino cuando entre en vigor en 2021 la fase IV del esquema diseñado por la UE, mucho más restrictiva, y que reducirá la gratuidad de las emisiones y la oferta, con lo que la subida de precios está garantizada. De hecho, en el mercado de futuros el CO2 cotiza aún a cifras más altas y los analistas prevén que el precio siga aumentando y supere los 30 euros.

Este incremento tiene otra implicación para la industria y para las economías domésticas, ya que repercute directamente en el precio de la electricidad si en el mix entran instalaciones como las térmicas, que tienen que recurrir a este mercado y cargan el sobrecoste en la factura que llega al consumidor. Por lo tanto, la industria se ve doblemente penalizada: directamente por los derechos de emisión y por el precio de la luz, sobre todo, si entran en el sistema las térmicas, a las que también se les complica su actividad.