El Principado defiende un pacto de Estado por la industria ante el plan que pide la patronal

Las instalaciones que Asturiana de Zinc, una de las electrointensivas de la región, tiene en Avilés. / MARIETA
Las instalaciones que Asturiana de Zinc, una de las electrointensivas de la región, tiene en Avilés. / MARIETA

«Debemos tener una actitud proactiva para beneficiarnos de los recursos procedentes de la UE», subraya el consejero de Industria

LAURA CASTRO / PALOMA LAMADRIDGIJÓN.

Máximo consenso para afrontar las dificultades que atraviesa la industria. Esta es la apuesta del Gobierno del Principado, que incide en la idea de impulsar un pacto de Estado para proteger este sector. Una «prioridad», en palabras del consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ya que aporta el 23,7% del PIB regional, seis puntos por encima de la media nacional, y da empleo a 54.000 trabajadores. Mantiene así el compromiso esbozado en el programa con el que concurrieron a las elecciones autonómicas.

Medida que se complementa con el establecimiento de un arancel medioambiental y la aprobación del estatuto para las electrointensivas, que también reclama el Gobierno regional a Bruselas y Madrid, respectivamente. El Principado sigue esta hoja de ruta y declina apoyar un plan industrial «a medida» para la región solicitado por el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). Según fuentes de la Consejería de Industria, la idea transmitida por Belarmino Feito «es muy genérica, le falta concreción», por lo que el Ejecutivo que encabeza Adrián Barbón evita pronunciarse en un estadio tan inicial.

Sí se manifestó claramente Fernández sobre la postura de Asturias ante la transición energética, una «oportunidad» de desarrollo económico y generación de empleo. Pero, para ello, «debemos tener una actitud proactiva para beneficiarnos de los recursos procedentes de la Unión Europea» para impulsar las tecnologías y los procesos con bajas emisiones de carbono en la próxima década. Un montante que, según el consejero, también se empleará en crear un fondo específico para las comarcas más afectadas por la descarbonización.

En este sentido, Feito indicó la necesidad de medir el impacto del cambio de modelo energético para saber cómo va a afectar a Asturias en términos cuantitativos. En esta materia, dos son las prioridades para el Ejecutivo asturiano. En primer lugar, «que se ponga fin al bloqueo en la formación del Gobierno de España para que el estatuto de las industrias electrointensivas sea aprobado cuanto antes por el Consejo de Ministros». La segunda actuación primordial es que la transición energética sea justa y, por tanto, «permita conjugar el compromiso de reducción de emisiones con la necesaria actividad de nuestras industrias», apuntó Fernández.

Una exigencia compartida por la patronal, que advierte del encarecimiento de los costes energéticos, coyuntura que ya afecta al tejido industrial asturiano. La necesidad de acudir al mercado de derechos de emisión de CO2 - cuyos precios se han disparado desde 2017, al pasar de 5,65 euros por tonelada a superar actualmente los 29- y la repercusión que tiene en el engorde de la factura eléctrica -las térmicas repercuten el incremento del precio del CO2 en el recibo de los consumidores- dificulta la competitividad de la industria, de lo que ha alertado en reiteradas ocasiones Fade.

Precisamente, el consejero de Industria recalcó la colaboración con el Gobierno español en este terreno. Como muestra, mencionó los 175 millones de euros movilizados en concepto de compensación por las emisiones de CO2 y el desbloqueo de los fondos del anterior acuerdo de reestructuración de la minería del carbón, «lo que va a permitir el desarrollo de 73 proyectos en Asturias con una inversión de 98 millones de euros».