La UE quiere asumir las competencias fiscales de energía para impulsar un arancel ambiental

La térmica de Soto de Ribera, una de las cuatro centrales asturianas que sí hizo las inversiones necesarias para cumplir con los objetivos de la Unión Europea y seguir operando más allá de 2020. /  J. M. PARDO
La térmica de Soto de Ribera, una de las cuatro centrales asturianas que sí hizo las inversiones necesarias para cumplir con los objetivos de la Unión Europea y seguir operando más allá de 2020. / J. M. PARDO

Alerta de que las diferencias impositivas entre los estado miembro son un riesgo para la competitividad de las empresas

LAURA CASTRO GIJÓN.

La Unión de la Energía impulsada por la Comisión Europea avanza, pero no lo suficiente para hacer frente al desafío de la transición energética. El viejo continente dibuja un futuro alejado del carbono, pero la normativa fiscal no acompaña a la hoja de ruta. Cada país impone sus propias reglas en materia energética, incluidos los gravámenes, tal y como reza el Tratado de Lisboa. Por tanto, para que Bruselas adopte medidas comunitarias relacionadas con este asunto necesita la unanimidad. Algo que, como bien comprobó en 2011, no es fácil de conseguir. La Comisión Europea propuso entonces introducir un impuesto al CO2 para todos aquellos sectores económicos que no estuvieran cubiertos por el mercado de derechos de emisión -en el que participan las tres grandes industrias asturianas, Arcelor, Asturiana de Zinc y Alcoa-. Resultó imposible llegar a un acuerdo y Bruselas decidió en 2015 retirar su propuesta.

Por ello, quieren ahora cambiar el sistema de voto de las medidas fiscales energéticas hacia una mayoría cualificada que logre aprobarlas a pesar del veto de algunos países en cuya economía aún juega un papel importante el carbono, como pueden ser Polonia y Alemania. Este cambio, sostiene Bruselas en el comunicado que envió la semana pasada al Parlamento y al Consejo Europeo, abrirá la puerta a la adopción de un arancel medioambiental -una medida muy reclamada por el Principado, empresas como Arcelor y el Gobierno de España- que defienda los intereses de la industria y de las compañías eléctricas europeas que en el último año se han visto amenazadas por la introducción de productos y energía procedentes de terceros países donde no existen los costes por emisiones contaminantes. «La reciente llamada por parte de algunos estados miembro para hacer uso de los ajustes del impuesto al carbono en la frontera también requeriría unanimidad», advierte la Unión, que reconoce también, que «existe el riesgo de una distorsión en la creciente competitividad» de las empresas europeas que forman parte de un mercado único.

Asimismo, Bruselas señala que la presencia de reducciones o exenciones en determinados gravámenes energéticos para sectores específicos, como el de la industria, «debilita sustancialmente los incentivos para invertir en energía más eficiente y constituyen, además, una carga para los hogares privados que tienen que constituir el déficit de ingresos desencadenado por este tipo de medidas». Y alerta, asimismo, de que «pueden falsear la competencia entre sectores industriales y promover modos de transporte ineficientes y contaminantes». La Comisión Europea asegura que el régimen fiscal energético no ha evolucionado y el marco «obsoleto» de 2003 se ha mantenido hasta hoy, cuando es incompatible con los objetivos de medio ambiente y clima que promueve la Unión.

En el futuro, plantea Bruselas, esta regulación tributaria debe «apoyar la transición hacia energía limpia y deben ir encaminados a reducir las emisiones a lo largo del tiempo y a mejorar la eficiencia de los recursos». Además, deben incluir políticas sociales para los ciudadanos, pues esta política tributaria «podría afectar negativamente al poder adquisitivo de los consumidores, especialmente los más vulnerables», puesto que es posible que no puedan cambiar sus patrones de consumo si conllevan un gasto importante de sus ingresos.

«Del paleolítico»

«No podemos tener el marco más ambicioso para desarrollar una unión energética y, al mismo tiempo, tener un sistema de impuestos a la energía del paleolítico. ¡Es increíble!», afirmó con rotundidad Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, durante la presentación del cuarto informe sobre el estado de la Unión de la Energía, informó 'Forbes'. «En los últimos años se ha vuelto muy urgente alinear los objetivos de la unión energética con el marco tributario», dijo. «Por ejemplo, el principio de quien contamina paga no existe en el mundo de los impuestos a la energía. Damos 5.000 millones de euros en subsidios al año a los combustibles fósiles. Y no hay ningún sistema de tributación que incentive las energías renovables», criticó el comisario.

Bruselas considera que las cláusulas denominadas «pasarela» e incluidas en el Tratado de Fundación de la Unión Europea podrían poner fin a esta «distorsión» de tributos. No obstante, parece difícil que pueda llegar a buen puerto, pues para poder recurrir a ellas es necesario que el Consejo Europeo lo apruebe por unanimidad. Además, teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones europeas, tendrá que ser el nuevo Consejo, que se formará en noviembre, quien adopte la resolución de este conflicto.