Las minas alcanzan su fecha límite

Ha llovido mucho desde entonces, pero el devenir de las últimas minas de España no se ha definido hasta las últimas semanas. En diciembre de 2010, la Decisión 787 del Consejo Europeo relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de los yacimientos no competitivos fijaba el día de hoy como fecha límite. Ese documento prorrogaba hasta 2018 la posibilidad de que los Estados concedieran ayudas para cubrir costes relacionados con el carbón destinado a la producción de electricidad, pero exigía para ello una serie de condiciones que debían ser incluidas en el Plan de cierre del Reino de España para la minería de carbón no competitiva.

La UE anunció en mayo de 2016 la autorización para que España empleara 2.130 millones de euros para el cierre de 26 yacimientos. La fecha tope que se fijaba era la de hoy. El plan incluía una cláusula que obliga a devolver las ayudas, es decir, aunque una explotación haya conseguido ser rentable en este tiempo, para continuar con la actividad a partir de mañana debería reintegrar las millonarias subvenciones recibidas desde 2011. Con el anuncio de cierre de térmicas y el cuestionamiento del carbón como combustible esta posibilidad se antoja aún más complicada. En realidad no cerrarán todas las explotaciones, pero sí una gran mayoría. De hecho, muchas ya se han ido quedando por el camino. La falta de rentabilidad, la negativa de las eléctricas a adquirir carbón nacional o el incumplimiento del plan del carbón, que obligaba a quemar un 7,5% de combustible autóctono en estas centrales, fueron poniendo la puntilla al sector, sobre todo en los últimos dos años. De hecho, de las 146 explotaciones que había a principios de los años 90, en 2017 ya se habían reducido a doce, ocho de ellas en Asturias, y durante este ejercicio que hoy se despide ha habido un constante goteo de cierres.

A partir de mañana, apenas quedará un par de yacimientos a cielo abierto en Teruel; en Palencia intentará mantenerse la pequeña compañía Carbones del Alto Carrión, aunque a sus propietarios les exigen devolver las ayudas recibidas por los anteriores dueños, y en el Principado, el pozo Nicolasa, de Hunosa, se quedará como único ejemplo de la minería de interior. La hullera pública pretende sortear el mandato de la UE con la justificación de que este destinó toda su producción a la central térmica de La Pereda y que no recibió ayudas.

El viernes, sin embargo, fue el último día en el que se extrajo carbón de los otros dos yacimientos que le quedaban en activo a Hunosa: Carrio, en Laviana, y Santiago, en Aller. Mientras que la minería privada del suroccidente ya es solo un recuerdo de lo que fue.

Otro asunto es lo que suceda con sus trabajadores, unos 2.000. En el caso del sector público, Hunosa se ha comprometido a mantener a los mil que tiene en plantilla y contar con los empleados de subcontratas. A pesar de los cierres de Carrio y Santiago, al menos durante un par de años habrá que realizar labores de desmantelamiento en las explotaciones. Además, se prevé potenciar la plantilla del Nicolasa y del Lavadero Batán, que diversificará su actividad hacia carbones destinados a la metalurgia. Queda, sin embargo, por negociar el plan social, que en la actualidad recoge la posibilidad de prejubilaciones a partir de los 54 años.

En el caso de la minería privada, el acuerdo al que llegaron los sindicatos y el Gobierno incluye prejubilaciones a partir de los 48 años y bajas incentivadas para los que no puedan acogerse a ellas, además de una bolsa de trabajo para estos y el personal de subcontratas para contar con ellos en tareas de recuperación de las zonas afectadas. Este pacto, que incluye una partida de 250 millones de euros en cinco años para las comarcas, también fue firmado por la patronal Carbunión para poder estar en la mesa de seguimiento, aunque en desacuerdo.

La explotación de los yacimientos de carbón desaparece, pero de momento las térmicas aún seguirán quemando este tipo de combustible, aunque importado. De hecho, la extracción cayó en España casi un 58% entre 2011 y 2017, un dato que en Asturias se eleva hasta el 78%, mientras la generación térmica se mantenía o, incluso, crecía.

Los Acuerdos de París sobre el cambio climático, las exigencias medioambientales de la UE y la postura del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la descarbonización tampoco auguran buenos tiempos para las centrales de carbón. Previsiblemente, a partir de 2020 solo mantendrán la actividad en Asturias las dos de EdP, Aboño y Soto de Ribera, y quizás la de La Pereda de Hunosa.