El Ministerio de Energía convoca una nueva subasta eléctrica limitada a solo cinco meses

Más de la mitad: de doce a cinco meses. El Ministerio de Energía ha convocado una nueva subasta eléctrica que reduce, sensiblemente, su periodo de vigencia. Según recoge la resolución publicada ayer por el Boletín Oficial del Estado (BOE), el nuevo periodo de interrumpibilidad que habilita se limita a solo cinco meses, frente al año que establecía el anterior modelo. La puja se celebrará entre el 18 y el 22 de diciembre.

Las grandes empresas electrointensivas, las principales consumidoras de energía, aguardaban la publicación en el BOE de esta resolución. En Asturias, especialmente tres 'gigantes' de la industria, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc (Azsa) y Alcoa, que acudieron a las anteriores subastas de interrumpibilidad. Las nuevas condiciones impuestas por el Ministerio de Energía divide las pujas para los grandes consumidores entre seis y diez bloques de 90 megavatios (Mw), que suman entre 540 y 900 Mw, y entre 340 y 412 bloques de 5 Mw, que suman entre 1.700 y 2.060 megavatios.

Según el texto, el precio de salida para cada megavatio del bloque de 5 Mw será de 150.000 euros y para el bloque de 90 Mw, 270.000. Este precio también supone una rebaja respecto a la anterior subasta, cuando la cifra de salida fue de 160.00 y 310.000 euros, respectivamente.

Sin embargo, el principal cambio es el que hace referencia al periodo de vigencia de la interrumpibilidad. La anterior subasta tenía una duración de un año (doce meses) y según la orden ministerial publicada ayer en el BOE la que se celebrará en diciembre limita su periodo a solo cinco meses. No obstante, el Ministerio de Energía no descarta a que a lo largo de 2018 se lleven a cabo nuevas subastas, como una forma de compensación a esta notable disminución de la interrumpibilidad.

La reforma energética llevada a cabo por el Gobierno supuso la creación de sistema de subastas para repartir entre las empresas el llamado servicio de interrumpibilidad. Por él, los grandes consumidores, la industria electrointensiva, reciben una compensación económica por modular su consumo cuando el sistema eléctrico se satura.

En Asturias se aplicó la interrumpibilidad a comienzos de este mes de octubre, cuando un problema en la central de EdP en Aboño obligó a Red Eléctrica de España a aplicar el acuerdo de interrumpibilidad a Arcelor, Azsa y Alcoa para evitar un apagón en la red general.

La última subasta se celebró en noviembre del año pasado, que se saldó con un coste total para el sistema eléctrico de 525 millones de euros, además de adjudicar potencia para todos los participantes en la puja.

Las condiciones de la nueva subasta de interrumpibilidad eléctrica cuentan con el rechazo del PSOE asturiano. El secretario general de la Federación Socialista (FSA), Adrián Barbón, calificó de «absoluta locura» este sistema porque, a su juicio, el Gobierno de España «no está planteando soluciones a los problemas reales» que tiene la industria electrointensiva asturiana.

Barbón hizo estas declaraciones ayer en Avilés, en compañía de los alcaldes y portavoces municipales de los ayuntamientos que conforman lo que el secretario general de la FSA ha llamado el «corredor siderúrgico»: Avilés, Corvera, Gozón, Castrillón, Gijón, Carreño y Navia. También le acompañaron Iván Fernández, secretario de Política Municipal de la FSA-PSOE, y Enrique Fernández, secretario de Política Económica. Durante su comparecencia, el secretario general de la FSA anunció que los socialistas presentarán en los ayuntamientos una moción en la que reclaman al Gobierno que corrija el sistema de subasta actual.

El líder de los socialistas asturianos fue especialmente crítico con la reducción del periodo de aplicación de la interrumpibilidad que establece el nuevo sistema de subasta, que pasa de doce a cinco meses. Por ello, la FSA exige al Ministerio de Energía un periodo mínimo de dos años, «porque en el mercado global en el que estamos es imprescindible que las empresas conozcan el precio al que tienen que pagar la energía».

Para Adrián Barbón, el Gobierno central dispone de los mecanismos suficientes para dar soluciones a estas industrias y «lo que falta es voluntad política». Puso como ejemplo el acuerdo que alcanzó con el PNV para aprobar los presupuestos de este año y que supuso mejoras para las empresas electrointensivas vascas.

El secretario general de la FSA destacó las gestiones que el Gobierno del Principado está llevando a cabo para que el nuevo modelo proporcione un suministro eléctrico «garantizado a un precio final competitivo, estable y predecible» y animó al resto de partidos políticos a que apoyen la moción que ayer presentó en Avilés.