El nuevo Plan del Clima eleva hasta 241.000 millones de euros las inversiones

España aumenta sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero de cara a 2030. Los objetivos que el Gobierno llevará el próximo otoño a la 26 Cumbre del Clima de la ONU contienen una reducción de las emisiones de CO2 del 23% en la próxima década respecto a 1990, lo que supone elevar la rebaja en dos puntos desde el 21% del compromiso actual. El recorte, incluido en el nuevo borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) –abierto ayer a alegaciones hasta el 25 de marzo– que el Ejecutivo enviará en breve a la UE, supone que España habrá dejado de lanzar a la atmósfera en 2030 más de un tercio de los gases de efecto invernadero (GEI) que emite en la actualidad, los principales responsables del cambio climático.

Según las previsiones del plan, antes de 2030 «las centrales térmicas de carbón dejarán de ser competitivas, dado el aumento previsto en el precio de la tonelada de CO2 en el sistema europeo de comercio de emisiones (35 euros por tonelada), la continua reducción de costes en las tecnologías renovables para la generación eléctrica y el precio relativo del gas». Aunque «no es totalmente descartable que se mantenga parte de la potencia instalada allí donde se han acometido inversiones para cumplir con el marco comunitario» –en el caso de Asturias, las centrales de Soto de Ribera y Aboño–, la finalización de la generación eléctrica de las térmicas de carbón se considera «imprescindible» para lograr el objetivo central de mitigación de emisiones contaminantes. No obstante, la transición en el sector «tendrá que ir acompañada de medidas de apoyo a las comarcas afectadas para asegurar que el proceso se desarrolla de forma justa y solidaria».

El Ministerio para la Transición Ecológica, según indicó un portavoz, considera que el nuevo compromiso de España marca «una senda de descarbonización» que cumple con el Acuerdo de París –el pacto para evitar que el aumento de la temperatura terrestre se eleve más de 1,5 a 2 grados centígrados en este siglo–, con las demandas de los científicos y de la ONU y, sobre todo, que permite que el país llegue a 2050 con cero emisiones netas de CO2. El Gobierno defiende que, con sus nuevos objetivos, aporta la cuota de reducciones de CO2 que le corresponde a España –según su tamaño, economía e historial de emisiones– para que la UE pueda aumentar su compromiso con el Acuerdo de París y elevar del 40% al 50% o incluso al 55% la rebaja de emisiones de GEI en 2030 con respecto a 1990.

La opinión de las organizaciones contra el cambio climático es muy diferente. Javier Andaluz, portavoz de Ecologistas en Acción, considera que los nuevos compromisos de España en la lucha contra el calentamiento global «no muestran gran ambición» y que, de hecho, son «pobres». Andaluz recuerda que las principales organizaciones ecologistas españolas reclamaron al Gobierno que elevase su objetivo de reducción de emisiones para 2030 hasta el 55%, más del doble del compromiso que acaba de anunciar. La ONU y el panel internacional de científicos también reclamaron a todos los países una rebaja del CO2 en esta década no inferior al 45%-50% si quieren evitar grandes desastres climáticos y un sobrecalentamiento sin retorno.

Para llevar a cabo esta enorme transformación económica –sobre todo, el impulso de las renovables, la modernización de redes eléctricas y las medidas de ahorro energético–, el Gobierno calcula que de 2021 a 2030 se movilizarán unos 241.000 millones de euros (5.000 más), de los que el 80% serán inversiones privadas. La transición ecológica, según los cálculos del borrador, aportará unos 25.700 millones a la riqueza nacional, por lo que generará un crecimiento adicional del 1,8% del PIB a lo largo de la década. El impulso a la actividad supondría un aumento neto del empleo hasta el final del período de entre 250.000 y 350.000 puestos de trabajo, lo que significa un incremento del 1,7% de las altas en la Seguridad Social y una reducción de la tasa de paro de entre el 1,1% y el 1,6%.

El borrador de PNIEC –que incorpora las modificaciones realizadas por la Secretaría de Estado de Energía basadas en las recomendaciones de la Comisión Europea– indica que, para alcanzar la reducción del 23%, España se compromete a que el 42% de la energía final que consuma en 2030 –incluido el transporte y la industria– proceda de fuentes renovables, lo que supone una mejora de la ambición de siete puntos sobre el plan anterior; y que el 74% de toda la energía eléctrica que genere en una década sea de origen limpio, cuatro puntos más. De igual manera, se compromete a mejorar en 2030 la eficiencia energética nacional en el 39,5%, cuatro puntos y medio más de ambición.