«Todo el Gobierno está de acuerdo en subir las pensiones con el IPC»

Nadia Calviño. /EP
Nadia Calviño. / EP

La ministra de Economía niega «discrepancias» internas aunque matiza que se deben estudiar otros «ajustes» para dar sostenibilidad al sistema

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

El Ejecutivo intentó este viernes cerrar filas sobre la revalorización de las pensiones conforme al IPC, recomendada por el Pacto de Toledo pese a las divergencias iniciales y a la que algunos miembros del gabinete han hecho matizaciones. Entre ellos la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien zanjó la controversia afirmando que «todo el Gobierno está de acuerdo» en subirlas conforme lo haga la inflación, como años atrás.

Lo dijo tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, en rueda de prensa y ante sus colegas de Educación –a la sazón portavoz gubernamental– y Transición Ecológica. «No hay ningún tipo de discrepancia», insistió para acto seguido puntualizar que también «es deseable trabajar para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a medio y largo plazo, para que puedan ser dignas dentro de 20 años y de 40».

Calviño sostuvo que el Ejecutivo en conjunto está en esa línea, al igual que espera que cuando estén concluidas las 21 recomendaciones de los grupos parlamentarios que forman parte del Pacto de Toledo -solo se sabe la del IPC- aborden ese asunto. Eso es, señaló, lo que quiso decir el lunes desde Bruselas -precisamente tras reunirse con el resto de los ministros de Economía y Finanzas de la UE (el conocido como Ecofin)- cuando apuntó que «se trata de un asunto en el que no podemos fijarnos solo en un parámetro», citando como ejemplo la inflación.

«El nivel de las pensiones tendrá que ver con el resto de ingresos, y con otros gastos sostenidos ahora por el sistema contributivo de la Seguridad Social», explicó la ministra, matizando a la vez que «en esta visión general trabaja el Gobierno». En este sentido consideró «extremadamente relevantes» los análisis sobre aumento de habitantes y evolución de la población activa -como el reciente de la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF)- para «valorar la sostenibilidad de uno u otro modelo».

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