Un fondo público para poder conseguir una pensión mayor

La intención del Gobierno es poner en marcha cuanto antes las medidas que propone esta comisión. Así, en los Presupuestos del año que viene se recogerá la subida del 0,9% de las pensiones, en línea con la inflación prevista, y además el Estado asumirá ya una parte importante de los gastos impropios de la Seguridad Social, que ahora se financian con cotizaciones sociales. Pero no solo eso: se incluirá la creación por parte de la Administración de un fondo público de pensiones de empleo para fomentar este tipo de ahorro entre los trabajadores y que tengan un complemento a su prestación pública cuando se jubilen. Así lo confirmaron a este periódico fuentes del Gobierno, aunque mantienen la cautela por lo que pueda suceder hasta que no se aprueben hoy los presupuestos Generales del Estado para 2021.

El proyecto lo lidera el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que siempre se ha mostrado un firme admirador del modelo complementario de pensiones vasco y británico, que ha conseguido que un alto porcentaje de trabajadores cuenten con así con una pensión mayor a la pública. El objetivo del ministro es elevar el porcentaje de trabajadores cubiertos por un plan de pensiones de empresa, llegar a cuantos más mejor, y tratar de facilitarles la obtención de un ahorro complementario. En la actualidad, ni siquiera uno de cada diez trabajadores cuenta con este plan de pensiones (menos de dos millones), mientras que en en el País Vasco se ha logrado que más de la mitad de los trabajadores lo tengan gracias a las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), e incluso este porcentaje se eleva hasta el 70% en Guipúzcoa con el modelo de la entidad Geroa Pentsioak.

Pero, lógicamente, aunque será el Estado el que cree este nuevo fondo, supondrá un esfuerzo por parte tanto de los trabajadores como de las empresas, que tendrán que dedicar un porcentaje, el que decidan, del salario a este fondo. La gestión recaería en una entidad financiera privada, la que gane un concurso público, y podrán adherirse de forma voluntaria las empresas que quieran, al igual que será también voluntario acogerse o no para el trabajador.

El departamento dirigido por Escrivá se encargará de su diseño y tendrá por tanto que establecer cuál será la aportación al plan de empleo que haga la empresa y cuál la aportación del trabajador, así como si el Estado realizará alguna donación a semejanza de lo que ocurre en algunos países del entorno. Recientemente el ministro puso como ejemplo un sistema vinculado a convenios colectivos sectoriales en el que el trabajador aporte un 1% de su nómina al plan de pensiones y la empresa otro 1%.

Este fondo iría acompañado de unas ventajas fiscales mayores con el objetivo de fomentar este tipo de ahorro. Así, a falta de conocer la letra pequeña, todo apunta a que tendrá bonificaciones fiscales superiores a la actual, que fija el máximo de deducción en 8.000 euros anuales. Se elevará al menos a 10.000 euros en estos planes pero, en contrapartida, se recortarán los incentivos de los planes de ahorro individuales. Una de las opciones que se barajan es que solo podrán deducirse 2.000 euros al año, frente a los 8.000 actuales, aunque todo esto tendrá que se negociado.

Lo que se pretende con este fondo es abaratar las comisiones y elevar la rentabilidad y que estos planes de empleo no sean privilegios casi exclusivo de las grandes empresas y se extiendan de forma generalizada a pymes y autónomos. Pero además busca que los actuales planes privados individuales, que en la actualidad es privilegio de las rentas medias y altas, se trasladen a estos planes de empresa.

Para crear este fondo el Gobierno se amparará en la recomendación 16 del Pacto de Toledo, que «subraya la necesidad de impulsar, de forma preferente, los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que integran el denominado segundo pilar del modelo de pensiones, y que prioritariamente habrán de ser sin ánimo de lucro». La Comisión insta además a «dotar a dichas entidades de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado, mejorando el existente en la actualidad y entendiendo que en ningún caso dichos sistemas de ahorro puedan ser considerados como meros productos financieros». Y eso es lo que Escrivá se dispone a hacer: reformar íntegramente esta fiscalidad.