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Manifestación en favor de unas pensiones dignas, en Gijón. D. MORA
Por una política de pensiones más cauta

Por una política de pensiones más cauta

El Gobierno pretende resolver el problema ofreciendo un cheque en blanco con cargo al Estado, pero eso solo creará las condiciones para que el desajuste siga creciendo hasta convertirse en inasumible y, mientras tanto, dejará poco espacio para otras prioridades

ÁNGEL DE LA FUENTE. FEDEA Y CSIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA. U. REY JUAN CARLOS Y FEDEA. ALFONSO SÁNCHEZ. FEDEA

Domingo, 8 de agosto 2021

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El informe del Pacto de Toledo del pasado noviembre marca el inicio de una reforma del sistema público de pensiones que ha comenzado a concretarse con los presupuestos de 2021 y el anteproyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. En estas normas se desmantelan los mecanismos de control automático del crecimiento del gasto que constituían el núcleo de la reforma de 2013 y se inicia el traslado desde la Seguridad Social al Estado del déficit del sistema de pensiones sin tomar medidas efectivas para reducirlo.

Dado el incierto efecto sobre el gasto de los incentivos que se quiere introducir para alargar la vida laboral, la propuesta del Gobierno tiene tres elementos centrales en términos de sostenibilidad: 1) la recuperación de la indexación plena de las pensiones a la inflación, 2) la derogación del no nato factor de sostenibilidad que pretendía ligar la cuantía inicial de las mismas a la esperanza media de vida, y 3) el compromiso del Estado de aportar los recursos adicionales que pudieran hacer falta para afrontar un gasto creciente. A la espera de una incierta segunda fase de la reforma que difícilmente concitará el apoyo de la actual mayoría parlamentaria, quedan en el aire la introducción de un 'mecanismo de equidad intergeneracional' cuyo diseño no se conoce, el posible alargamiento del período de cómputo de la pensión y una revisión al alza de la base máxima de cotización.

Este giro de timón hacia un mayor crecimiento del gasto, financiado básicamente mediante transferencias, se justifica por un diagnóstico voluntariosamente optimista de la situación financiera del sistema público de pensiones y de la capacidad del Estado para inyectar los recursos adicionales que pudieran ser necesarios para mantener el sistema actual sin grandes cambios, más allá de los ajustes paramétricos previstos en la reforma de 2011, todavía en curso. De acuerdo con el análisis del Gobierno, el sistema contributivo de pensiones gozaría en la actualidad de un modesto superávit si no tuviera que cargar con una serie de gastos 'impropios' que realmente no le corresponden, y España podría absorber sin grandes problemas el incremento del gasto que se espera en las próximas décadas como resultado del envejecimiento poblacional dada su favorable posición en relación con otros países europeos.

En un trabajo reciente (https://bit.ly/3qYCvsJ), los autores del presente artículo cuestionamos este diagnóstico y abogamos por una política de pensiones más cauta que la que está planteando el Gobierno. A nuestro entender, los gastos realmente impropios que el sistema contributivo de pensiones soporta en la actualidad no llegan a una cuarta parte del déficit previsto. Sí habría, por tanto, motivos para preocuparse por la viabilidad actual del sistema de pensiones y la estrategia de 'saneamiento' que propone el Gobierno puede ser contraproducente, porque trasladar el agujero presupuestario a otro sitio reducirá la presión para abordar sus causas reales. También analizamos la situación relativa de España dentro de la Unión Europea en términos de gasto público en pensiones con conclusiones muy distintas a las del Gobierno. Cuando se controla por el grado de envejecimiento, nuestro nivel de gasto está casi dos puntos de PIB por encima de la media porque nuestras pensiones están entre las más elevadas en relación con los salarios.

El déficit actual del sistema de pensiones no es, por tanto, un artificio contable, sino un problema muy real que tenderá, además, a agravarse en las próximas décadas según nuestra población envejece y se jubilan las grandes cohortes de 'baby-boomers'. Salvo que tengamos enormes sorpresas positivas en materia migratoria y de productividad, los costes de la transición demográfica a la que nos enfrentaremos hasta 2050 (cuando esperamos que la pirámide poblacional española empiece a normalizarse) serán muy elevados y plantearán cuestiones complicadas. Una de ellas es si podemos permitirnos el lujo de eximir a los ya jubilados, que son muchos y pronto serán muchos más, de los sacrificios necesarios. Si lo hacemos, la factura para los más jóvenes será tanto mayor, y eso generará serios problemas de equidad intergeneracional porque coincidirá con una situación en la que cada vez habrá menos personas en edad de trabajar para pagar la pensión de cada jubilado.

Hay también dudas sobre si podremos pagar la factura de no ajustar las pensiones a las cambiantes circunstancias demográficas y sobre la conveniencia de un blindaje total de las mismas frente a otras necesidades sociales. Según nuestras proyecciones, anteriores a la crisis de la covid y, por lo tanto, seguramente demasiado optimistas, tras la derogación de la reforma de 2013 y en ausencia de medidas compensatorias, el Estado tendría que inyectar cada año al sistema de pensiones un promedio de entre 3,2 y 5,2 puntos de PIB durante varias décadas para mantener ese blindaje, lo que con datos de 2019 supondría entre un 34% y un 55% de sus ingresos tributarios. Comprometer incondicionalmente un volumen semejante de recursos a tan largo plazo no parece una opción razonable.

El mejor punto de partida para el diseño de una política realista de pensiones sería el reconocimiento explícito de que nuestro sistema tiene problemas de sostenibilidad porque ofrece prestaciones por encima de las que puede pagar con los recursos de los que dispone ahora y dispondrá previsiblemente en el futuro. El Gobierno pretende resolver el problema ofreciendo un cheque en blanco con cargo al Estado, pero eso solo creará las condiciones para que el desajuste siga creciendo hasta convertirse en inasumible y mientras tanto dejará poco espacio para otras prioridades. Nuestras propuestas se centrarían en abrir una negociación más amplia para buscar un compromiso razonable entre el gasto en pensiones y otras necesidades y una combinación de medidas de ingreso y de control del gasto que asegure la viabilidad del sistema público de pensiones y un reparto equilibrado del coste de los ajustes necesarios entre todos.

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