La presión fiscal, el control y la moral del contribuyente influyen en el fraude

Un inspector de la Agencia Tributaria por cada 1.958 ciudadanos, frente a una media europea de 970

S. B. GIJÓN.

¿Qué factores determinan el volumen diferencial de la economía sumergida y el fraude fiscal en España desde una óptica comparada? Aunque la literatura al respecto es escasa, de forma reiterada aparecen seis elementos potencialmente relevantes en las comparaciones entre países, según exponen los autores del informe publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas): la situación de la presión fiscal, incluyendo las cotizaciones sociales; la facilidad para ocultar la actividad realizada y/o las transacciones económicas que se generan, la ineficiencia reguladora, la intensidad en el control y represión de la economía sumergida, la moral fiscal de los ciudadanos, y la transparencia y corrupción.

Respecto ala carga fiscal, se parte de la existencia de una correlación positiva entre el crecimiento y nivel de la presión fiscal (incluidas las cuotas a la Seguridad Social), por un lado, y el peso de la economía sumergida, por otro.

En cuanto a la especialización productiva, en la UE la economía sumergida se encuentra concentrada en tres actividades: construcción, pequeño comercio y fabricación de manufacturas. En 2013 el peso de la economía sumergida sobre la producción de cada sector en España se concentraba en la construcción (32%), un porcentaje solo superado por Polonia (40%), Alemania (37%) e Italia (33%); la economía sumergida en el pequeño comercio alcanzaba el 20%, un resultado inferior al que se obtiene, por ejemplo, en Italia (más de un 30%). La fabricación de manufacturas era en España del 18%, frente al casi 30% de Italia.

Actividades hoteleras

Además, se observa una mayor propensión a la economía sumergida de las actividades hoteleras y de restauración (21%), transporte y comunicaciones (16%), servicio doméstico (14%) y alquileres (10%). Por otro lado, existe una relación negativa entre el volumen de transacciones electrónicas (tarjetas de crédito, transferencias bancarias o cualquier otro medio.

En cuarto lugar, hay que referirse al número de efectivos con lo que cuenta España para combatir la economía sumergida, esto es la intensidad en el control y represión de la misma. Una variable para medir esta realidad es el volumen de empleados que trabajan en las administraciones tributarias.

La propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT, 2014), en su memoria anual incide que en 2013 la plantilla es inferior a la media de la OCDE. Ese año había en España un trabajador en la AEAT por cada 1.958 contribuyentes, frente a la media de la UE de 970. El ratio para Francia era de 942, en Alemania de 740 y Reino Unido de 929.17.

En quinto lugar, aparece la moral fiscal; entendida como la predisposición de los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones tributarias de forma voluntaria. Existe una mayor moral fiscal en los países del norte de Europa que en los del sur, incluyendo a España, lo que responder a factores culturales o de transparencia.

Finalmente hay que mentar la posible relación entre transparencia y corrupción por un lado, y economía sumergida, por otro. A partir del índice de Transparencia Internacional (TI), elaborado anualmente por la organización homónima, España ocupaba en 2014 la posición 37 de 174 países analizados.

Dinamarca y Finlandia que son dos de los países con menor peso de la economía sumergida, pero con una presión fiscal muy alta, ocupan las primeras posiciones en el índice de TI.

Por el contrario, otros países con un indicador de TI bajo, por ejemplo, Bulgaria (66), Rumania (69) o Grecia (69) padecen un mayor fraude fiscal y economía sumergida, a pesar de contar con presiones fiscales sustancialmente inferiores. En el Eurobarómetro de la Comisión Europea de febrero de 2013 se señalaba que el 65% de los españoles considera que el problema de la corrupción es muy habitual (35% de media para la UE 27).

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