El Principado responde a Ribera que prever la descarbonización es competencia del Estado

El Principado responde a Ribera que prever la descarbonización es competencia del Estado

Los sindicatos acusan a la ministra de Transición Ecológica de «echar la culpa a todo el mundo» y «hacer la guerra sucia a la minería de carbón»

PALOMA LAMADRID GIJÓN.

Las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica han caído como un jarro de agua fría en Asturias. Desde el Gobierno del Principado hasta los sindicatos, el reparto de culpas realizado por Teresa Ribera el jueves ha provocado enfado, por un lado, y estupefacción, por otro. Criticó que se la acuse de querer acometer una descarbonización exprés, pues «precisamente por no ser acelerados estamos donde estamos», espetó Ribera, para criticar la nula previsión del anterior Ejecutivo y la falta de anticipación de los consejeros de las comunidades autónomas, las patronales y los sindicatos que firmaron acuerdos y planes anteriores. «En primer término debemos hacer una precisión: la planificación energética es una competencia del Estado», subrayó ayer el consejero de Industria, Isaac Pola.

No obstante, es necesario que el Gobierno recoja las propuestas, «no solo de las comunidades autónomas, sino de todos los agentes integrados». De hecho, Pola apuntó que la intención del Principado es que el plan que pretende elaborar el Ejecutivo central «tenga implementaciones adaptadas a los territorios en función de sus realidades y peculiaridades». En este sentido, hizo hincapié en que el Principado es «perfectamente consciente de los objetivos medioambientales que están asumidos por parte de la UE, que tienen carácter global y a los que todos debemos hacer nuestra aportación». Pero quiere que Ribera tenga en cuenta la visión de los asturianos.

Es decir, «que no sea un proceso precipitado, no genere impactos lesivos sobre nuestros ciudadanos y nuestras empresas, que es por lo que estamos preocupados y quienes tenemos que defender», indicó Pola. Puso de manifiesto que la transición «significa evolución en el tiempo, no revolución», por lo que debe estar debidamente programada y adaptada a la realidad de cada región. El caso de Asturias es peculiar respecto al resto de autonomías, ya que posee una industria electrointensiva, cuyo gasto energético supone entre el 20% y el 40% del total que implica la producción. Y es esencial que, mientras se acomete ese cambio de modelo energético, se generen alternativas, remarcó Pola. Estas consideraciones las trasladará a Ribera en la reunión que mantendrán en los próximos días.

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«Dinero para compensar»

Por su parte, los sindicatos elevaron más el tema en respuesta a las declaraciones de Ribera. El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, acusó a la ministra de «esta obsesionada» con acabar con el carbón y lo que hace es «echar la culpa a todo el mundo». «Está diciendo que va a cerrar las térmicas y las minas de carbón y que no va a bajar el precio de la electricidad» y la única solución que ofrece es «dar dinero para compensar; eso en Asturias no nos vale», sentenció.

El secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Damián Manzano, recordó que el sindicato al que representa «lleva desde 2013 exigiendo el cumplimiento del plan de la minería precisamente para que no se llegase a la actual situación», un sector al que «está haciendo la guerra sucia». También destacó que CC OO reclama desde hace años que se remedien los incumplimientos relacionados los fondos mineros dedicados a la diversificación y reactivación de las comarcas, que «el PP usurpó y el Principado ganó en sede judicial».

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