La protección ambiental limita a la energía eólica en el 70,7% de Asturias

Además, en el caso de Asturias, la zona de afectación medioambiental máxima para los proyectos de generación eólica es del 70,76% del total del territorio, mientras que en el total del Estado esa protección afecta solo al 50,9% del territorio. En estas ubicaciones se desaconseja, que no se prohíbe, la instalación de este tipo de infraestructuras por el impacto que su construcción y conservación producirían sobre zonas de una relevancia medioambiental que Ribera quiso poner ayer en valor de diversos modos. Hizo alusión a que «WWF afirma que el 40% de la riqueza está en la conservación y aprovechamiento del medio natural». Ribera subrayó que «los espacios naturales protegidos pueden ser un atractivo para quienes quieran dejar la ciudad», por lo que instó a «conservarlos por su propio valor y por el que tienen para hacer frente al reto demográfico».

Como zonas de afectación 'muy alta' queda el 5,93% del territorio asturiano y el 6% del total nacional, mientras que las limitaciones medioambientales son sensiblemente menores en el caso de la generación fotovoltaica, en la que la zonificación asturiana y la nacional prácticamente calcan sus porcentajes de protección.

Ismael Aznar, por su lado, subrayó que la zona de protección máxima «no supone un veto total, pero sí se trata de espacios con mucha sensibilidad ambiental», y destacó que la herramienta accesible en la página del ministerio (miteco.gob.es) «permite comprobar la afección hasta la escala de terrenos de 25 por 25 metros (625 metros cuadrados) para que los emprendedores «tomen sus decisiones con datos en las manos».

Ribera fue muy insistente en que es preciso acelerar el proceso de descarbonización de la generación energética en España, un país «rico en recursos de energía renovables», según anotó Joan Groizard, quien añadió que las renovables «son la forma más barata de generar energía», por lo que instó a afrontar «el despliegue de ese tipo de generación, integrándola en la actividad empresarial y en la agrícola y ganadera, con más ambición por parte de las administraciones», lo que «permitirá reducir la tarifa eléctrica tanto a particulares como a empresas», lo que supondría un puntal a favor de la competitividad de las empresas electrointensivas españolas.

El ministerio engloba tanto el paso de la generación basada en fuentes de energía que emiten dióxido de carbono a energías renovables como las políticas de cohesión territorial, por lo que la transición ecológica justa se antoja insoslayable para el departamento que dirige la vicepresidenta cuarta del Gobierno. La propia Ribera subrayó ayer que «vamos a descarbonizar la economía española, pero vamos a hacerlo bien», lo que obligará a mantener los equilibrios territoriales reforzando y no despojando a las comunidades autónomas de su capacidad de generación.

Tanto Aznar como Groizard destacaron que la generación fotovoltaica tiene también un papel importante que jugar «en el autoconsumo urbano, con la instalación en cubiertas», para lo que «la inversión necesaria es cada vez menor, con paneles bifaciales que generan más energía en menos superficie, a un coste menor y con equipos con más durabilidad».