El Gobierno convocará en mayo una última subasta eléctrica para la gran industria

El Gobierno convocará en mayo una última subasta eléctrica para la gran industria
Trabajadores de Alcoa, el pasado mes de enero, en plena protesta en Madrid . / CAROLINA SANTOS

Ribera, que estará en funciones, impulsará la puja con un nuevo formato y recién aprobado el estatuto de las electrointensivas

NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN.

El Gobierno apurará al máximo los plazos que le permite la ley y, ya en funciones, impulsará una nueva subasta eléctrica para la gran industria. Lo hará en mayo, buscando los huecos que le deja la férrea normativa comunitaria, que desde hace años vigila con lupa este mecanismo, por el que se retribuye a las empresas por desconectarse de la red en caso de que el operador lo solicite, por ejemplo, ante un pico de demanda y así evitar apagones, o por motivos económicos. Sin embargo, esta herramienta, que no dista demasiado de otras que se emplean en diversos países comunitarios, no es vista con buenos ojos por Bruselas que la considera demasiado cercana a una ayuda de Estado, ya que permite a la gran industria aliviar su factura eléctrica, aunque las empresas defienden que se trata de un servicio que ofrece al sistema 24 horas al día, los 365 días del año.

Ante las amonestaciones de la UE, tanto el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy como el actual se comprometieron a revisar el mecanismo y, de hecho, no se esperaba una nueva convocatoria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica confirmaron ayer a este periódico que el Ejecutivo convocará la subasta en mayo y que es la última que se puede realizar con el modelo actual, tanto por normativa como por plazos. No obstante, la puja incluirá novedades. De hecho, fuentes del Ejecutivo reconocen que contará con «un nuevo formato».

La nueva subasta se desarrollará para completar el ejercicio, ya que en diciembre tuvo lugar la anterior, pero solo con vigencia hasta junio, por lo que esta otra permitirá definir las retribuciones de julio hasta fin de año. Además, su convocatoria será, prácticamente, coincidente con el nuevo estatuto para la industria electrointensiva, cuyo borrador será dado a conocer en los próximos días para que los interesados puedan realizar las alegaciones que consideren oportunas. El pasado lunes, el Ministerio de Industria aseguró que su publicación sería «inminente». Según los plazos que baraja el Gobierno, el Consejo de Ministros aprobará el documento en su última reunión, el 26 de abril, dos días antes de los comicios.

Moción de la Junta General

Precisamente, ayer, la Junta General del Principado aprobó una moción en la que insta al Gobierno central a desarrollar este estatuto lo más pronto posible. La moción, defendida por Ciudadanos, fue respaldada por el resto de grupos de la Cámara, salvo Podemos, que se abstuvo. Además, también pide un arancel ambiental que compense el coste de los derechos de emisión de CO2 y una armonización fiscal entre autonomías

Según avanzó el secretario de general de Industria, Raül Blanco, el estatuto contará con tres ejes: mecanismos para bajar la factura eléctrica de forma directa, ayudas por los costes indirectos del CO2 y facilidades para los contratos bilaterales entre las empresas y los generadores de la electricidad.

Según el borrador, se considerará usuario electrointensivo al que haya consumido más de 40 GWh en dos años, aunque se crearán dos categorías diferenciadas, electrointensivo y el hiperelectrointensivo, para estos últimos habrá más ventajas.

Sin embargo, el documento no hará caso a una de las reivindicaciones habituales de la gran industria, ya que descarta la aplicación de una tarifa especial para sus factorías, aunque sí contarán con incentivos. No obstante, estas ayudas estarán ligadas también a obligaciones en materia de reducción de emisiones y con la exigencia de innovaciones y una mayor eficiencia.

Las empresas aguardan con expectación el nuevo estatuto, aunque sin demasiadas esperanzas, dado que no puede contar con una gran carga económica, debido a los presupuestos prorrogados del Partido Popular, y no se descartan que, simplemente, se reordenen las ayudas ya existentes, como las que se conceden por los costes indirectos del CO2, aunque se eliminen algunas trabas.

Tampoco hay grandes esperanzas con los recursos que se puedan obtener de la nueva subasta de interrumpibilidad, sumas que pagan los ciudadanos en sus facturas eléctricas, dada la evolución a la baja de los últimos años. En la última, el sector en Asturias recibió alrededor de cien millones de euros, menos de la mitad de los adjudicados para los seis meses precedentes, que ya eran cifras muy inferiores a las anteriores, mientras que desde Bruselas se instaba a revisar el mecanismo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se quejaba de su escaso uso y de su alto coste.

En este panorama, se tendrá también que concretar o no la posible venta de las factorías de Alcoa de Avilés y La Coruña, una operación que de no fructificar, supondrá el inicio de los despidos a partir del 30 de junio. La compañía quiere tener tener las propuestas de los posibles inversores antes del 15 de abril. Precisamente, los malos resultados que obtuvo Alcoa en la subasta de 2014 le sirvieron entonces de argumento para amenazar con un ERE y para lograr una convocatoria 'ad hoc' que sí cumplió sus expectativas. El alto coste de la electricidad también es uno de los argumentos utilizados ahora por la aluminera, aunque no el único, y justifica el cierre en problemas estructurales y el escaso rendimiento de las factorías.

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