Teresa Ribera asegura que el Gobierno «no va a hacer una barbaridad» con el carbón

Teresa Ribera asegura que el Gobierno «no va a hacer una barbaridad» con el carbón
Teresa Ribera, ayer, antes de comparecer en el Congreso para explicar las actuaciones del Gobierno en relación al proyecto del almacén de residuos nucleares de Cuenca. / EFE

La ministra reconoce que habrá «tensiones» en las zonas afectadas y culpa al Ejecutivo de Rajoy, autonomías y agentes sociales de poca previsión

NOELIA A. ERAUSQUIN / AGENCIAS GIJÓN / MADRID.

La ministra de Transición Ecológica volvió a matizar ayer las palabras que pronunció al llegar al cargo hace casi tres meses. Desde aquel «las centrales térmicas no tienen sentido» que afirmó entonces, Teresa Ribera ha ido rebajando el tono y ayer pasó a un «el Gobierno no va a hacer una barbaridad» en cuanto a las fechas de cierre de las térmicas y las nucleares. No es una rectificación, la titular de la cartera en la que se engloban las competencias de Energía defiende los compromisos «claros» del Ejecutivo en materia medioambiental, pero sí suaviza su mensaje al reflejar que «también sabe lo que es mejor para la economía».

No obstante, estas palabras de Teresa Ribera durante un foro público no permiten augurar un futuro optimista para las térmicas, ya que la apuesta por la descarbonización es firme. De hecho, reconoció las «tensiones» que pueden producirse en las zonas en las que se destruya empleo y admitió que el carbón será «el primer caso en el que esto se materializa». Su futuro, apuntó, quedará reflejado en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, así como en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que prepara el Gobierno, y que fijará como «segunda prioridad», tras la medioambiental, el empleo, con un «acompañamiento solidario» del trabajo que está «en retiro».

Ahora defiende que es un objetivo del presidente del Gobierno apostar por «identificar oportunidades en cada uno de estos espacios» y acometer un plan de desarrollo local. En caso contrario, «es normal que a la gente le preocupe», manifestó.

Pero además, también repartió culpas. «Me hace gracia el concepto de transición acelerada del que se nos acusa», pues «precisamente por no ser acelerados estamos donde estamos», espetó Ribera, para considerar una imprudencia la falta de previsión del anterior Ejecutivo. «No sabemos cuáles eran los escenarios que se manejaban, no había nada de nada, ni encima de la mesa ni dentro de los cajones, una absoluta irresponsabilidad», censuró. A la hora de hacer reproches no se quedó solo con el Gobierno del PP, también acusó de falta de anticipación a los consejeros de las comunidades autónomas, patronales y sindicatos que firmaron acuerdos y planes anteriores.

En su opinión, se tenía que haber trabajado desde 2011 para no tener ahora «sorpresas» y permitir la transición energética justa. «Hoy por hoy lo que sabemos es que las fechas marcadas con respecto a las centrales de carbón no han sido acompañadas de un proceso previo y sabemos que en los próximos 18 meses la gran parte de las centrales deberán presentar sus solicitudes de renovación de permiso o de cierre», señaló también.

Primeros cierres

El primer cierre que se prevé y que afectará de forma indirecta a Asturias es el de la térmica leonesa de Anllares, cuya tramitación ya está avanzada, y para la que el carbón llegaba desde el puerto de El Musel. Pero a esta instalación podrían seguir las centrales de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), para las que Iberdrola ya ha solicitado el cese de la actividad.

En otro foro, la consejera delegada de Iberdrola en España, Ángeles Santamaría, defendió la viabilidad de clausurar las térmicas manteniendo la garantía de suministro, aunque admitió que los cierres tendrán impacto en el tejido industrial y el empleo. Para mitigar estos efectos pidió la colaboración de todos los agentes y emplear ayudas europeas que ya utilizan países como Polonia y Alemania.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, auguró también el fin del carbón, expulsado del mix por la legislación y el coste de las emisiones de CO2, mientras que el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, señaló que «el carbón esta encaminado a llegar a su fin de vida», aunque defendió que ese final tiene que ser justo.

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