El TSJA condena a la cúpula de Transportes de UGT por vulnerar «la libertad sindical»

Asamblea de trabajadores del sector del Transporte en el salón de actos de UGT Asturias. /
Asamblea de trabajadores del sector del Transporte en el salón de actos de UGT Asturias.

Estima que falseó el censo para aumentar los afiliados en las empresas afines y ordena reponer a un dirigente en un cargo que ya no existe

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de estimar una demanda promovida por tres afiliados de UGT contra la Federación Estatal del Servicio a la Movilidad y Consumo y la cúpula de la ya disuelta Federación asturiana de Transportes, Comunicaciones y Mar (TCM). La Sala de lo Social considera que quienes eran el secretario general (Florentino Vázquez), el de organización (Fernando Llera) y el de administración (Luis Blanco) vulneraron el derecho a «la libertad sindical», al promover o amparar la adulteración de las listas de afiliados que funcionan como censo electoral. El amaño consistiría en incrementar la cifra de afiliados en las empresas donde tenían mayor influencia y rebajarlo en las demás.

Esta «conducta antisindical» lleva al TSJA a declarar «radicalmente nula» la resolución de la comisión ejecutiva del 4 de diciembre pasado, que fijó el número de miembros con derecho a voto. En consecuencia deja sin efecto las conferencias congresuales del 27 de febrero y del 12 de junio. Contra la resolución cabe la posibilidad de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

«Ganar fuera lo perdido»

Fuentes próximas a la Ejecutiva asturiana expusieron su malestar contra «quienes intentaron ganar fuera lo que perdieron dentro, judicializando la vida interna del sindicato». Aseguran que «el objetivo de los demandantes era lograr la expulsión de los demandados del sindicato y repetir los congresos comarcales, cosa que los jueces no les han dado». El fallo ordena reponer al demandante José Francisco Braña en el cargo de secretario de Transportes y Urbano, puesto «que ahora no existe; es más, desde el 29 de marzo la federación está disuelta y pendiente de fusión con los compañeros de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego».

La polémica surgió ante la sospecha del propio Braña de que el listado de afiliados había sido adulterado. Impugnó en diciembre en los órganos internos la supuesta irregularidad. Llera Parajón desestimó el asunto en representación de la ejecutiva de TCM, exponiendo que en congresos anteriores se detectó que el 50% de los afiliados no estaban agrupados en sección sindical alguna (en parte por encontrarse en el paro), mantener el censo al día resulta complicado y existe una discrepancia con la lista que manejaba la Federación Estatal. Según esta versión UGT Asturias venía advirtiendo a Madrid de que por ejemplo atribuía a Oviedo los afiliados de otras comarcas.

Representados por el letrado Ignacio Pérez-Villamil, Braña y dos compañeros requirieron por vía judicial que la Federación Estatal presentara dicho censo. El ejercicio acreditó una disparidad de hasta el 79% entre el número de afiliados que la federación asturiana atribuía a determinadas empresas y los números de Madrid.

En la empresa Transinsa el censo asturiano atribuía 271 afiliados y Madrid sólo sabía de 151. En Tranvía Eléctrico los 14 afiliados reconocidos por la Federación Estatal eran 25 en la asturiana. En Hermanos Robledo la Federación estatal reconocía un afiliado mientras el censo asturiano afirmaba que eran 20. En Transevares se contaron 19 representantes pese a que Madrid sólo sabía de dos.

Lo contrario ocurría en Jofemene, que carecía de representante alguno de UGT según el listado asturiano, pese a que en Madrid se tenía noticia de 25 afiliados. Los 157 militantes que la Federación Estatal encontraba en Asturmasa habían quedado reducidos a 102 para la TCM. En Grúa Municipal de Oviedo de los 71 afiliados del censo estatal sólo quedaban 18 en la referencia asturiana.

De las 19 secciones polémicas los listados coincidían en una. El fallo refleja que «el desacuerdo entre los datos de una y otra no encontró respuesta en las palabras del señor Llera quien, a preguntas del Ministerio Fiscal manifestó desconocer la fuente de la que se surtía la federación estatal para confeccionar sus listados, mientras que, de contrario, el censo de la comisión ejecutiva de Asturias estaba formado a partir de las cuotas que pagaban los afiliados por los sistemas de descuento en nómina y domiciliación bancaria. Sin embargo, si hemos de estar a los Estatutos Federales y a la normativa interna, la gestión del cobro de las cuotas es una competencia de la Federación Estatal».

El criterio recaudatorio

La Sala de lo Social sostiene que tras proceder a la recaudación, la Federación Estatal procede «posteriormente a la distribución de la cuota a las Federaciones Territoriales». Por este motivo los magistrados dieron mayor credibilidad al censo estatal.

Florentino Vázquez y y Llera Parajón acudieron el pasado 9 de octubre al acto de conciliación y juicio, no así Luis Blanco ni el representante de la federación estatal. Durante la vista una de las explicaciones esgrimidas consistió en señalar que «los datos aportados por la Federación Estatal no solamente computan los afiliados del sector, sino que en el mismo se incluyen la totalidad de los afiliados de UGT en las respectivas empresas». Es decir, que si la sociedad tenía a un médico afiliado éste no quedaba reflejado en el censo asturiano al considerarlo ajeno a la federación de Transportes, Comunicaciones y Mar. El personal de administración por su parte quedaría adscrito a la Federación de Servicios.

La sentencia opone que «con independencia de que tal afirmación no pasó de ser eso, una mera alegación sin soporte probatorio alguno, la misma tampoco resulta conforme con la normativa interna que disciplina la estructura organizativa de la Federación». De la lectura de los reglamentos de UGT los magistrados concluyen que la sección sindical agrupa a todos los afiliados de un centro de trabajo, es decir, que «estatutariamente se aplica el principio de unidad de empresa».

Derecho constitucional

En los fundamentos de derecho de la sentencia, el TSJA argumenta que los hechos descritos vulneran el derecho a la libertad sindical, protegido por la Constitución Española. Los magistrados señalan que una de las atribuciones de este derecho consiste en que los afiliados puedan «elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato». Desde esta perspectiva «qué duda cabe de que el falseamiento del censo electoral utilizado para la elección de los delegados a la Conferencia Sectorial y al Congreso regional (...) obstaculiza e impide el libre ejercicio del derecho de los afiliados a elegir a sus representantes y merece el calificativo de conducta antisindical».

Los demandados reprocharon que el 27 de febrero Braña no impugnó una elección celebrada con el supuesto censo falseado y de la que había salido elegido delegado, y que sólo acudió a la vía judicial cuando los comicios le perjudicaron. «Con independencia de la doblez denunciada, debe recordarse a la parte demandada que el consentimiento del lesionado no puede jugar como causa de justificación de la conducta contraria a los derechos sindicales», afirma el auto.

 

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