Borrar
Javier Fernández, a la derecha, presidió ayer la última reunión de la mesa de seguimiento del AEPA de la legislatura.
El Principado admite los incumplimientos      del acuerdo de concertación social

El Principado admite los incumplimientos del acuerdo de concertación social

En el capítulo de obra pública existe a día de hoy un desfase entre lo comprometido y lo realmente ejecutado de al menos 500 millones

DIANA DE MIGUEL

Sábado, 11 de abril 2015, 01:15

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

En los últimos meses, los sindicatos y, sobre todo, los empresarios han estado alertando de los reiterados incumplimientos del pacto de concertación social en materia de licitación pública. Y ayer al Gobierno regional le tocó poner negro sobre blanco a un acuerdo de «claroscuros», según la denominación que utilizó el director general de la Fade, Alberto González. Un acuerdo que iba a movilizar en tres años 1.500 millones, entre obra nueva y trabajos de mantenimiento, pero al que las exigencias de la crisis, que ha mermado la capacidad del Gobierno para la inversión, y matices varios, como la prórroga presupuestaria, las nuevas formas de interpretar el cómputo de la deuda o los fondos mineros no cobrados, ha terminado dando todo un baño de realidad. Solo del ejercicio 2015 están pendientes de licitar actuaciones -obra nueva y mantenimiento- por importe de 365 millones, prácticamente la mitad de lo comprometido, según los datos que ayer ofreció el consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, tras la última reunión de la legislatura de la mesa de seguimiento del Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA).

Aunque el responsable de Empleo solo se refirió a la licitación pendiente del ejercicio en curso y sin querer entrar en demasiado detalle, si a esta cifra se suma la obra nueva pendiente de licitar de los ejercicios 2013 y 2014 que esgrimieron los constructores hace poco más de un mes, el desfase entre lo comprometido y lo realmente invertido ronda los 500 millones de euros, a los que habría que sumar, en el caso de existir, los incumplimientos en actuaciones de mantenimiento de los dos primeros años del acuerdo.

Un déficit que el Principado se ha comprometido a recortar al máximo licitando, en las pocas semanas que todavía le quedan para hacerlo, el volumen de obras necesario para alcanzar, antes de que finalice el primer semestre, el 70% de la licitación total, tal y como figura en el acuerdo. Una carrera contrarreloj que a buen seguro deberá continuar el Gobierno que salga de las urnas tras los comicios de mayo. No hay que olvidar que el acuerdo no finalizará su vigencia hasta el 31 de diciembre y que en los próximos meses el Ejecutivo regional, primero el saliente y luego el nuevo, y los agentes sociales deberán dar continuidad al resto de capítulos recogidos en el acuerdo.

Fue precisamente a la globalidad de dicho pacto, que nació con el objetivo de movilizar 2.279 millones -además de inversión en obra pública incluye partidas para los planes locales de empleo, la dinamización económica, la I+D+i, vivienda y bienestar social- a la que ayer se acogieron unos y otros para defender, aunque con algunos matices, las bondades del documento. Sindicatos y patronal remarcaron el cumplimiento del pacto en los aspectos concernientes a empleo, formación y bienestar social.

Desde CC OO, su secretario general Antonio Pino, destacó el hecho de que a través de los planes locales y acciones complementarias se hayan podido «crear o sujetar» alrededor de 7.000 puestos de trabajo y puso el acento en la necesidad de que el Ejecutivo lleve a término el tercer plan de empleo comprometido antes de su disolución, algo que Torre no dudó en comprometer. Pino también valoró el esfuerzo del Principado en el capítulo de política social. Coincidió con el director de Fade en remarcar el déficit en la gestión de los fondos destinados a la I+D+i.

Argumentan que al estar en manos de diferentes consejerías resulta prácticamente imposible conocer cómo se gasta el dinero, pero, también, que los fondos que han ido a parar a las empresas han sido muy inferiores a los comprometidos. El secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, fue el que con más fuerza defendió las bondades de un acuerdo «responsable y muy necesario» en el que, ante los rigores de la crisis, se apostó por anteponer los sistemas públicos de sanidad y educación, así como el salario social y las políticas de protección social a las «también necesarias» inversiones.

Sobre la posibilidad de reeditar el pacto con el Gobierno que salga de las urnas, más dudas que certezas, sobre todo, en el bando empresarial. Unos y otros ponen en valor la importancia de acordar políticas aunque desde Fade remarcan la necesidad de cambiar la forma o el modelo o, al menos, de debatir si es necesario hacerlo.

Recuerda su director general que el AEPA es el cuarto acuerdo de concertación que se firma con una estructura similar, pese al salto temporal transcurrido. Lo cierto es que el primer acuerdo, el PIE se firmó en 1999 con un marco socioeconómico que poco o nada tiene que ver con el actual.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios