Los ayuntamientos deben pagar 4.000 euros por cada demanda contra los planes de empleo

Los ayuntamientos deben pagar 4.000 euros por cada demanda contra los planes de empleo

La FACC, el Principado y los sindicatos trabajan contrarreloj en la elaboración de unas nuevas directrices que permitan desbloquear las contrataciones

DIANA DE MIGUELGijón

Los planes locales de empleo, con cerca de 700 contrataciones cada año, han permitido mitigar las dificultades de inserción laboral a las que se enfrenta en Asturias el colectivo de desempleados de larga duración más castigado por la crisis. Pero hace semanas que estos planes son, también, un quebradero de cabeza para sus responsables después de que los tribunales estén obligando a los ayuntamientos responsables de estas contrataciones a incorporar como personal indefinido a beneficiarios de planes anteriores. Así, aunque, sobre el papel, la duración de estos contratos es de un año, los jueces entienden que el hecho de haber asignado «tareas indefinidas» a dichos trabajadores y no adscritas a un proyecto concreto es motivo suficiente para apoyar su reclamación.

Una situación que deja en una posición muy delicada a los consistorios, que se enfrentan a la tesitura de tener que asumir personal cuyos contratos no pueden costear, o bien a abonar la correspondiente indemnización con un desembolso económico nada despreciable. Y es que los consistorios que se vean afectados por estas sentencias no solo deben hacer frente a la correspondiente indemnización por despido improcedente -unos 600 euros por trabajador-. Además y, sobre todo, deberán ajustar el salario abonado para equipararlo al fijado por el convenio del ayuntamiento en cuestión lo que eleva la cuantía a indemnizar hasta los 4.000 euros de media, según las fuentes consultadas. Un gasto, que considerando una contratación media anual de, al menos, 600 personas en toda Asturias por esta vía arroja cifras millonarias y, a todas luces, inasumibles para muchos ayuntamientos. De momento, es el de Gijón, que sólo el año pasado contrató a cerca de 400 personas por esta vía, el que acumula más sentencias desfavorables, entre 30 y 35. Otros, como los de Oviedo y Mieres, se encuentran en la fase de reclamaciones previas y las primeras sentencias podrían demorarse, al menos, hasta la primavera.

El hecho de que el conflicto coincida en el tiempo con la próxima puesta en marcha del nuevo plan local de empleo 2015-2016, con 9,7 millones invertidos para contratar a 707 personas, ha hecho saltar todas las alarmas. La primera en mover ficha ha sido la Federación Asturiana de Concejos (FACC) que, como adelantó este periódico, remitió el martes una carta a todos los alcaldes sugiriéndoles la paralización temporal de la elaboración de las bases y su publicación hasta que los servicios jurídicos encuentren una solución al embrollo legal.

Los plazos son ajustados, toda vez que las contrataciones que se realicen en el marco del próximo plan de empleo terminarán su vigencia el 30 de noviembre de 2016 y que todavía tienen que realizarse las pruebas de selección. De ahí que los ayuntamientos, el Principado y los sindicatos estén trabajando contrarreloj en la elaboración de unas directrices que sirvan de orientación a los municipios y permitan desbloquear las nuevas contrataciones. Los responsables de Empleo de UGT y CC OO, Paula Trueba y Adrián Redondo, confían en encontrar a la mayor brevedad posible una solución «legal y social» a este problema. Agilidad, porque recuerdan desde UGT, «siempre hemos reinvindicado que las contrataciones se prolonguen durante, al menos, un año para que sirvan para generar una prestación por desempleo. Trueba recuerda que estos planes surgieron como un «empleo paliativo» y que en ningún caso tienen que servir para cubrir puestos de estructura en los ayuntamientos.

El problema no es nuevo. De hecho, hace ya cinco años que un juez de Avilés estimó la reclamación de uno de los beneficiarios de los planes de empleo que se pusieron en marcha en esa localidad. Sin embargo, no fue hasta la pasada primavera, cuando el apoyo judicial a la reclamación de un trabajador del último plan de empleo que puso en marcha el Ayuntamiento de Gijón abrió la espita de las reclamaciones en masa.

El asunto es complejo y el germen de la ahora cuestionada modalidad de contratación se remonta al año 2004. Entonces, el Gobierno presidido por José Luis Zapatero eliminó el contrato de inserción laboral que utilizaban los ayuntamientos para contratar a desempleados a través de los planes locales de empleo. La figura que sustituyó a esa modalidad contractual fue la del conocido contrato por obra y servicio que obliga a circunscribir las contrataciones que se realicen por esta vía a un proyecto concreto, algo que en el caso de los planes locales de empleo entraña grandes dificultades.