Los alcaldes asturianos urgen medidas ante la crisis industrial

Regidores de municipios mineros y con presencia de grandes empresas abogan por reforzar la coordinación entre las administraciones

P. LAMADRID / N. A. ERAUSQUINGIJÓN.

Llueve sobre mojado en materia industrial. Los intentos de cierre de Alcoa y Vesuvius, la amenaza que se cierne sobre las centrales térmicas de carbón o la reducción de producción en Saint-Gobain y Arcelor son los síntomas de un problema más profundo, la crisis de todo el sector y que deja a Asturias, una comunidad que lleva el último siglo viviendo de reconversión en reconversión, en una situación complicada. El corazón económico de la región está en peligro y, ante esta situación, empresarios y sindicatos han levantado la voz para reclamar al Gobierno un plan industrial específico para el Principado.

La ministra del ramo, Reyes Maroto, no vio con malos ojos en su reciente visita a Asturias contemplar las particularidades de la comunidad o, incluso, elaborar un estudio sobre el impacto de la transición energética en el Principado. Sin embargo, la nueva concovatoria electoral deja en el aire estas posibilidades, como también la aplicación del estatuto de las empresas electrointensivas, vital para la gran industria.

En este contexto, numerosos actores urgen a que se tomen medidas, entre ellos, alcaldes de los concejos con mayor peso del sector y aquellos con un pasado minero. Coinciden en la importancia de que las administraciones trabajen codo con codo para aprovechar al máximo los recursos existentes, como los que llegarán de la Unión Europea. En este sentido, el alcalde de Navia y presidente saliente de la Federación Asturiana de Concejos (Facc), Ignacio García Palacios, comparte la petición manifestada hace algunas semanas por la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) de desarrollar una estrategia propia para la comunidad, donde la industria aporta el 23,6% del PIB. «Es necesario tener un planteamiento de la transición energética en Asturias, ya que sin duda nos afecta de manera muy fundamental», apunta. También advierte del grave inconveniente que supone la inestabilidad política. «No hay presupuesto, no se pueden realizar este tipo de políticas que necesita la industria», lamenta. Por lo que insiste en reclamar que se flexibilice la regla de gasto de los ayuntamientos y que así puedan disponer de los «27.500 millones de remanente que están bloqueados en los bancos», 500 en el caso de Asturias.

La alcaldesa de Gijón, Ana González, pone de manifiesto las dificultades a las que se ha enfrentado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Lleva tiempo trabajando en una transición justa y el hecho de que se haya acuñado ese término es precisamente para hacer hincapié en que en esa transición se tendrán en cuenta las características particulares de cada territorio, entre los que se encuentra, por supuesto, Asturias», afirmó. Por su parte, el regidor de Morcín y vicepresidente de la Asociación Comarcas Mineras (Acom), Maximino García, también apuesta por «unificar los proyectos» para los que se pretende obtener financiación. «Deberíamos unir fuerzas la parte política y la empresarial y generar una mesa con asesores, personas especializadas que nos digan qué tipo de iniciativas pueden aportar estabilidad para el futuro». En este sentido, hace un llamamiento a dejar de lado los localismos porque «pelear por la ubicación de determinadas cosas es un error».

Grupo de trabajo

«Hay que poner fin al día de la marmota: Asturias no puede seguir perdiendo trenes mientras derrochamos energías en los mismos debates desde hace décadas», subraya el vicealcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez. La nueva repetición electoral no facilitará las cosas. Además, propone crear un grupo de trabajo entre los ayuntamientos y el Principado para elaborar «una hoja de ruta compartida que nos permita exigir las inversiones al Estado y trabajar juntos ante la Unión Europea».

El alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, también considera que puede ser ventajoso centrarse en proyectos comunes. «Estamos abiertos a iniciativas mancomunadas, no solo con municipios limítrofes, sino con todos aquellos que tengan los mismos objetivos», asegura. Por su parte, Genma Álvarez, alcaldesa de Lena, pone al acento en que «realizar inversiones para conseguir un tejido económico alternativo» es esencial en las cuencas mineras para paliar la elevada tasa de paro. Y, a su vez, «para poder atraer a nuevas familias y evitar así la despoblación».

También en la otra cuenca comparten preocupaciones y buscan forjar un nuevo entramado empresarial, con mayor urgencia, si cabe, tras el anuncio de Vesuvius de cesar la actividad. «Tenemos proyectos para atraer industrias limpias, ligadas al desarrollo de las nuevas tecnologías, a los polígonos industriales que ya existen en el concejo y a los suelos industriales liberados por el abandono de las actividades tradicionales», señala la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú. La primer edil destaca que «formar un frente unido de actuación» facilita la consecución de inversiones europeas. «Es todo el modelo social del continente lo que está en juego en vuestra parcela del polígono de Riaño», clamó el pasado lunes durante la marcha de los trabajadores de Vesuvius, para añadir que «es hora de que la política decida si permite esta globalización sin frenos ni bridas morales o si exigimos a las empresas que se impliquen» con las comarcas.

Pese a la crisis que atraviesa el sector, que ha perdido 5.000 empleos en Asturias en solo un año, el alcalde de Corvera, el segundo concejo más industrial de la región, quiere enviar un mensaje optimista. «Es verdad que hay problemas, pero las peculiaridades de Asturias también suponen fortalezas porque esa tradición de ser una tierra con empresas, trabajadores y sindicatos que saben lo que hacen sirven para el futuro», remarca Iván Fernández.

La alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández, también pone en valor las oportunidades de la región en el proceso de descarbonización, precisamente por el arraigo de la gran industria. No obstante, apunta que es indispensable «reclamar la financiación adecuada para nuevos proyectos de emprendimiento que garanticen la capacidad económica de las familias, pero, a la vez, hay que pedir corresponsabilidad al sector empresarial».