La plantilla de Alcoa inicia movilizaciones

Asturias clama contra el cierre de Alcoa
Trabajadores de la plantilla de Alcoa salen de la factoría de Avilés después de que la empresa les comunicara su decisión de despedirles. / MARIETA

La primera acción se llevará a cabo mañana, con una concentración de dos horas a la entrada de la factoría. También habrá una marcha reivindicativa el 27 de octubre en bicicleta a Covadonga

RUTH ARIAS / NOELIA ERAUSQUIN GIJÓN.

El comité de empresa de Alcoa en Avilés ha incluido entre sus acciones, tras el anuncio de la multinacional norteamericana de cerrar la planta, una marcha reivindicativa en bicicleta hasta Covadonga, en Cangas de Onís, el próximo sábado 27. La salida de la marcha comenzará en Avilés. A la llegada a Covadonga esperarán a los participantes las familias y todos aquellos trabajadores que por alguna circunstancia no pueden acudir. Se leerá un manifiesto para solicitar la retirada del despido que ahora mismo tienen encima de la mesa.

La marcha a Covadonga será una de las acciones previstas, incluidas ya en un calendario que contempla ya este viernes concentraciones en la portería de la empresa de 14 a 16 horas. Igualmente el lunes se concentrarán los trabajadores de 14 a 17 horas frente a la fábrica.

Una representación de los trabajadores acudirán a la manifestación convocada para este sábado por los trabajadores de Alcoa en La Coruña. Además, tiene prevista una manifestación para el 8 de noviembre en Avilés en defensa de la continuidad de Alcoa y los empleos.

Por otro lado, el martes 23 se producirá una reunión entre el Ministerio de Industria y la dirección de la empresa para conocer «de primera mano» los motivos del cierre. Los trabajadores también están preparando otras acciones, como una manifestación en Avilés, reuniones con políticos, recogida de alimentos, o concentraciones.

Clamor contra el cierre

Asturias vivió ayer un auténtico terremoto industrial. La multinacional americana Alcoa anunció el cierre de sus plantas de Avilés y La Coruña y el despido colectivo de sus trabajadores, 317 en el caso de la instalación asturiana y 369 en el de la gallega. Una cifra que roza el millar si se tienen en cuenta los empleados de subcontratas que dependen directamente de la empresa. En el caso de la planta de San Balandrán son unos 150. Argumenta la compañía para tomar esta decisión los «problemas estructurales» de ambas instalaciones. De hecho, llegó a realizar varios análisis, internos y externos, cuyas conclusiones apuntaban al cierre y a agrupar todo el trabajo en la fábrica lucense de San Ciprián, la mayor que tiene en el país, con 1.300 empleados centrados en producir aluminio y alúmina.

La decisión de la compañía supone una dura estocada para la economía asturiana, que intenta aún recuperarse de la crisis en medio de las amenazas que suponen la desaceleración del crecimiento, el posible fin de la minería o el cierre de las térmicas, el aumento del precio de los derechos de emisión o el elevado coste de la electricidad, entre otros riesgos que amenazan en el corto plazo el desarrollo regional. Y este golpe es aún mayor para la comarca avilesina, que todavía digiere el incendio del martes en las baterías de cok de Arcelor, y que tiene en Alcoa uno de sus motores económicos -en 2017 la compañía movió 137.000 toneladas a través de su puerto-.

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Nada más conocerse la noticia, fuerzas políticas y agentes sociales, tanto a nivel regional como nacional, cargaron duramente contra la medida adoptada por la multinacional y abogaron por un frente conjunto de Asturias y Galicia con el apoyo de Gobierno central para intentar revertir la decisión. Tanto desde el Ejecutivo de Javier Fernández como desde el de su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, se está por la labor. De hecho, ambos presidentes se reunirán el próximo viernes para coordinar una respuesta conjunta.

La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los trabajadores de la planta asturiana a los que no les cogió del todo por sorpresa, aunque tampoco esperaban una decisión así. El martes, cuando el grupo anunció una reunión simultánea en las tres factorías españolas, el pesimismo se apoderó de gran parte de la plantilla que lleva años bajo la amenaza de un cierre. De hecho, en 2014, tras una subasta de interrumpibilidad que no colmó sus expectativas, Alcoa presentó un ERE de extinción que acabó retirando, al acceder el Gobierno a realizar una nueva puja que sí le permitió lograr bloques suficientes para mantener la actividad. Este mecanismo retribuye a las empresas electrointensivas por desconectarse de la red, algo que les permite aliviar su abultada factura eléctrica, que supone el 40% de los costes de producción en el caso de Alcoa. Dos años después de esto, en 2016, trascendió que la multinacional estadounidense pretendía vender sus fábricas, aunque la operación no fructificó. Los posibles interesados -la empresa española Alibérico, el grupo alemán Trimet y el fondo de inversión Atlas (que a través de la firma Aludim ya tiene dos factorías de aluminio en Alicante y Vizcaya, precisamente adquiridas a Alcoa)- desistieron de la operación por estimar que no aportaba la rentabilidad suficiente.

Dos décadas después de hacerse con la antigua Inespal, a la que pertenecía la planta avilesina, la multinacional americana anuncia ahora estos cierres. A la justificación del elevado precio de la electricidad que empleó en ocasiones anteriores para amenazar con esta medida, ayer añadió problemas estructurales productivos y tecnológicos de las dos factorías afectadas, como su menor capacidad de producción, pero también advirtió de los efectos de la sobrecapacidad de producción de China o el elevado precio de las materias primas.

Estos argumentos, sin embargo, son desmontados por administraciones y sindicatos, que culpan a la propia empresa de la menor productividad de las plantas ante la falta de inversiones o de querer «especular» con la alúmina, que ahora resulta un negocio más rentable, frente al aluminio primario que se producen en Asturias y La Coruña. Por ello reclaman la continuidad de las instalaciones.

Continuidad

La empresa, por su parte, asegura que se ha comprometido a intentar reducir el impacto de este proceso y que negociará un plan social con los trabajadores, pero en ningún momento abre la puerta a mantener la actividad, a pesar de afirmar ser «consciente» de la repercusión humana y social de ese anuncio. El paso siguiente del grupo estadounidense será abrir el periodo preceptivo de 30 días de consultas con los representantes de los trabajadores y convocarles a una mesa de negociación. El 31 de octubre están citados en Madrid para hablar del expediente de regulación de empleo (ERE), aunque la plantilla ya ha anunciado que rechaza esta medida y reclama la continuidad de la factoría. De hecho, solo se contentará con dos opciones: buscar un comprador o nacionalizar las plantas. En este sentido, el comité ha anunciado que «luchará» para evitar el cese de la actividad.

Desde el Gobierno central, que recientemente ha tenido que lidiar con el anuncio de cierre de la leonesa Vestas, esta noticia ha supuesto una sorpresa, según reconocieron ayer fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En un comunicado, el departamento que dirige Reyes Maroto calificó la decisión de «unilateral» y trasladó su preocupación por una medida que, según subrayó, Alcoa «nunca había informado de que podía adoptar una decisión en este sentido». También pidió a la empresa un proceso de negociación para la búsqueda de alternativas.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, consideró que los argumentos de la multinacional «no cuadran» y, como los sindicatos, puso el foco en la falta de inversiones de modernización como uno de los problemas con los que se ha encontrado la factoría asturiana.

Mientras, el Parlamento asturiano ya ha informado de que promoverá una declaración institucional contra el cierre y el Ayuntamiento de Avilés ha convocado un pleno extraordinario para exigir el mantenimiento de la actividad.

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