Alcoa rechaza en el ERE causas económicas y justifica el cierre por la vejez de la planta

Alcoa rechaza en el ERE causas económicas y justifica el cierre por la vejez de la planta
Los comercios y taxistas de Avilés han empapelado la ciudad con mensajes de apoyo a los trabajadores. / P. B.

El plan social para los despidos, que la plantilla no quiere entrar a negociar, solo ofrece indemnizaciones ajustadas a la legislación

NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN.

Alcoa está empeñada en cerrar las plantas de Avilés y La Coruña. De hecho, en la documentación que entregó el viernes al comité de empresa en un CD no alega causas económicas para su decisión, unos argumentos que podrían ser revertidos con ayudas, por ejemplo, para abaratar el coste de la electricidad. En cambio, se aferra a problemas estructurales de las factorías, que van desde la obsolescencia de las plantas y de los sistemas que emplean, a la sobrecapacidad actual del mercado global del aluminio, con el foco puesto en China, así como el elevado precio de la alúmina.

Sin embargo, estos argumentos son desmontados uno a uno por los representantes sindicales, que recuerdan, por ejemplo, que otras plantas de la compañía sufren esa sobrecapacidad global o el alto precio de las materias primas y no se cierran, incluso algunas que cuentan con la misma tecnología que las de Avilés y La Coruña, como una factoría gemela a las españolas en Noruega cuyo futuro no está en el aire. Así se lo expresaron ayer a los trabajadores durante las tres asambleas -una por turno- que se celebraron en la factoría de San Balandrán.

En ellas anunciaron a la plantilla la recepción de la documentación enviada por Alcoa y que está siendo estudiada por los departamentos económicos y jurídicos de los sindicatos, pero no se quiso entrar en detalles sobre el plan social que ofrece la multinacional para minimizar el impacto del cierre, porque «no se van a negociar despidos», coincidían los representantes del comité de empresa. No obstante, según fuentes sindicales, su propuesta pasa por las indemnizaciones que marca la legislación y no grandes sumas que pudieran suponer una golosa oferta que provocara una desbandada de trabajadores.

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De hecho, el plan social que recoge esa documentación no fue expuesto a los empleados y apenas se reclamó información sobre él. Con una media de edad que ronda la cuarentena, no los trabajadores no aspiran a prejubilaciones y apuestan firmemente por la continuidad de la planta, por lo que apoyan la decisión del comité de no abordar el asunto de las indemnizaciones, porque el único plan en que se trabaja «es la retirada del expediente de regulación de empleo y el mantenimiento de la actividad». Con esta premisa, los representantes de los empleados de Alcoa en Avilés se sentarán hoy a hablar con la empresa. La cita es a las 13 horas, en el hotel Tryp Alameda de Madrid, y a ella acudirán los asturianos, no así los de La Coruña, que ni siquiera se presentarán a la reunión.

Las estrategias de ambas factorías se ha ido separando a medida que avanza el conflicto. Aunque las dos mantienen el mismo objetivo, que sendas plantas continúen en activo, en Galicia se está empleando una actitud más radical. Mientras, en Asturias se apuesta por el cumplimiento estricto de la legalidad y la buena fe, frente a un proceder de la compañía que consideran que no se ajusta a la ley comunitaria y española. De hecho, además de la demanda interpuesta por el comité europeo ante la justicia holandesa -país en el que está registrado- por vulneración del derecho de información y consulta, los sindicatos asturianos denunciarán a Alcoa ante la Dirección General de Trabajo por su actuación.

La demanda se centrará en su negativa a negociar cualquier alternativa de continuidad y, entre otros aspectos, convocar el periodo de consultas antes de haber entregado la documentación necesaria. Los comités fueron citados el pasado miércoles a las 16 horas y no se presentó el expediente hasta las 23.17 horas. De hecho, con el día festivo de por medio, hasta el viernes la compañía no pudo completar los trámites requeridos.

Además, los dos comités reclaman que la negociación del ERE se realice por separado y se traslade a las comunidades autónomas, es decir, que sea en Asturias donde se aborde el futuro de la factoría de Avilés como una empresa independiente de la de La Coruña. No obstante, esto es una decisión que, desde la última reforma laboral, compete a la compañía y no a la Administración y sobre la que no tienen demasiada esperanza los trabajadores.

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