Batalla decisiva por el control de Dia

Decenas de trabajadores de Dia protestaron el miércoles frente al almacén de Llanera, que el grupo pretende cerrar. /  MARIO ROJAS
Decenas de trabajadores de Dia protestaron el miércoles frente al almacén de Llanera, que el grupo pretende cerrar. / MARIO ROJAS

La junta del miércoles inclinará el peso entre el consejo actual y los inversores rusos ante el riesgo de concurso

J. A. BRAVO MADRID.

El futuro de la tercera mayor cadena de supermercados del país, con presencia en otros mercados internacionales como Brasil, Argentina y Portugal -en Francia, Turquía y China tuvo que vender sus activos ante los malos resultados-, se dilucidará este miércoles. A priori, la junta general de accionistas debe arrojar un vencedor en la pugna que mantienen desde hace meses los administradores actuales, encabezados por el consejero delegado Borja de la Cierva, y el grupo de inversores rusos liderado por el magnate Mikhail Fridman, que conforman el primer accionista con el 29% del capital social.

Aunque puede que tampoco gane uno de ellos o, al menos, no en los términos que se vienen manejando. El orden del día de la junta solo prevé, en sus puntos 5 y 6, abordar las propuestas de reflotación de la compañía presentadas por ambos bandos, pero los accionistas minoritarios quieren promover una tercera vía que pase por el rechazo a las dos y abrir una solución intermedia. Para ello propondrán que la ampliación de capital que hay sobre la mesa -por valor de 600 millones de euros si triunfa el plan del consejo, y 500 si es la de LetterOne- se rebaje a 150 millones y se apruebe en una junta posterior, con carácter extraordinario.

Para compensar la importante deficiencia en la captación de fondos, proponen constituir una sociedad de inversión inmobiliaria (socimi) que gestione todos los activos del grupo, que valora entre 700 y 800 millones, a fin de poner a la venta algunos, arrendar otros y mantener el resto en uso propio. Coinciden con los inversores rusos en que no les gusta la 'operación acordeón' previa (reducir el valor nominal de la acción) que haría el consejo antes de su ampliación, pues calculan que haría perder casi el 90% del dinero invertido ya a quienes no acudieran a la oferta.

Pero a la Asociación de Accionistas Defensores de Dia (ADD) le faltan apoyos para sacar adelante su propuesta, sobre todo considerando que en las últimas juntas la participación ha rondado el 60%, de manera que el grupo de Fridman tendría a priori el triunfo casi asegurado -la banca de inversión Goldman Sachs, que afloró hace pocos días una participación real del 4,3%, colabora con ellos- salvo que hubiera una participación masiva.

El «reequilibrio», en juego

Es lo que parece pretender el consejo de administración, con un toque a rebato ante la posibilidad de entrar en concurso de acreedores que es, según ellos, lo que ocurriría de rechazarse su ampliación al «no garantizarse el reequilibrio patrimonial a tiempo». El grupo ruso, sin embargo, propone alternativas financieras y sostiene que tras la junta aún habría un plazo de dos meses e incluso entonces cabría pedir el preconcurso, menos severo. Dia declaró en las cuentas anuales de 2018 un patrimonio neto negativo de 166 millones de euros, tras sufrir unas pérdidas de 352,6 millones frente a los 101 millones de beneficio en 2017.

Alega que el plan de LetterOne de no acometer su ampliación hasta que triunfe la OPA -que podría no resolverse hasta mayo-, una vez confirme que logra su requisito mínimo de hacerse con otro 35% del capital, ya sería tardío. Los inversores rusos ofrecen como alternativa dar un préstamo participativo de entre 100 y 150 millones, que inyectarían como «liquidez» en la compañía si la propuesta del consejo es rechazada para sacarla de la quiebra técnica.

Su argumento es no aportar más dinero hasta hacerse con el control efectivo de la empresa, pues desconfía de una gestión que pese a algunos cambios -entre ellos, el del director financiero- ha llevado a «la destrucción masiva del valor de capitalización de la compañía». Por eso optó por una OPA voluntaria para ofrecer un precio a priori bajo de 67 céntimos por título, aunque mejora en un 12% su último cierre en una cotización que el año pasado se desplomó un 90%. La opción de un pacto de última hora parece improbable, aunque no desdeñable pues la banca acreedora -con créditos pendientes por 800 millones- parece preferir el plan del consejo.