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Javier Fernández y Alberto Núñez Feijóo atienden a los periodistas tras su reunión. ÁLEX PIÑA

Fernández y Feijóo alertan de más deslocalizaciones si no se abarata la factura eléctrica

Asturias y Galicia sellan una alianza en contra del cierre de las factorías de Alcoa y cargan contra la compañía por «el fondo y la forma» del anuncio

NOELIA A. ERAUSQUIN

GIJÓN.

Jueves, 1 de enero 1970

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El anuncio de Alcoa de cerrar sus plantas de Avilés y La Coruña ha añadido un nuevo punto al listado de intereses que comparten Asturias y Galicia. A pesar de su distinto color político, la buena sintonía que mantienen el presidente del Principado, Javier Fernández, y el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en aspectos como la finaciación autonómica y la lucha contra el despoblamiento se extendió ayer a su defensa férrea del empleo y la actividad en las factorías de la multinacional. Con el objetivo de revertir su decisión, ambos sellaron una alianza para coordinar esfuerzos y ejercer presión, un frente común como el que mantuvieron con el 'tax lease', el mecanismo de financiación del naval cuyo cuestionamiento amenazó la supervivencia del sector, ejemplificó Feijóo. Además, reclamaron reclamaron un marco regulatorio eléctrico que permita a las empresas disponer de energía a un precio estable y competitivo o, en caso contrario, alertaron de nuevos cierres.

«Tenemos por primera vez una deslocalización a las puertas», afirmó Fernández, quien también advirtió de que, sin cambios, puede haber «un riesgo de deslocalizaciones aún más peligroso que el de ahora». En el mismo sentido se manifestó Feijóo, que aseguró que «no queremos que dentro de dos meses hablemos de Alcoa San Cibrao o, en otros dos, de otra compañía que trabaje en Asturias». Por ello, pidió al Ejecutivo de Sánchez que, «en las próximas semanas», concrete cuál será el sistema para el año 2019 y siguientes.

En este contexto ambos presidientes se comprometieron a mantener una posición común y seguir una hoja de ruta basada en tres ejes: el trabajo conjunto de las administraciones, el contacto con los comités de empresa de las plantas afectadas y la reclamación de ese nuevo marco eléctrico. En este sentido, pidieron al Ejecutivo central su apoyo, porque «sin la complicidad del Gobierno no será posible una solución a la crisis de Alcoa», subrayó Feijóo. Además, le reclamaron que se abonen de forma inmediata los 150 millones de euros aprobados en los presupuestos para compensar las emisiones indirectas del CO2, una partida que permitiría aliviar los balances de las electrointensivas.

Piden un marco estable para la energía y creen que su ausencia ha sido la desencadenante

De momento, para el martes de la próxima semana está previsto un encuentro con la empresa en el Ministerio de Industria al que asistirá el director general de Industria, Manuel Monterrey, ya que Fernández tiene el debate de orientación política y el consejero Isaac Pola está en un viaje institucional. Además, Feijóo y el presidente del Principado se reunirán en dos semanas con las ministras Teresa Ribera y Reyes Maroto.

A pesar de los argumentos que dio Alcoa, que alegó «problemas intrínsecos» de las factorías relacionados con su tecnología y falta de productividad, ninguno de los dos presidentes puso en duda que su decisión viene determinada por el alto precio de la energía, que en España es entre un 30% y un 40% superior al de países del entorno, como Francia o Alemania. «Este es un problema eléctrico», zanjó Feijóo, que recordó que las quejas de Alcoa siempre se han centrado en este asunto -su factura eléctrica supone el 40% de sus costes-. «No sé si han cambiado la causa en 60 días», ironizó el gallego, mientras que el asturiano culpó a la propia empresa de esa falta de actualización de sus instalaciones a pesar de haber disfrutado de un precio de la energía más asequible. «Es verdad que la empresa ha disfrutado de esos precios y no ha invertido», reconoció Fernández.

Por otro lado, ambos dirigentes criticaron el proceder de Alcoa. El asturiano censuró «el fondo y la forma» con los que anunció su decisión de cierre y defendió que una cuestión de esta naturaleza habría que haber negociado. Feijóo, además, reveló que los gobiernos se enteraron por los medios de comunicación. «No es de recibo», se quejó.

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