El Ministerio y los líderes autonómicos piden responsabilidades a Alcoa

El comité de Alcoa centra la presión en el Gobierno para frenar los despidos
El comité de empresa de Avilés se concentró antes de la reunión con Alcoa para mostrar, una vez más, su rechazo al cierre. / IÑAKI MARTÍNEZ

Maroto se muestra «optimista» y confía en que «se mantenga la unidad productiva y el empleo» en las factorías de Avilés y La Coruña

LAURA CASTRO GIJÓN.

Todo está ahora en manos del Gobierno central. Esta fue la conclusión a la que llegó ayer el comité de empresa de Avilés que instó al Ministerio de Trabajo, dirigido por Magdalena Valerio, a frenar el ERE presentado por Alcoa. Los representantes de la plantilla avilesina aseguran que la multinacional del aluminio «incumplió» los plazos de información del despido colectivo al comité europeo y a los regionales y así lo hicieron constar a través de una alegación que presentaron en la Dirección General de Trabajo antes de la segunda reunión de negociación del ERE con los representantes de la empresa. Ahora es el turno, dicen desde el comité, de que actúe el Gobierno.

Algo que según confirmó ayer Reyes Maroto, ministra de Industria, ya está haciendo. Al término de una conferencia en la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, recordó que mañana se reunirá con los presidentes de Asturias y Galicia para «determinar una unidad de acción que permita pedir a la empresa responsabilidades». Maroto se mostró «optimista» y confía en que «se mantenga la productividad y el empleo» en ambas plantas. Recordó lo sucedido en 2014 y afirmó que, de no poder revertir la situación como sucedió entonces, continuarán «la búsqueda de un inversor».

Industria exigirá, con los dirigentes autonómicos, «responsabilidades» a la multinacional

La de ayer era la segunda reunión fijada por la multinacional para negociar con los representantes de los trabajadores el ERE en Madrid y, de nuevo, fue imposible iniciar el diálogo. «Apenas les dejamos hablar. Hay poco que decir si no retiran el ERE», afirmó José Manuel Gómez de la Uz (CC OO), presidente del comité de empresa avilesino. «Entendemos que han incumplido los plazos de información al comité europeo y a los regionales. Nos invitaron a reunirnos sin ni siquiera haber presentado aún la documentación en el ministerio y eso va contra la legislación», añadió Gómez de la Uz, quien lamentó que la empresa se negara a incluir en el acta la entrega de la alegación presentada por el comité avilesino. El de La Coruña, por su parte, también repitió jugada al no presentarse por segunda vez consecutiva a las reuniones convocadas por la multinacional del aluminio. Ambos comités se niegan a negociar y apremian al Gobierno central a frenar el ERE amparándose en su «ilegalidad». «Lo único sobre lo que dialogaremos será el plan de viabilidad para los dos factorías», remarcó Daniel Cuartas (UGT), vicepresidente del comité de Avilés. «Permitir que Alcoa cierre es dejar que la comarca se desindustrialice», añadió Sergio Sobrido (USO).

La multinacional mientras tanto se mantiene firme en su decisión de cerrar las dos factorías e insiste en la importancia de constituir una comisión representativa de los trabajadores para negociar el ERE. Recordaron que el plazo comenzó a expirar el pasado 31 de octubre y tiene una vigencia de treinta días laborables, pues «la falta de constitución de dicha comisión no impide el inicio y el transcurso del periodo de consultas», pero sí retrasa, remarcó la multinacional, el diálogo para «minimizar el impacto del proceso en curso».

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Gómez de la Uz aseguró que durante la breve reunión de ayer -no llegó a media hora- los representantes de Alcoa insistieron en «el mal estado» en el que se encuentran las plantas de La Coruña y Avilés. «En todo caso, si están obsoletas la responsabilidad es suya», reprochó el presidente del comité avilesino. Asimismo, la multinacional les trasladó que habían intentado vender ambas factorías antes sin éxito. ««Nos dijeron que los compradores que habían barajado no eran buenos para nosotros, es de risa», criticó.

Asimismo, el presidente del comité de Avilés le pide al Gobierno que aproveche la reunión de mañana entre las ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera y los presidentes autonómicos para «clarificar» cuáles están siendo los movimientos que están dando para evitar el despido colectivo de los 700 trabajadores. «Les pedimos que frenen el ERE antes de pensar en futuros inversores. Es la única alternativa que tenemos para garantizar la actividad de las dos plantas», incidió Gómez de la Uz, quien instó al Ejecutivo central a «decir la verdad. Queremos que nos concreten si hay opciones realistas o no» para solucionar el problema.

26 millones a Hacienda

Alcoa lleva desde 2010 peleando en los tribunales con la Agencia Tributaria, que comenzó reclamándole a la multinacional 240 millones de euros por una disparidad de criterios entre a la hora de deducir los intereses en España. Finalmente, la cifra disminuyó, según la propia empresa, hasta lo s 26 millones. Alcoa daba por perdida esta pelea, pero a raíz del anuncio de cierre de las dos plantas en La Coruña y Avilés el conflicto con el Fisco ha vuelto a salir a la luz.

Esta es, de hecho, una de las bazas con las que el Ejecutivo central pretende presionar a la multinacional para que retire el ERE y mantenga la actividad en ambas factorías. Otra de ellas es la subasta de interrumpibilidad que se celebrará próximamente y a la que acudirá Alcoa para garantizar el suministro en San Ciprián, la única factoría que la multinacional quiere mantener.

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