La construcción achaca a las prestaciones sociales su falta de personal y pide poder traer extranjeros

La escasez de mano de obra cualificada es uno de los males que aquejan al sector de la construcción, que en el último año ha experimentado una notable mejoría, situándose en cifras prepandemia. Así lo corroboró ayer Joel García, presidente de la patronal CAC-Asprocon, durante su intervención en la asamblea anual. Y la solución a este problema pasa por reducir unas «prestaciones sociales desmesuradas, que desincentivan no solo las ganas de trabajar, sino, lo que es peor, las ganas de formarse para encontrar empleo», afirmó García. «Si los parados no están en disposición de trabajar, al menos permítannos ablandar la ley de emigración para poder traer extranjeros», añadió.

También hubo críticas a la Administración y a la burocracia que frena la inversión. «Somos esclavos de un sistema que nos pone en jaque a todas al empresas de la construcción cada día, con unas leyes que asfixian al administrado, generan inseguridad jurídica, espantan a los inversores y frustran hasta a los más fuertes», afirmó Joel García, que sacó las cifras a relucir -78 millones consignados en el presupuesto de 2022- para reprochar al Principado, presente en la figura del consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, «una inversión ligeramente inferior a la de otros años». También exigió, no solo aumentar la inversión, sino también la ejecución presupuestaria, que pidió que llegue por lo menos al 90% en 2022.

Además, reclamó una gestión rigurosa de la sanidad y la educación, que absorben la mayor inversión de las cuentas públicas y recomendó, con sorna, a sus asociados que «pongan a sus empresas la terminación de construcción sanitaria o educativa y así el rigor y el control del gasto desaparecerán».

La Administración central también tuvo lo suyo. En este caso, la diana fue la Ley de Contratos del Estado que «oprime la inversión generada por los impuestos que pagamos». García pidió al consejero que haga llegar al Gobierno su petición de reforma de esta ley, que «está hecha para no contratar, que ha hecho llegar a la extenuación los procesos de contratación, generando que la Administración recurra a empresas públicas para hacer lo que nosotros llevamos esperando todo el año».

Pese a todo lo malo, el presidente de los constructores también mencionó lo bueno. Y lo más notable fue el positivo crecimiento del sector, que este año creó 900 puestos de trabajo, alcanzó los 10.400 sujetos a convenio y un total de 26.000, incluyendo a los autónomos. Y confió en que esta buena tendencia de empleo se alargue las próximas dos décadas. En cuanto a construcción los incrementos se repartieron en un aumento del 28% en rehabilitación, un 12% en vivienda en planta y un 46% en vivienda unifamiliar.

Alejandro Calvo, que cerró el acto, recogió el guante y explicó que un objetivo de las políticas del Gobierno es la defensa del estado de bienestar y que las prioridades de gasto estaban reorientadas por los costes de la crisis sanitaria. Si bien, se comprometió a llegar al 90% de ejecución reclamada y aceptó las críticas sobre la excesiva burocracia, señalando que la solución estaba en la digitalización de todos los procesos, algo en lo que también se tienen que implicar las empresas, a las que animó a «trabajar juntos ante proyectos como la alta velocidad, la ZALIA y otros, para que sean una herramienta de crecimiento económico de toda Asturias».