Asturias, entre las regiones con los planes de empleo más eficaces

Asturias, entre las regiones con los planes de empleo más eficaces

La autoridad fiscal denuncia su bajo rendimiento y la ausencia de trazabilidad, pero cree que Asturias tiene los planes más eficaces

J. A. BRAVOGIJÓN.

Uno de cada cinco parados lleva más de cuatro años buscando un puesto de trabajo sin éxito, mientras que uno de cada tres desempleados registrados en los servicios públicos no recibe ninguna prestación del Estado (pese a trabajar antes), uno de cada dos en el caso de Asturias. Bajo esta realidad el reparto del presupuesto para las llamadas políticas activas de empleo cobra una importancia clave.

Pese a ello, la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) denunció ayer que «no se puede saber exactamente cuánto nos gastamos» en ellas. Sí hace, no obstante, un cálculo estimativo con datos de 2017 (el último ejercicio con una ejecución presupuestaria definitiva) para apuntar una horquilla anual de entre 6.100 y 6.500 millones de euros «cuestionables».

Aunque el grueso de la dotación corresponde al Estado -2.126 millones en los Presupuestos de 2018, prorrogados para este año-, hay que sumar los fondos aportados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En un informe muy crítico con la gestión de estos recursos y la «insuficiencia» de los datos suministrados por las administraciones implicadas, el órgano fiscalizador que preside José Luis Escrivá considera «básica la dimensión local en las buenas prácticas internacionales» -de las que España, censura, está «alejada» en la contabilización de los recursos para el empleo- y propone «una estrategia que involucre más a esos agentes».

Reclama más fondos para orientadores y formación y menos para incentivar contratos

No obstante, y pese a la «calidad mejorable» de la información -se advierte en el informe-, los responsables de la AIReF ven más un problema de «asignación ineficaz de los recursos» en las actuaciones financiadas que un posible descontrol del gasto. Aunque esto último -admiten- puede deberse a que «no ha sido posible la evaluación completa» de esas políticas activas a nivel autonómico, tan solo en parte en Aragón y en el extinto plan estatal denominado Programa de Recualificación Profesional (Prepara), del que señala que en realidad «no ha mejorado la probabilidad de incorporarse al mercado laboral» de sus participantes (850.000 beneficiarios en seis años), «fundamentalmente» durante los seis meses que dura el cobro de dicha prestación.

De esta manera, a juicio de la autoridad fiscal estaríamos ante un subsidio más -al que se destinaron 1.432 millones entre 2012 y 2017- y no serviría para el objetivo para el que fue creado el Prepara -sustituido luego por el Programa de Activación para el Empleo (PAE)-, esto es, impulsar la recolocación de los parados de larga duración. Por todo ello, desde la AIReF se aconseja ligar los incentivos económicos en materia de empleo directamente a la consecución de objetivos.

«Gastar mejor» y coordinarse

«El objetivo es gastar mejor», subraya en su estudio, donde reclama a las autoridades políticas que se identifique «qué programas, servicios e itinerarios son más eficaces», además de solicitar una «adecuada coordinación» entre la administración central y las territoriales, sobre todo con las autonomías, donde constata un gasto muy variable, tanto en términos del presupuesto original como en las obligaciones reconocidas. Pese al suspenso que da la AIReF, Asturias no sale tan mal parada. Se sitúa a la cabeza de las regiones en mayor eficacia de sus planes de empleo, junto a Aragón y Cataluña.

El informe revela que, en 2017, el Principado destinó algo más de diez millones de euros a las oficinas de empleo. Además, gastó 57,53 euros por cada demandante de empleo, lo que la sitúa como la tercera comunidad con un desembolso mayor, tras País Vasco (97,62 euros) y Galicia (59,15), mientras que el gasto por usuario de los servicios de empleo fue de 100 euros, el cuarto mayor, tras País Vasco (466 euros), Galicia (119 euros) y Castilla y León (105 euros).

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Por otro lado, Asturias se sitúa como la tercera región con la menor ratio de parados por empleado de las oficinas, 710; la quinta si se comparan los usuarios (407) por cada trabajador de estos centros y la cuarta de desempleados por oficina, 7.182.

Asimismo, el análisis subraya que el Principado tiene un porcentaje de población parada mayor de 35 años del 64%, casi un 4% superior a la media de las quince comunidades, lo que supone que sea un colectivo más difíciles de insertar.

Para paliar los problemas de las políticas activas de empleo, la AIReF propone, además, que se recurra más a la colaboración público-privada y se pague a estas empresas según las reinserciones laborales que logren, al tiempo que se dan incentivos a los trabajadores de las oficinas públicas de empleo por resultados.

Critica también el órgano fiscalizador la distribución que se hace de los fondos de esas políticas activas de empleo, aunque en términos de PIB se gaste un montante similar al de otros países. Ve excesivo que se destine el 40% a incentivar la contratación -el doble que en otras economías de la UE, como Alemania- en vez de elevar la financiación a los orientadores profesionales (reciben el 15% de los recursos), pues considera que estos pueden dar una ayuda personalizada y más eficaz a los parados como se hace en buena parte de la Europa comunitaria.

Otra cuarta parte se destina a la formación, un sistema que ve «cuestionable» tras detectar una «escasa vinculación» entre los cursos recibidos y las necesidades del mercado laboral. Por eso pide que se definan nuevos perfiles en función de lo que demanden las empresas. Y reprocha, además, que «la trazabilidad del gasto es insuficiente para poder conocer los flujos de principio a fin», presentando «claras deficiencias» y considerando también que «los criterios contables» necesarios para ello tampoco «están normalizados».