Feijóo pide al Gobierno «responsabilidad» en su política industrial y energética

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, fue ayer más beligerante con el Gobierno de Pedro Sánchez de lo que lo había sido el día anterior, cuando compareció junto a su homólogo asturiano, Javier Fernández, para anunciar un frente común contra el cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña. Ya sin la compañía del socialista, momentos antes de ser nombrado cofrade de honor del Desarme en Oviedo, reclamó «responsabilidad» a la Administración central a la hora de hacer anuncios relacionados con la política industrial y energética y citó como ejemplos los efectos negativos que han tenido declaraciones sobre la subida del diésel, el cierre de las minas de carbón o en relación a la inversión en renovables, generando un déficit tarifario, cuestiones que «preocupan a todas las empresas electrointensivas». En este sentido, abogó por «sosegar el debate» y no adoptar ninguna decisión que luego pueda tener graves consecuencias en la economía.

El presidente gallego reclamó también la complicidad del Gobierno central para evitar los cierres e insistió en la necesidad de que se articule un marco regulatorio del precio de la energía para las industrias electrointensivas en 2019 y para los años siguientes que permita revertir la situación.

De hecho, en su opinión, cualquier solución pasa por contar con un nuevo mecanismo, incluso la posibilidad de encontrar un comprador para las instalaciones. «No es fácil vender las cosas, tampoco en las condiciones en las que a los trabajadores les interesa, y resultaría muy difícil cuando la clave para su funcionamiento es el precio de la energía. No hay nadie que compre una factoría sin que sepa el precio de la energía que va a consumir», explicó Feijóo, que volvió a recordar que en el caso de la multinacional americana esa partida supone el 40% de sus costes. Otra cosa mantendría a Alcoa «en una situación muy débil», advirtió.

En este contexto, abogó por trabajar junto al Gobierno asturiano para que la Administración central fije un nuevo marco regulatorio claro sobre el precio de la energía y que Alcoa pueda reconsiderar su decisión. «Cualquier cosa que no sea concretar el precio de la energía es posponer el problema», defendió.

El viernes, junto a Fernández, marcó una hoja de ruta para ese frente común basada en tres puntos: la colaboración estrecha con el Gobierno asturiano, el contacto constante con los comités de empresa de las factorías y esa labor de presión sobre el Ejecutivo de Sánchez para que dote al sistema de precios estables y competitivos. El martes representantes de las tres administraciones se reunirán en Madrid y la semana siguiente serán los dos presidentes autonómicos los que mantengan un encuentro con las ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera.