El Gobierno condicionará las ayudas al CO2 de Alcoa al mantenimiento del empleo

Marcha de los trabajadores de Alcoa desde Avilés hasta Oviedo el pasado sábado./TAREK HALABI
Marcha de los trabajadores de Alcoa desde Avilés hasta Oviedo el pasado sábado. / TAREK HALABI

La presión laboral, estatal y social se multiplica esta semana para impedir el cierre de las plantas

NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN.

Alcoa se enfrenta a una semana clave. En realidad serán tres días que comienzan hoy mismo, justo antes del puente del 1 de noviembre, y que pueden marcar un antes y un después para las plantas que la multinacional americana quiere cerrar en Avilés y La Coruña. La presión de los trabajadores y de la sociedad va incrementándose a medida que pasan los días, pero también la de la Administración, tanto central, como regional y local. El objetivo es que Alcoa no llegue a presentar el expediente de regulación de empleo (ERE) el miércoles, cuando ha emplazado a los sindicatos para iniciar la negociación de los despidos. El comité europeo intentará detenerlo recurriendo a la justicia, si la empresa no da marcha atrás la denunciará por vulneración de los derechos de información y consulta y, desde el ámbito estatal, se busca también forzar a la multinacional a que revierta su decisión. Una de las opciones que planteará el Ejecutivo es condicionar las ayudas a las emisiones indirectas del CO2, de las que Alcoa podría ser una gran beneficiada en sus instalaciones lucenses, al mantenimiento del empleo en Avilés y La Coruña.

Las ministras de Industria, Reyes Maroto, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunirán esta semana con los presidentes del Principado y de la Xunta, Javier Fernández y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente. Las tres administraciones, a pesar de ciertos matices provenientes de su diferente sensibilidad política, se han mostrado alineadas en su rechazo a la decisión de Alcoa y han considerado injustificable su modo de proceder, tanto por el anuncio de cierre por cómo se produjo, tomando por sorpresa a los responsables políticos.

En el encuentro del miércoles se analizarán las gestiones realizadas hasta ahora y también las posibilidades que existen de revertir la situación. Las administraciones trabajan en dos alternativas: convencer a Alcoa del mantenimiento de la actividad o forzarla a vender las factorías afectadas. En ambos casos es necesario ganar tiempo, ya que un cierre precipitado daría al traste con cualquier estrategia. Y ahí es donde entran los diferentes elementos de presión que baraja el Gobierno y, sobre todo, los 150 millones de euros presupuestados para las ayudas indirectas al CO2.

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Este mecanismo contempla una compensación para la industria electrointensiva por los costes indirectos de las emisiones de gases de efecto invernadero que las eléctricas repercuten en la factura de la luz, unas subvenciones creadas en 2014 y que, en los últimos presupuestos, se introdujeron en el marco de la negociación entre el PP y Foro Asturias, ya que la industria electrointensiva del Principado podría ser la principal beneficiaria y llegar a hacerse, incluso, con dos tercios de ellos. Sin embargo, con el cambio de gobierno estas ayudas, permitidas por Bruselas, quedaron en un limbo y sin ejecutar, algo que podría cambiar ahora. La semana pasada Maroto aseguró que se está agilizando la orden para que las empresas puedan recibirlas, pero el Ejecutivo prevé introducir condiciones para que Alcoa no pueda cobrarlas mientras cierra sus plantas de Avilés y La Coruña.

De hecho, la multinacional americana ha sido muy cuestionada tras conocerse que recibió en la última década 1.000 millones de euros del Estado para aliviar su factura eléctrica, una cantidad que, no obstante, no se puede considerar subvención, ya que una parte se incluyó en el contrato por el que se privatizó la corporación Inespal en 1998 y otra, 500 millones, pertenecen a las subastas de interrumpibilidad de los últimos cuatro años, que aunque ayudan a las compañías a reducir sus costes, en teoría se trata de un servicio que ofrecen las plantas para desconectarse de la red si el sistema lo requiere, algo que sucede en muy contadas ocasiones.

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